El 4 de marzo de 1975, el pleno de Barcelona rechazó por mayoría destinar 50 millones de pesetas para enseñar catalán en la escuela. Una decisión que levantó tal revuelo entre la ciudadanía que el consistorio, aún franquista, tuvo que dar marcha atrás. Una decisión municipal sobre el catalán hacía temblar un régimen basado en el poder desmesurado y sin complejos. Han pasado más de cincuenta años y se ha registrado una situación inversa, pero también con un ayuntamiento en el centro del escenario y con el catalán como protagonista.
La diferencia sustancial es que esta vez son los ayuntamientos los que defienden el catalán y es la República Francesa, un estado poderoso y nacido de la Ilustración, el que reacciona en contra de los consistorios. Es el caso del Ayuntamiento de Elna, que, de la mano de su alcalde, Nicolas Garcia, y el concejal del municipio Pere Manzanares han abierto la caja de los truenos en la batalla del uso político y social del catalán en territorio de administración francesa. En un marco donde la extrema derecha del Front Nacional de Marine Le Pen ha hecho el trabajo –como en el estado español lo hacen Vox o organizaciones como Manos Limpias o Hazte Oír– denunciando el uso y las subvenciones al catalán por parte del ayuntamiento.
«Cinco pueblos que no representan ni veinte mil habitantes pueden poner en peligro la República francesa, que da lecciones al mundo y que quiere asustar a Putin», ironizó Garcia en un coloquio celebrado este martes por la tarde en la Universidad Catalana de Verano (UCE), que se celebra esta semana en Prada (Conflent). De hecho, hay una guerra legal que ha activado los resortes de la República francesa para atemorizar a los quince ayuntamientos que seguían las huellas de Elna, que ha reformado el reglamento del consistorio para normalizar el uso del catalán en los plenos municipales. Una decisión que le ha costado una batalla judicial y alguna visita a la comisaría de policía de los concejales implicados. El resultado ha sido que ahora solo mantienen la posición cinco ayuntamientos, entre los cuales hay uno donde ningún concejal habla catalán, pero donde los electos consideran que tienen el derecho a usarlo en el espacio público. En el debate participó Joan Lluís Salies, alcalde de Tarerac, el exvicepresidente del Parlamento Josep Costa y el abogado de Òmnium en la Cataluña Norte, que lleva el caso, Mateu Pons.
Una subvención de 400 euros a Òmnium
Según relató Garcia, la ofensiva del estado francés la desencadenó la oposición del Front Nacional al ayuntamiento, todo por una subvención de 400 euros a Òmnium Cultural. «En cambio, ¡no dicen nada por subvenciones al rugby de 30.000 euros!», ha reprochado. La denuncia vino porque Manzanares, concejal y primer teniente de alcalde, forma parte de la dirección de la entidad cultural en la Cataluña Norte. Manzanares tuvo que ir a la comisaría de la Policía Nacional francesa a declarar y todo terminó con un «tirón de orejas».
El siguiente paso fue el uso del catalán en los plenos que fue denunciado al prefecto de Perpiñán que envió un aviso a los concejales recordando que debían expresarse en lengua francesa. No hicieron caso de la advertencia y el prefecto remitió un segundo aviso por «correo electrónico». El consistorio, entonces, reformó el reglamento interno para permitir que cada concejal pudiera expresarse en catalán por escrito y verbalmente, pero llevaron el caso y la reforma al tribunal administrativo.
Los alcaldes pendientes del último juicio mantienen la posición para «no perder la lengua». «En las escuelas hay más alumnos que quieren hablar en catalán, pero no hay uso social y, ¿qué lugar hay más importante que un pleno para poder hablar en catalán?», ha expresado Garcia. «Queremos hablar catalán cuando y donde nos plazca, es un patrimonio que queremos mantener como mantenemos la catedral o la Maternidad de Elna, que nos cuesta un dineral. En cambio, el catalán no nos cuesta nada», ha argumentado. Salies ha rematado el argumento advirtiendo que los cinco ayuntamientos que defienden el mantenimiento del catalán «no quieren hacer la revolución, ni conquistar París» sino conservar la lengua con la que «cuento, hablo y me afeito». «Es un problema de libertad», ha concluido. Un problema que Pons ve difícil de resolver porque Francia no reconoce los derechos lingüísticos de sus habitantes. En todo caso, todos ven algo positivo en la polémica y es que «‘se ha logrado poner en el debate público la cuestión del catalán y eso, en Francia, es una victoria».
