Dos veces. Estas son las veces que la consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha tenido que pedir disculpas públicas y formales en un mes. Un dato que constata la continuidad de crisis que está viviendo el departamento que comanda junto con Josep Lluís Trapero, dos veces jefe del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, con rango de mayor, y que ahora se ha reconvertido en político, ungido por el mismo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que anunció a bombo y platillo su futuro destino en el debate electoral de los comicios que lo llevaron al Palau de la Generalitat en el año 2024. Este miércoles Parlon ha ligado su futuro al de Trapero dejando claro que no lo cesará hasta que el presidente Illa la cese a ella.
Desde que el binomio Parlon y Trapero tomaron las riendas del departamento, la crisis reputacional del cuerpo y de la seguridad pública de Cataluña se ha resentido. Hasta el punto de que una infiltración poco hábil de los Mossos d’Esquadra de la poderosa Comisaría General de Información en una inofensiva asamblea de maestros y profesores descubierta la semana pasada ha hecho estallar un escándalo social y político de primer orden. Solo hace falta ver cómo los portavoces de Junts, ERC, Comuns y CUP han pedido cesar a Trapero de la dirección general con una contundencia poco habitual en la política catalana. Incluso, cabe destacar que Vox, la formación ultraespañolista que por defecto siempre protege a los uniformados, ha criticado la ocurrencia de enviar Mossos a espiar docentes cuando los policías deben estar en «la calle y en los barrios».
Un cúmulo de crisis
El caso Forcades, el caso del activista de la ANC acusado de varios delitos con atestados falsificados de los Mossos de una inexistente agresión en la protesta de Montserrat; la paralización del despliegue de los Mossos en tareas clave como puertos y aeropuertos; el incremento de la actividad del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil en Cataluña, a pesar de que la policía de la Generalitat es la policía integral; la polémica por el uso del gas pimienta en las actuaciones de dispersión de las manifestaciones; la rebelión con gran parte de los letrados de la Generalitat por el nuevo decreto de estructura que se encuentra en manos de los Tribunales; la iniciativa de meter policías dentro de los centros educativos; el plan Kanpai contra las armas blancas que ha resucitado el teniente de Trapero, el intendente Toni Rodríguez, que ha supuesto el colapso de los servicios administrativos de Interior; la aplicación de la ley mordaza de manera general y generosa a las protestas de los campesinos, independentistas, activistas por la paz en Palestina, huelguistas o defensores de la vivienda; la sospecha del uso de Pegasus de manera descontrolada; el abandono de los Mossos acusados de proteger a Carles Puigdemont en su retorno fugaz el 8 de agosto de 2024, o el fiasco de la oficina para atender Víctimas de Terrorismo, que aún ni se ha puesto en marcha seis meses después del anuncio de su creación.
Estos son algunos de los hechos que han levantado la oposición política, los movimientos sociales y colectivos que, hasta ahora, no habían chocado con la policía. Ahora, sin embargo, la crisis ha comenzado a hacer daño. Miembros de la Comisaría General de Información no ocultan su malestar porque «los han vendido». Además, el hecho de que Trapero haya culpado a «sargentos o subinspectores» de una «maniobra operativa poco acertada, innecesaria e ingenua», ha terminado de crispar los ánimos entre la tropa. Sectores sociales, normalmente al margen de la batalla diaria de las políticas de seguridad, han mostrado públicamente su incomprensión a medidas como meter mossos en los institutos. Tampoco ha escatimado la crítica el exjefe del cuerpo, el comisario Eduard Sallent, ahora en la actividad privada, que a través de su cuenta de X cargó contra la decisión de enviar mossos a espiar asambleas de docentes. Sallent tampoco ha ocultado su renuencia por las políticas «poco innovadoras» de Trapero y Parlon y por la paralización del despliegue y expansión del cuerpo en ámbitos de la seguridad pública que hasta ahora solo tenía la Guardia Civil y el CNP.
Trapero, en el ojo del huracán
La enésima crisis abierta en Interior por haber cazado a dos agentes de la Comisaría General de Información de los Mossos en una asamblea sindical de docentes ha terminado de colmar el vaso. Todo en un marco de protestas continuadas y exitosas de los docentes en una batalla abierta con el departamento que dirige Ester Niubó. El escándalo ha provocado que este miércoles, Parlon y Trapero hayan tenido que comparecer para dar explicaciones por la vía de urgencia en la Comisión de Interior del Parlamento. No ha sido una sesión cómoda. Al contrario. Parlon ha tenido que pedir «disculpas» por una «maniobra operativa poco acertada». A Trapero le han tenido que especificar que también debía pedir disculpas. Finalmente, lo ha hecho como si le arrancaran un diente a petición de la portavoz republicana, Laia Cañigueral, cuando le ha reprochado que la consejera lo había hecho, pero el director general, no.
Precisamente, la contundencia con la que se ha expresado Cañigueral proviene de la afirmación de Oriol Junqueras, que el sábado exigía a Illa la cabeza de Trapero. No se debe olvidar que Junqueras no ha disimulado nunca la poca gracia que le hace que Trapero sea el director general de la Policía. De hecho, considera que su testimonio en el juicio del Proceso en el Tribunal Supremo sirvió de argumento a Manuel Marchena para justificar la condena de 13 años de prisión. Al fin y al cabo, es uno de los reproches que hizo al pacto de Marta Rovira con los socialistas. Pero a las peticiones de dimisión se ha sumado, otro de los socios parlamentarios de los socialistas, los Comuns. Junts también lo ha pedido pero quien se ha mostrado más beligerante y rotundo ha sido el portavoz de la CUP, Xavier Pallicer, que desde que se incorporó a la cámara parlamentaria no ha dejado escapar la ocasión de advertir de la deriva que estaba tomando el cuerpo de Mossos d’Esquadra.
Dos disculpas y una causa judicial
Si este miércoles Parlon ha pedido disculpas, cabe enfatizar que no ha sido la primera vez. El pasado 9 de abril se vio obligada a pedirlas personalmente a Albert Forcades, el activista de la ANC acusado falsamente de agredir a un cabo de la Brimo durante las protestas del 23 de junio en Montserrat por la visita de los Borbones. Trapero y Parlon criminalizaron dos veces en el Parlamento a Forcades. La segunda vez cuando el juez ya había archivado el caso. El abogado de Forcades, Jaume Alonso-Cuevillas, presentó una querella por injurias y justo veinte días antes de la vista de conciliación lo citó en su despacho donde le pidió perdón. Finalmente, la querella se archivó.
Pero, precisamente, este miércoles la Audiencia de Barcelona ha obligado a admitir la querella interpuesta por el uso de gas pimienta por parte de los Mossos interpuesta por los manifestantes que el pasado 15 de octubre protestaban por el ataque de Israel al pueblo palestino. Un hecho que Parlon y Trapero normalizaron y menospreciaron. Ahora, sin embargo, los magistrados de la sección 21 convienen que «hay indicios de que los querellantes sufrieron lesiones como consecuencia de la actuación policial y, a priori, esta podría entenderse desproporcionada a la vista del carácter pacífico de la protesta que hacía innecesario o lesivo el método empleado para acabar con ella y dispersar a los manifestantes”.
Modos de hacer
Los modos de hacer del departamento se pudieron constatar desde el inicio de su gestión. Por ejemplo, una carta dirigida a la ANC en respuesta a la queja del uso de gas pimienta durante las protestas en la investidura del presidente Illa contra los activistas de la ANC. Trapero les remitió una misiva asegurando que era necesario usar el spray porque “acciones violentas” de los manifestantes comprometieron la integridad de la línea policial. La carta ya advertía cómo sería el talante de su gestión que llegó incluso a situaciones sorprendentes como el pasado mes de febrero Parlon perdió los papeles y le tuvieron que llamar al orden. Una situación inédita en el Parlamento.
De hecho, este mismo miércoles, Trapero también ha menospreciado las denuncias en el juzgado contra el descubrimiento de las dos agentes en una asamblea de docentes asegurando que no tendrían recorrido. De hecho, no es el único problema judicial que afronta. El decreto de estructura que aprobó le ha abierto una guerra con los letrados del gabinete jurídico de Interior que lo han llevado al Contencioso Administrativo. En cambio, sí que ha perseguido a los tres mossos acusados de proteger a Puigdemont durante su retorno, con expedientes internos. Un caso que se ha archivado después de casi dos años de instrucción pero con un archivo que ha sido recurrido por Vox y el ministerio fiscal.
Todo el grueso de las polémicas ha terminado de estallar las tres últimas semanas y en relación con la crisis que el Gobierno mantiene con el sector educativo. En primer término, por la iniciativa de meter mossos en los institutos, una medida que ha levantado sindicatos y ha elevado un clamor de queja desde el mundo mediático, social, cultural y educativo. Si ya estaba bastante irritado el ambiente con los docentes solo faltaba que una asamblea de docentes sorprendiera a dos agentes de la comisaría general de Información espiándolos. La noticia ha supuesto un escándalo mayúsculo que parece haber colmado la paciencia política no solo de la oposición sino de los socios parlamentarios de Illa.
