«Minoría nacional». Este concepto hizo que la diplomacia española se moviera para evitar que fuera aplicable a varias comunidades del estado español, como los catalanes o los vascos. Así lo revela un estudio del profesor de derecho internacional de la Universidad Rovira i Virgili Alfons González Bondia, que fue decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas del 2011 al 2015, y exdirector general de Asuntos Europeos y Mediterráneos de la Generalitat de Catalunya. Un informe que se ha presentado en el curso sobre Democracia, política lingüística e identidad nacional, coordinado por el catedrático de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra Josep Maria Vilajosana, de la Universidad Catalana de Verano (UCE), que esta semana se celebra en Prada (Conflent).
En concreto, la diplomacia española que dirigía el gobierno de Mariano Rajoy maniobró a finales de 2016, en pleno proceso soberanista que desembocaría en el referéndum del Primero de Octubre, para cambiar su posición respecto al Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales. Un cambio acelerado que se registró 21 años después de que España hubiera ratificado el convenio. Hizo una maniobra para evitar que el Consejo de Europa considerara que en España había minorías nacionales, hasta el punto de reconocer solo a la comunidad gitana, pero, paradójicamente, asegurando que no configuraba ninguna minoría nacional. Una manera de evitar la tentación de algún reconocimiento a su derecho a la autodeterminación por parte de algún estado de la comunidad internacional que quisiera hacerle daño a España.
Un informe polémico
El cambio impulsado por el ministerio de Exterior español se descubrió, precisamente, a raíz de un informe sobre el estado de las minorías nacionales en España que el relator especial Fernand de Varennes de la ONU escribió tras una visita a España entre el 14 y el 25 de enero del 2019. Un informe que alertaba de la existencia de estas minorías, como la catalana, la vasca o la gitana, que podían ver amenazados sus derechos de acceso a servicios públicos, la vulneración de derechos políticos e, incluso, lingüísticos.
«Las cuestiones de derechos humanos en relación con las minorías a veces parecen una asignatura pendiente“, aseveraba el relator, uno de los mayores expertos de la ONU sobre minorías nacionales y uno de los creadores del concepto político de minoría. Varennes escribió en el año 2019 una definición diplomática de minoría. En detalle, Varennes define «una minoría étnica, religiosa o lingüística es cualquier grupo de personas que constituye menos de la mitad de la población en todo el territorio de un Estado, cuyos miembros comparten características comunes de cultura, religión o lengua, o una combinación de alguna de estas». «Una persona puede pertenecer libremente a una minoría étnica, religiosa o lingüística sin ningún requisito de ciudadanía, residencia, reconocimiento oficial o cualquier otro estatus», añadía.
Con esta base, criticaba en su informe “los continuos desafíos o lagunas en diversas cuestiones intersectoriales, como el idioma de la enseñanza, así como cuestiones propias de las minorías establecidas desde hace mucho tiempo, o de las llegadas más recientemente, en relación con la naturaleza de sus derechos como minorías“. De hecho, en su documento resaltaba los efectos del Primero de Octubre, destacando “informes que dan cuenta de un aumento perceptible del discurso de odio, el vilipendio, el vandalismo, las amenazas físicas e incluso las agresiones contra miembros de la minoría catalana y, aun menos, otras minorías nacionales“. Unos informes de los cuales criticaba que las autoridades no habían hecho suficiente caso.
Unas elecciones plebiscitarias
España ante este informe no se quedó con los brazos cruzados y respondió con dureza al relator. Precisamente, en esta respuesta, los académicos han encontrado una «nota verbal» que la diplomacia española había emitido para evitar disgustos o alguna simpatía internacional hacia el proceso político catalán. Se trata de una especificación del Convenio Marco para la protección de las Minorías Nacionales del Consejo de Europa. Un documento que busca proteger lo que el derecho internacional considera minorías nacionales y que actores jurídicos como Acció Cassandra comienzan a utilizar en sus procesos judiciales ante la ofensiva españolista contra el hecho nacional catalán.
Este convenio fue ratificado por el estado español el Primero de septiembre de 1995, es decir, tres años antes de su entrada en vigor, el uno de febrero de 1998. Un texto legal que no ofreció más problemas o más quebraderos de cabeza a los poderes del Estado hasta la recta final del proceso soberanista, después de las elecciones de septiembre de 2015, que llevaban la etiqueta de plebiscitarias. Una vez la legislatura había comenzado, ante la singladura hacia la expectativa de la independencia y la ofensiva internacional de la paradiplomacia gubernamental catalana, el Estado reaccionó para tapar una grieta como podía ser la similitud de los catalanes a una minoría nacional que pudiera facilitar el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de Cataluña por parte de algún Estado o bien acusar al Estado de injerencia o ataque a una minoría nacional por motivos políticos.
Una nota verbal de 2016 descubierta en 2019
La respuesta de España al informe de 2019 aportaba documentos adjuntos. Entre estos, había una «Nota Verbal de la Representación Permanente de España ante el Consejo de Europa, de fecha 14 de noviembre de 2016, registrada en el Secretariado General el 15 de noviembre de 2016″, escrita originalmente en inglés. En esta nota, España se ponía la venda antes de la herida para esquivar cualquier interpretación extensiva de su ratificación del Convenio respecto a las comunidades que conviven administrativamente en España. La nota llegaba solo once días después de que Alfonso Dastis tomara la cartera de Exteriores sustituyendo a José Manuel García-Margallo. Dastis, hasta ser nombrado ministro, era Representante Permanente de España ante la Unión Europea
«El gobierno de España tiene el honor de comunicar que, de acuerdo con la información previamente facilitada por España en la carta de 26 de junio de 2003 dirigida al presidente del Comité Asesor del Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales, copia de la cual fue transmitida por el Representante Permanente de España al Secretario General del Consejo de Europa en la misma fecha, España reitera que, de acuerdo con sus disposiciones constitucionales, ha interpretado de manera constante el Convenio Marco en el sentido de que no existe ninguna minoría nacional en su territorio».
Es decir, especificaba y concretaba que, a pesar de haber firmado el convenio 21 años atrás, de repente, justo en ese momento, quería dejar claro que no había ninguna minoría nacional. Una corrección que, incluso, afectaba a la comunidad gitana. La nota añadía un apunte bastante curioso y difícil de interpretar: «El Convenio Marco es aplicable a los ciudadanos españoles de la ‘comunidad gitana’ (roma, gitanos), aunque estos ciudadanos no constituyen una minoría nacional». Es decir, elaboraba una paradoja que reconocía derechos de minoría nacional a los miembros del pueblo gitano, pero no les reconocía su condición de minoría nacional.
