El Gobierno de Salvador Illa ha encajado un nuevo revés parlamentario en la Comisión de Territorio. La mayoría de los grupos de la oposición —desde la CUP, impulsora del control de seguimiento, hasta Junts, ERC, los Comuns y el PP— han unido sus votos para constatar el incumplimiento manifiesto de la Resolución 441/XV para la mejora del servicio ferroviario en el Empordà. El dictamen es unánime: la gestión del Departamento de Territorio, encabezado por la consejera Sílvia Paneque, se reduce a unos estudios y justificaciones burocráticas que no resuelven el derecho a la movilidad del territorio. La votación ha dejado al descubierto la soledad del PSC, el único grupo que ha defendido que el Gobierno está cumpliendo los trámites.
El resultado –10 votos a favor de constatar el no-cumplimiento, 5 a favor de la gestión del Gobierno, una abstención (de Vox), y una incomparecencia, la de Aliança Catalana– certifica una enmienda a la totalidad al informe de cumplimiento remitido por Departamento de Territorio a la Mesa del Parlamento. «No se han ejecutado los puntos que se aprobaron en este Parlamento», ha constatado el diputado de la CUP, Dani Cornellà, cuando ha defendido la iniciativa sobre la falta de cumplimiento del ejecutivo socialista con la resolución aprobada por la cámara hace casi un año. «Hay muchos otros puntos que ni se nos contesta el grado de cumplimiento», ha denunciado.
El «muro» de las concesiones y los estudios sin plazo
El punto de discordia principal gira en torno a la línea de autobús para conectar la estación de Camallera con l’Escala, Ventalló y Vilademat. Mientras el mandato parlamentario pedía una puesta en marcha inmediata para acompañar la futura parada de los trenes de media distancia, el Departamento que dirige Sílvia Paneque admite en su informe que la medida se incluirá en un estudio para el nuevo mapa de transporte por carretera, cuya licitación mira hacia el horizonte de 2028. «Casi un año después nos dicen que se está licitando un estudio; es decir, que ni siquiera está licitado«, ha denunciado el diputado de la CUP.
Una crítica a la que se ha sumado la diputada de Junts Sònia Martínez, que ha alertado del riesgo de que los trenes comiencen a parar en Camallera sin que los vecinos dispongan de una conexión por carretera: «El Gobierno tiene tendencia a responder con estudios cuando se necesitan acciones y con licitaciones cuando se necesitan resultados». «El Parlamento pedía un servicio y no estudiar si algún día convenía prestarlo», ha defendido la diputada de ERC Lluïsa Llop. Además, la portavoz republicana ha recordado que el mandato parlamentario pedía «mejorar la coordinación de los autobuses» de Figueres con el R11 y el RG1, pero ha lamentado que sobre esta cuestión la consejera Paneque se limite a decir que «se está trabajando sin ninguna concreción, sin calendario, sin concretar ni acreditar ninguna mejora que se pueda ver o prever a corto plazo».
En la misma línea, la representante del PP, Eva García, ha exigido calendarios reales y ha acusado al ejecutivo de incumplir la resolución aprobada hace casi un año para solucionar reivindicaciones históricas sobre «más y mejores servicios ferroviarios, mejoras en las estaciones, más frecuencias y una mejor conexión entre el tren y el autobús». Finalmente, el diputado de los Comuns, Lluís Mijoler, ha suscrito los argumentos de los grupos que han censurado la actuación del ejecutivo: «Es evidente que no se ha cumplido y es evidente también que el Gobierno, en cuestiones de movilidad, va lento, de la misma manera que el R4».
Aparcado el cambio de nombre de Cervera de la Marenda
Otro de los puntos calientes ha sido la normalización lingüística en la denominación que Rodalies de Catalunya utiliza para referirse a la estación de Cervera de la Marenda, en la Catalunya Nord, a la que aún se refiere como Cerbère, en francés. Territorio justifica la imposibilidad de aplicar el cambio en los canales, planos, esquemas de líneas y megafonía de Rodalies o Adif por «restricciones técnicas» de la normativa europea de interoperabilidad (TSI) y se ha limitado a trasladar la petición al Estado y al Consulado general francés. Una explicación que el diputado anticapitalista ha calificado de «insuficiente» porque, según ha constatado, «no dice qué trabajos se están haciendo para poder normalizar lingüísticamente esta estación». Junts, por su parte, ha criticado que el ejecutivo se escude en un reglamento europeo que «curiosamente no impide que otras estaciones tengan denominaciones en lenguas propias».
El PSC pide «diferenciar entre cumplir y tramitar»
Por otro lado, el diputado socialista Francis Jesús ha intentado frenar el embate argumentando que la gestión administrativa tiene unos plazos legales que se deben respetar y que no se puede hacer una ejecución material «en tres o seis meses» si la normativa sectorial lo impide. «No se puede afirmar que no hay cumplimiento, sino que se está avanzando», ha sostenido. Sin embargo, la demanda de reconsideración que ha hecho el diputado socialista ha sido desoída por la oposición, que ha suspendido a la consejera Paneque por el incumplimiento de las medidas que el Parlamento acordó impulsar hace un año en el Empordà.
