Comparecencia esperada y sorprendente a primera hora de esta tarde en el Parlamento en el marco de la Comisión de Investigación sobre las infiltraciones policiales. El compareciente era el jefe de la poderosa Comisaría General de Información de los Mossos d’Esquadra, el intendente Carles Hernández, que ha llegado a la sala cuatro de la cámara catalana, -conocida como el comedor del Conde Drácula- acompañado de la flor y nata de la Prefectura, con el nuevo director general de la Policía, Ferran López, la comisaria en jefe del Cuerpo, Sílvia Catà, su antecesor, Miquel Esquius, y Mari Pau Martí, veterana de los servicios jurídicos del departamento de Interior.
Hernández estaba citado para explicar cómo funcionan las infiltraciones policiales y sobre el uso de software espía. Ha recordado que no podía responder a las peticiones de información sobre cómo trabajan los demás cuerpos policiales. Sin embargo, el intendente ha defendido la labor de la Comisaría General de Información de los Mossos, que ha definido como un «instrumento» para poder garantizar los derechos y no para recortarlos. Asimismo, ha desautorizado a la consejera Núria Parlon y al exdirector general de la Policía, Josep Lluís Trapero, justificando la presencia de mossos d’esquadra en la asamblea de docentes, en plena movilización del colectivo, que abrió una crisis política de primer nivel. «No pido perdón porque lo que han hecho mis agentes es lo que les otorgan leyes como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Constitución y el Estatuto», ha sentenciado, contradiciendo a Parlon, quien sí pidió disculpas en la comisión de Interior. «No dimitiré», ha remarcado, aunque poniéndose a disposición de la comisaria en jefe.
El expediente de información reservada a las agentes, cerrado
Por otro lado, el intendente ha adelantado que la información reservada -la investigación interna- que se abrió a las dos agentes ha sido archivada. «No se vulneró ningún derecho», ha razonado para justificar la operación para garantizar la seguridad y el orden en las futuras movilizaciones. «No es una infiltración ni una operación encubierta, es una tarea de la policía gubernativa», ha replicado. «No he desautorizado a nadie, no valoro las opiniones», ha dejado caer cuando los portavoces han hecho notar que contrastaba su opinión con la de la consejera y el exdirector general de la Policía, Josep Lluís Trapero. «Las agentes no mintieron para entrar, sí que lo tuvieron que hacer para salir de la asamblea, para garantizar su propia seguridad», ha subrayado para justificar que se hicieran pasar por docentes.
Los diputados «en shock»
De hecho, su declaración ha dejado en «estado de shock» –tal como lo han descrito ellos mismos– a los portavoces Francesc de Dalmases (Junts), Laia Cañigueral (ERC), Andrés García Berrio (Comuns) y Xavi Pellicer (CUP). De hecho, el diputado de la CUP ha pedido el cese de manera fulminante del jefe de la comisaría general de Información, tras la «sinceridad expresada» por el intendente y ha solicitado una auditoría interna de la comisaría para conocer sus protocolos, la manera de trabajar y las fórmulas de obtención de la información.
Hernández, fiel a su estilo, se ha mantenido en la defensa de la operación y de las agentes, aunque admitiendo que pudo haber estado «mal planificada y ejecutada», pero ha insistido en que respondía a las funciones de prevención que, como policía gubernativa, tienen los Mossos. En este sentido, ha informado que la información reservada abierta a las agentes ha sido archivada, y así se notificó ayer, porque «no hubo vulneración del ordenamiento jurídico y, por tanto, no hay indicios para deducir responsabilidades disciplinarias y penales, a pesar de ello, se encomienda una medida de control superior que ya se hizo de iniciativa propia».
