Jornada esperada en la comisión de Derechos Sociales e Inclusión del Parlamento. Esta mañana ha comenzado una verdadera maratón de comparecencias de exresponsables del departamento de Derechos Sociales y de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), tras los escándalos que ha vivido la entidad a raíz del caso de una menor tutelada que fue víctima de una red de pederastia y, por otro lado, de un informe de la auditoría de cuentas que apuntaba irregularidades en la contratación.
El primero en comparecer ha sido el exdirector de la DGAIA, Ricard Calvo, que ha defendido su gestión y las contrataciones de la entidad durante su dirección entre enero de 2016 y agosto de 2017. Calvo ha comenzado defendiendo que su nombramiento era un «reconocimiento a 20 años de trabajo en infancia y adolescencia». Cabe decir que era uno de los responsables de Plataforma Educativa, una entidad social que llevaba años con adjudicaciones de la DGAIA, hasta que fue nombrado por la consejera Dolors Bassa. Después fue destituido por una denuncia de incompatibilidad que, finalmente, fue archivada por los tribunales de justicia. Ahora, Calvo vuelve a trabajar en Plataforma Educativa y ha reprochado que en dos años y medio le hicieron un juicio mediático que aún no ha terminado, aunque se cerró la instrucción judicial a petición de la fiscalía porque «no existían indicios de criminalidad», tras investigar los mismos contratos que ahora le recrimina la Sindicatura de Cuentas.
Llegada masiva
Calvo ha remarcado que la DGAIA trabajaba con las herramientas de contratación que disponía, y además con el hándicap de que los presupuestos estaban prorrogados. Es decir, que la nueva contratación era nula. En este contexto, Calvo ha subrayado que en dos años el número de menores no acompañados sin referentes familiares se quintuplicó. O más concretamente, entre 2016 y 2017 el crecimiento fue del 124%, pasando de 639 a 1.437 menores no acompañados. Una situación que reclamaba actuaciones de urgencia tal y como ordenaba la Fiscalía, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y los sindicatos de Mossos d’Esquadra que ordenaban que los menores no podían estar en instalaciones policiales o judiciales.
En todo caso, Calvo ha sentenciado que su gestión y su dirección fue «en todo momento ajustada a la ley, compartida con el Gobierno, y sin que ningún joven quedara desatendido». «Puedo afirmar que ningún joven se quedó fuera del sistema, y además, de manera adecuada y ajustada a la legalidad», ha remachado.
