Es la joya de la corona del acuerdo de investidura y se hace rogar. La proposición de ley orgánica de la amnistía continúa en discreta negociación a la espera de lo que pase domingo en las elecciones gallegas. «Todos sabemos que el
Por ahora, el calendario previsto lo marcaría la sesión plenaria prevista en el Congreso del 20 al 22 de febrero. Con esta agenda en la mano, la Mesa del Congreso convocaría la comisión de Justicia para el día 20 –el día límite sería el 21-, que tendría que resolver de nuevo el debate de las enmiendas vivas que fueron rechazadas en el debate a la totalidad del pasado 30 de enero. Una jornada en la que la cámara baja tenía que aprobar el texto antes de enviarlo al Senado, donde la derecha y extrema derecha española ya han maniobrado para retrasar su aprobación definitiva. Junts obligó a continuar negociando la amnistía rechazando el texto acordado entre PSOE, PNB, Bildu y ERC.
A la espera de la comisión de Justicia en el Congreso
De momento, aún no se ha convocado la comisión de Justicia, que tiene que volver a aprobar el dictamen de la ley para pasarlo al plenario. Una etapa que no estaba nada clara, a la vista de la tesis expuesta por los letrados y por los escritos de reconsideración presentados por PP y Vox a la decisión de Francina Armengol de dar un paso atrás y continuar la tramitación, aplicando el artículo 131.2 del reglamento del Congreso. Una decisión que incluso podría llegar a la mesa del Tribunal Constitucional, pero sin más efecto que la táctica publicitaria de la oposición.
Se añade a todo este desmadre el hecho de que la comisión solo podrá debatir sobre enmiendas vivas que quedaron pendientes o sobre las transaccionales, o a partir de estas, pero no se pueden incorporar en el debate nuevas enmiendas. Todo ello con el reloj en contra, en el sentido de que si los impulsores de la ley se quejaban por la demora que el PP ha preparado en el Senado, no se esperaba que serían los que firman la ley los que pidieran más prórroga para negociar. Una nueva maniobra del PP en la comisión de Justicia con los plazos de las enmiendas todavía lo complica más todo.
El artículo 131.2 del reglamento del Congreso
Una vez que se rechazó la ley de amnistía en el plenario, empezó una nueva traba para su tramitación, basada en una interpretación un pelo rebuscada del reglamento del Congreso. Armengol ordenó la devolución de la ley a la comisión de Justicia. Ahora bien, uno de los letrados del Congreso más influyentes, Manuel Fernández-Fontecha, que estaba al frente de la comisión Constitucional de la cámara, frenó a la presidenta. El letrado entendía que la ley había decaído por no haber superado la mayoría absoluta en la votación del plenario y tenía que empezar su tramitación de cero. La opinión del letrado espoleó PP y Vox a presentar sendas propuestas de reconsideración de la decisión de la presidenta del Congreso.
Pero las razones de Fernández-Fontecha no fueron compartidas por sus compañeros de trabajo. De hecho, este letrado difundía en el portal de derecho
Los compañeros del letrado, sin embargo, no lo vieron del mismo modo, y entendían que la ley podía tener una reválida, con un nuevo dictamen en un plazo de quince días y centrando el debate en las enmiendas que quedaban vivas. El pasado 6 de febrero así lo explicaron a la Mesa, detallando que entendían que el 30 de enero se registraron en el plenario dos votaciones muy diferentes para votar lo mismo. En primer término, la del dictamen, que sí que obtuvo la mayoría absoluta. Y, en segundo lugar, la del conjunto del texto, que acumuló más no’ que ‘sí’. Si se volviera a empezar la singladura de la ley, la primera votación no tendría ningún efecto y, por lo tanto, solo prevalecería la segunda votación. Como esta situación no está prevista al reglamento, los letrados interpretan que la voluntad del pleno es mantener el dictamen, y en consecuencia, es reglamentario que el punto de partida sea el mismo dictamen aprobado con las enmiendas que quedaron vivas.
Ahora, a debatir
Aquí no acaban los problemas. El PP ha vuelto a la carga con otra petición de reconsideración, esta vez a la Mesa de la comisión de Justicia, con la que alega que el PSOE presentó un segundo fuera de plazo sus ocho enmiendas. Una incidencia técnica que difícilmente invalidará la tramitación del texto. A pesar de las trabas, y con el ruido mediático centrado en Galicia y con las conversaciones y promesas que el PP de Alberto Núñez Feijóo habría hecho al presidente al exilio, Carles Puigdemont, a cambio de las llaves de la Moncloa, PSOE y Junts han continuado las conversaciones.
Desde ERC aseguran que, aunque se perfile más el texto no se pueden prever las actuaciones que individualmente pueden hacer los jueces españoles. De todas maneras, entienden, a diferencia de Junts, que las causas Judas, Volhov y Tsunami Democrático están encuadradas en los supuestos de la ley. Aquí es donde radican las enmiendas vivas y las transaccionales que todavía se pueden incorporar en el debate y en el texto final de la ley. Básicamente, los problemas se incardinan en la enmienda con la que Junts quiere garantizar que los acusados de
Por otro lado, a pesar del silencio generado por la campaña electoral gallega, que impone la sordina en la negociación de la amnistía, todo el mundo entiende que el «factor tiempo es determinante». Es decir, si bien el 21 de febrero acabaría el plazo para el dictamen de la comisión, también se podría prorrogar. Una consecuencia que ni PSOE ni los independentistas miran con simpatía porque sería contradictorio con los reproches que hacen al PP por sus maniobras de dilación en el Senado contra el texto. Una maniobra a la cual se ha abonado el Consejo General del Poder Judicial, que ha pedido más tiempo para elaborar su informe sobre la ley. Todo apunta que no quiere hacer pública su posición antes de domingo.
