Esta semana se agota la prórroga para la negociación de la proposición de ley orgánica de amnistía. Después de un lío considerable, espoleado por algunos de los letrados del Congreso, y con la oposición feroz de PP y Vox, este jueves la comisión de Justicia tiene en el orden del día la votación del dictamen de la ley del olvido penal para los independentistas catalanes. Los flecos del texto, principalmente sobre las garantías de su aplicación inmediata y de la inclusión de las acusaciones de terrorismo –un punto clave ante las intenciones de jueces como Manuel García Castellón, que quiere forzar la definición de terrorismo– y de coacciones eran el centro del tira y afloja, y a estas alturas ya se debería de haber allanado el camino para el acuerdo entre Junts per Catalunya y el PSOE. Pero desde Junts aseguran que «se mantiene la posición y que, hoy por hoy, no hay acuerdo, aunque muchos lo den por hecho». ERC admite que ha apretado el acelerador para ayudar en las conversaciones a dos bandas, y en el PSOE admiten que «están dispuestos a un pequeño cambio» que «no modifique la filosofía de las exclusiones de la ley».
Cinco elementos contribuyen, sin embargo, a generar la sensación de que el pacto está cerca. En primer término, que la comisión de Justicia del Congreso se ha convocado para jueves a las once de la mañana. En segundo lugar, que el borrador de la Comisión de Venecia avala la amnistía con relación al Procés catalán. Un informe que tiene que aprobar el plenario de este organismo este martes, 5 de marzo, pero que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ya celebra. En tercer término, hay la acusación de terrorismo al presidente en el exilio, Carles Puigdemont, y al secretario de la Mesa del Parlamento, el republicano Ruben Wagensberg, por parte del Tribunal Supremo. Un tercer elemento, la decisión de Waterloo de promover el acuerdo, dando por sentado que «ninguna ley parará la represión». Y, en último lugar, el caso Koldo –sobre la compra de mascarillas y posibles comisiones–, que está salpicando de manera especialmente dura al PSOE. Un acuerdo supondría cierta garantía de continuidad de la legislatura y ayudaría a remontar a los socialistas. Un detalle importante es que el secretario general de Junts, Jordi Turull, intervenido de un infarto, por prescripción médica, solo puede dedicarse a un asunto, y ha escogido la tramitación final de la ley de amnistía.
No esperar más para aprobar la amnistía
Las perspectivas de un acuerdo inmediato habían llegado este lunes, de un modo u otro, desde todas la partes implicadas. Por un lado, Carles Puigdemont, en su discurso de clausura del encuentro del Consejo de la República el sábado en Sant Cebrià de Rosselló (Cataluña Norte), desbrozó el paisaje para facilitar el acuerdo. Así, advertía que la confrontación «no se acabará nunca» porque considera que la represión tampoco lo hará. «Las entrañas del Estado están más excitadas que nunca», señaló el presidente, e instó al independentismo a mantener el desafío ante la represión que pueda surgir incluso después de la aprobación de la ley de amnistía. De hecho, Puigdemont parecía que preparara a las bases de Junts para un anuncio inminente del acuerdo, y más después de que, el viernes al atardecer, Toni Comín, también desde la Cataluña Norte, pusiera de ejemplo la resolución de García Castellón para incluir el terrorismo en la amnistía.
De todas maneras, desde Junts ven el peligro -a la vista de la resolución del Tribunal Supremo respecto de la causa Tsunami Democrático– de un colador para varias causas relacionadas con el independentismo. Si se acaba imponiendo la tesis de la
Todavía más, también ven la necesidad de especificar el texto para evitar procesos sobre la base del delito de traición, o incluso, lo que parece una nueva vía de la judicatura, el delito de coacciones. «No podemos dejar a nadie fuera», apuntan los de Puigdemont. Mientras tanto, los republicanos señalan que la ley no puede con todo, pero el pacto político puntual sí, en referencia a posibles indultos en casos que se escapen por alguna rendija de la ley de amnistía. «Es imposible ir contra el
Los socialistas, ante el tira y afloja con Junts
El PSOE, que últimamente tiene que afinar más de la cuenta su maquinaria mediática, hace un doble juego. La portavoz de la formación, Esther Peña, ha aprovechado la rueda de prensa de los lunes para asegurar que la formación ha adoptado una «posición firme y clara» y que no tienen prevista «hacer ninguna modificación» en cuanto al terrorismo o traición, tal como reclamaba Junts.
Ahora bien, por otro lado, ha admitido que podrían «haber pequeños cambios» respecto del texto consensuado con ERC, Bildu, Sumar, PNB y BNG para mirar de suavizar la posición de Junts. Unos cambios, sin embargo, que ha remarcado que «no modificarán la filosofía de la ley». Por su parte, Bolaños ha podido blandir el borrador de la Comisión de Venecia, que avala la amnistía propuesta, con un doble objetivo: por un lado, serenar los ánimos a Junts, y por el otro, blindar la proposición de ley ante las críticas del PP y Vox.
Caso Koldo y… ¿una comisión convocada sin acuerdo?
De todas maneras, Junts no se esperaba una pista de aterrizaje como el caso Koldo. La necesidad de una victoria parlamentaria que refuerce la robustez del ejecutivo del PSOE en el Congreso y de la consolidación de un gobierno de izquierdas y con más compromiso con el soberanismo hará, según los cálculos de Junts y ERC, que los socialistas se muevan, aunque solo sea de manera simbólica o testimonial. Por eso, uno de los puntos que indica la proximidad del acuerdo es la convocatoria de la comisión de Justicia.
La agenda oficial de la cámara baja ya anuncia que el jueves se reúne la comisión a partir de las once de la mañana. En el orden del día, hay «debatir y votar el nuevo dictamen de la comisión sobre la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña». «Difícilmente se habría convocado si la posibilidad de acuerdo no fuera real», coinciden varias fuentes de los partidos implicados en la negociación. Así mismo, desde el PSOE han insinuado que la intención es llevar la votación de la ley en el Congreso en el próximo pleno, es decir, en quince días, a lo sumo.
A todo ello, hay que añadir que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, insistía en “no abaratar” la ley de amnistía y aprobarla cuanto antes mejor para que empiece su aplicación. “Después ya veremos si hacen falta otras medidas”, manifestaba en una entrevista en ‘El Periódico’. Un argumento que miembros de ERC ya dejan caer desde hace tres semanas. Es decir, aprobar la ley, empezarla a aplicar y, en aquellos casos donde no llegue, aplicar indultos. Una tercera voz ha sido la de Jaume Asens, negociador de Sumar, que está convencido de que, con el posible «nuevo redactado de la ley de amnistía» que juntaires y socialistas acuerden, los acusados de terrorismo quedarán más blindados que en el anterior texto. Un optimismo que el secretario general de Junts no quiso compartir este fin de semana. Sea como fuere, la intención es no alargar más los plazos en el Congreso, que bastante se pararán en el Senado, después de que el 30 de enero el texto volvió a la comisión de Justicia para que emitiera un nuevo dictamen, después de no lograr la mayoría absoluta necesaria en el pleno.
