Varios estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han reprendido a España por el uso «excesivo» de la fuerza por parte de sus cuerpos policiales tanto en sus fronteras como en protestas o movilizaciones. Estas quejas se han formulado en el marco del Examen Periódico Universal del organismo que se ha celebrado este miércoles en Ginebra (Suiza), donde los países podían hacer llegar a los diferentes estados sus dudas sobre cuestiones diversas como esta.
En concreto, una parte importante de las preguntas que ha recibido el Estado incidían en las medidas que se están tomando desde el gobierno español para resolver un problema que se encuentra presente en protestas y en las fronteras y que varios informes de la ONU ya han señalado en varias ocasiones. Tal como recoge la ACN, países como Bélgica han pedido más detalles al Estado sobre cómo pretende alinear su legislación sobre el uso de la fuerza a las normas internacionales, así como garantizar investigaciones «independientes» en todas las denuncias de torturas y malos tratos, como recomienda el Comité contra la Tortura de la ONU. «¿Qué medidas está adoptando España para abordar las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, incluidas aquellas durante protestas y en las fronteras?», ha preguntado el representante belga a su homólogo español.
En la misma línea se ha pronunciado Canadá, que no solo ha pedido aclaraciones sobre el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones y controles fronterizos, sino que también se ha centrado en las denuncias que pesan sobre el Estado en comisarías, haciendo referencia a prácticas como la detención en régimen de incomunicación y la falta de mecanismos efectivos para que los detenidos denuncien malos tratos. A su vez, Alemania ha incidido en la cuestión migratoria, interesándose por la evolución del pacto para la distribución de migrantes menores de edad que llegan a las Islas Canarias, mientras que el Reino Unido ha pedido más detalles sobre cómo se está protegiendo a estos menores. También Suecia se ha dirigido al Estado para preguntar por el caso de un grupo de personas migrantes llegadas a Melilla en junio de 2022 que aún espera respuesta a su solicitud de asilo.
El Estado defiende su «compromiso» con la justicia, la libertad y la igualdad
Por su parte, ante las numerosas cuestiones formuladas en la materia, el gobierno español ha optado por remarcar que la protección de los derechos humanos es «una prioridad» de su política y ha reiterado su «compromiso» con la justicia, la libertad y la igualdad.
