El gobierno de Pedro Sánchez se enfrentará la próxima semana a un importante escollo económico. El Senado recibirá previsiblemente miércoles los objetivos de déficit del Estado, el marco de gasto de las administraciones españolas que definirá los límites de los presupuestos generales del Estado. A pesar de que el ejecutivo de coalición ha conseguido aprobar esta medida -indispensable para acabar aprobando la principal norma económica del año-, la supervivencia del documento está en entredicho, bajo la amenaza de la mayoría absoluta del Partido Popular. Según la decisión que se tome, el partido de Alberto Núñez Feijóo podría echar atrás el primer paso para elaborar los PGE.
Justo es decir que la votación se dará en un marco de bloqueo de la agenda presupuestaria. La carencia de consenso para aprobar las cuentas del Estado dejan el gobierno en un callejón sin salida, con los PGE del 2023 prorrogados. Las negociaciones de la investidura frenaron la aprobación del marco económico del año. De hecho, incluso el ministerio de Hacienda, dirigido por la nueva vicepresidenta Maria Jesús Montero, se ha resignado a una agenda mucho más dilatada, con el objetivo en abril. En caso de que el PP rechace los objetivos de déficit que ya se han aprobado en el Congreso de los Diputados, Moncloa tendrá un mes para presentar un nuevo acuerdo, que tendrá que pasar, un golpe más, por ambas cámaras. La actitud de los populares respecto de su rol en el Senado deja entrever una situación poco halagüeña para Sánchez. Sin ir más lejos, el presidente de la cámara alta, el conservador Pedro Rollán, ha definido los suyos como «un contrapeso» para limitar la capacidad legislativa de la mayoría de investidura.
Retorno de la austeridad
Los objetivos de déficit españoles buscan, en buena parte, cumplir con las nuevas normativas financieras europeas, aprobadas durante el otoño por los ministros de economía de los 27. En la última reunión del consejo de Política Fiscal, con la participación de los gobiernos territoriales, el ejecutivo ya estableció un tope de déficit al 3% para el conjunto de las administraciones, que caería año a año hasta el 2,5% previsto para el 2026. La norma es especialmente restrictiva para las instituciones regionales, para las que prevé un tope de déficit del 0,1% el primer año, para pasar a exigir el completo equilibrio presupuestario el 2025 y 2026. También lo reclama en los ayuntamientos, en este caso a partir del mismo 2024, mientras que permite un déficit del 0,2% a la administración de la Seguridad Social.
