La «percepción de seguridad» es un concepto que se ha puesto políticamente y mediáticamente de moda. Una idea que ha movilizado las políticas de Seguridad Pública con planes específicos dirigidos desde la consejería de Interior, en manos de Núria Parlon, y de su mano derecha, el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero. El mensaje de que hay constantes incidentes con armas de fuego y armas blancas por toda Cataluña choca con los números del mismo Departamento de Interior. Lo constata la estadística sobre los decomisos de armas de fuego firmada el pasado 24 de abril.

Según el informe presentado por Parlon en el Parlamento a petición del PP, durante el año 2025 los Mossos confiscaron 843 armas de fuego. Una cifra ligeramente inferior a las 851 que se requisaron durante el año 2020. Una cifra que sorprende, porque fue el año de la pandemia del coronavirus y el consecuente confinamiento supuso una caída en picado de la actividad delictiva. De hecho, en abril de 2020, el departamento, entonces comandado por Miquel Buch, contabilizaba que los hechos delictivos diarios en Cataluña habían bajado un 75%. Una reducción histórica de lo que la policía llama «hechos delictivos».

Una parte de la respuesta parlamentaria y los informes presentados sobre el decomiso de armas por parte de los Mossos/QS
Una parte de la respuesta parlamentaria y los informes presentados sobre el decomiso de armas por parte de los Mossos/QS

Una estadística dopada

La estadística de la dirección general de la Policía que ha entregado la consejera a la cámara, y a la cual ha tenido acceso El Món, especifica que en el balance también se cuentan las armas simuladas de fuego y las detonadoras, es decir, de fogueo. En cuanto al número de armas blancas intervenidas, las cifras de 2025 son notoriamente más elevadas que el historial estadístico de los últimos cinco años. Ahora bien, la misma consejera da una explicación basada en el principio universal de si buscas, encuentras.

Así, Parlon subraya que son datos «notablemente afectados por el Plan Estratégico Espacio Público Libre de Armas (EPLA, en su acrónimo policial). Es decir, el plan de control «preventivo» en varias zonas de Cataluña que se acompaña también con el plan Kampai, que nace del plan Daga, impulsado por la anterior jefatura de los Mossos, que la misma consejera destaca que «ha generado un aumento significativo de las identificaciones, intervenciones de armas y de las infracciones administrativas relacionadas con estas armas.

Una navaja intervenida por los Mossos d’Esquadra que se considera un arma blanca/Mossos

Por años

En cuanto a las armas de fuego, en el año 2020 se decomisaron 851; en 2021 la cifra bajó a 809. En 2022 volvió a reducirse a 793; en 2023 la cantidad remontó visiblemente, con 922. En 2024, fueron un total de 774. Y en 2025 se cerró con 843 armas de fuego comisadas. En cuanto al tipo de armas, en el año 2025 fueron 330 armas cortas y 501 largas, así como 12 «sin especificar».

El número de armas cortas y largas se ha mantenido bastante estable en los últimos cinco años. En cambio, las armas detonadoras y simuladas sí que prácticamente han caído de las estadísticas. En resumen, las armas detonadoras que fueron intervenidas en 2020 fueron 145 y en el año 2021, 65. A partir de estos años nunca superan las cinco unidades. De hecho, en 2025 no hubo ninguna y en 2024, 4 unidades.

Sobre las armas blancas, la estadística es contundente y concluyente con la ofensiva del Departamento de Interior contra estos elementos. En el año 2020, los Mossos d’Esquadra intervinieron 3.052; en 2021, 3.416; en 2022, la cifra se elevó a 3.603; en 2023 fue de 3.665; en 2024 se incrementó a 3.756 y este 2025, en pleno operativo especial, se confiscaron 5.138 armas blancas. En cinco años, la policía ha comisado 22.630.

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