El exjefe del cuerpo de los Mossos d’Esquadra, el comisario Eduard Sallent, reprochó en una entrevista a El Món que la actual Prefectura del cuerpo y su dirección «recuperaba formas no muy innovadoras». Una afirmación que comparten un buen número de los abogados de la Generalitat, unidos en el Fòrum de l’Advocacia Catalana, que ya han formalizado ante la sección quinta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) una demanda contra la reestructuración de la Dirección General de la Policía con la que el actual responsable, Josep Lluís Trapero, intenta recuperar para el Departamento de Interior el control del sistema de defensa legal de los Mossos d’Esquadra, que reformó la administración de Pere Aragonès, y crear uno a medida y de absoluta confianza de la actual comandancia policial.
En resumen, el decreto contempla retirar la defensa jurídica de los Mossos del Gabinete Jurídico de la Generalitat y ponerla bajo el mando de la Dirección General de la Policía. Además, recupera la figura del abogado habilitado, como figura estable. Lo que los demandantes califican como el «vicio material más intenso de toda la reforma». Una fórmula que, para los abogados de la Generalitat, es el camino para crear un cuerpo específico de lealtad férrea al director general. El anuncio del recurso contra el Decreto 213/2025 de 7 de octubre llegó al TSJC el 1 de diciembre de 2025, con una solicitud de suspensión de su aplicación, como medida cautelar. El tribunal desestimó la medida cautelar, pero admitió a trámite el recurso y el pasado 9 de marzo dieron plazo a los abogados de la Generalitat para presentar la demanda, que se registró la semana pasada.
El escrito, de 31 páginas y al cual ha tenido acceso El Món, pide dejar sin efecto el decreto impugnado porque consideran que, sencillamente, es contra legem, es decir, contra la ley. Sostienen, además, que se han vulnerado los trámites legales para elaborarlo. De hecho, es una enmienda a la totalidad donde se constata que quienes lo firman son letrados acostumbrados a litigar en el ámbito de la administración y la función pública. Por otro lado, el sindicato de los Mossos Ailmed Sindicat también espera plazo para formalizar su demanda porque su anuncio de recurso se ha acumulado al del Fòrum de l’Advocacia. La demanda es la plasmación en blanco y negro del malestar de sectores de la administración con las formas del actual Departamento de Interior y Seguridad Pública. Los abogados han solicitado los testimonios de los dos anteriores directores del Gabinete Jurídico de la Generalitat, Francesc Esteve y Sílvia Grau.
«Una auténtica inversión de la técnica jurídica»
La demanda argumenta que el decreto convierte una medida de extrema excepcionalidad en un sistema normalizado. Definen el decreto como una «auténtica inversión de la técnica jurídica: aquello que debía ser residual se convierte en central; lo que debía ser temporal se convierte en permanente; y lo que debía estar subordinado al Gabinete Jurídico pasa a integrarse bajo el mando ordinario de la Dirección General de la Policía». Para los letrados, el decreto recurrido «utiliza de manera desviada la técnica excepcional de habilitación para construir una estructura estable y paralela de servicios jurídicos policiales».
Este sistema, según el Fòrum de l’Advocacia Catalana, «desnaturaliza el sentido de la Ley 7/1996, de organización de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalitat de Cataluña». Asimismo, entienden que contradice «frontalmente el régimen de subsidiariedad, delimitación funcional estricta y revocabilidad permanente» de la institución. Además, añaden que prescinde del «procedimiento normativo que la Ley 26/2010 impone para las disposiciones reglamentarias de contenido material innovador».
En síntesis, entienden que se produce una «convergencia de infracciones» de la cual resulta una «vulneración simultánea del marco legal sustantivo, de su despliegue reglamentario ejecutivo y de las garantías procedimentales esenciales, determinando la nulidad de pleno derecho del Decreto impugnado». Una buena parte de la demanda se resume en el hecho de que el decreto atribuye de «manera permanente y estructural funciones de representación y defensa procesal a personas ajenas al Cuerpo de Abogacía de la Generalitat». De hecho, enfatizan que la nueva normativa atribuye al director general funciones que no le competen como de «representación y defensa procesal, así como funciones de asesoramiento jurídico».
Un «tratamiento singular»
Por otra parte, los letrados de la administración catalana alertan al TSJC que el decreto «introduce un tratamiento singular para el cuerpo de policía en materia de representación y defensa respecto del régimen aplicable al resto de cuerpos funcionariales de la Generalitat». En el mismo sentido, concluyen que el decreto contempla situaciones que «no responden a supuestos puntuales o excepcionales, sino a un modelo ordinario y estable de organización del servicio». Además, aducen que en el expediente administrativo de elaboración del decreto no consta suficientemente la «justificación específica de la necesidad y proporcionalidad de la alteración del régimen ordinario de representación y defensa de la Generalitat».
De hecho, argumentan que la atribución funcional prevista en el decreto «tiene vocación general para futuros supuestos homogéneos y, por tanto, despliega efectos normativos más allá de un caso singular o de una necesidad coyuntural». «La reforma sobrepasa el ámbito admisible de la mera potestad doméstica de autoorganización, en tanto que entra de lleno en el terreno reservado y disciplinado por la ley», remarca la demanda. Incluso, lo llegan a definir como una «auténtica configuración normativa de un subsistema jurídico propio, estable y descentralizado dentro de la Dirección General de la Policía, con vocación de permanencia, jerarquía propia y capacidad de incidir en el ejercicio de las funciones legalmente reservadas». De hecho, razonan que el decreto deja un papel residual y «poco claro» de «coordinación» al Gabinete Jurídico, que es el órgano que tiene las competencias legales.
No se ha respetado el procedimiento
Una segunda parte de la demanda entra de lleno contra la forma en que se ha elaborado el decreto. «No se han seguido todos los trámites legalmente exigibles para el procedimiento de elaboración de disposiciones reglamentarias», alerta la demanda. Por ejemplo, no ha habido ni la preceptiva resolución de la Comisión Jurídica Asesora ni una negociación colectiva. De hecho, aseguran que, según el expediente administrativo, se ha confundido la «conformidad directiva» con la «cobertura normativa suficiente». Es decir, que la conformidad del director del actual director del gabinete jurídico no suple el trámite que prevé la ley para aprobar un decreto de esta magnitud, que cambia una estructura legal y crea una nueva.
«Ni la conformidad singular del director del Gabinete Jurídico, ni siquiera la coincidencia de criterio de su cúpula directiva pueden operar como fuente autónoma de legitimación para exceptuar la aplicación del procedimiento normativo legalmente establecido ni para alterar el régimen material previsto en la ley», subrayan. La demanda se expresa en términos bastante evidentes. «Dicho con toda claridad: la coincidencia de voluntades dentro de la dirección del Gabinete Jurídico no tiene la virtualidad jurídica de dispensar el cumplimiento de la ley, ni de sustituir la secuencia procedimental que el legislador ha configurado como garantía objetiva de legalidad». Es decir, que para los abogados de la Generalitat, la reforma se ha hecho con la connivencia de los cargos de confianza al margen de los caminos estipulados por la ley.
«El hecho jurídicamente relevante», apuntan, «no es que la dirección del Gabinete comparta la oportunidad de la reforma, sino que la iniciativa impugnada incide en una materia sujeta a reserva legal, a reglamento ejecutivo y a trámites preceptivos de control, entre los cuales destacan la negociación sindical y el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña». De esta manera, insisten en que la dirección del Gabinete Jurídico no tiene una «potestad de dispensa singular del procedimiento, ni mucho menos la facultad de transformar una habilitación excepcional en estructura permanente a través de un simple asentimiento informal, aunque este sea compartido por las direcciones consultiva y contenciosa».
