Reconocimiento de la «discrepancia» a cambio de amnistía, negociación e investidura

Semanas de negociaciones y una noche muy larga. Este ha sido el tiempo invertido que PSOE y Junts han intentado poner negro sobre blanco en un documento de acuerdo de apenas cuatro páginas para que la formación de Carles Puigdemont invista el socialista Pedro Sánchez como presidente del gobierno español. Un acuerdo de investidura que parte de la base de que las dos formaciones tienen «profundas discrepancias» y son «conscientes de la complejidad» y de los «obstáculos del proceso que pretenden emprender». El tono y el lenguaje utilizado es un evidente pacto de discrepancias que acuerda formalmente que negociarán estas diferencias a lo largo de cuatro años a cambio de una amnistía y una negociación entre partidos. El acuerdo recoge incluso, por escrito, las «desconfianzas mutuas» entre los dos partidos.

Un marco de referencia que indica que todo parte de investir el socialista Pedro Sánchez a cambio de mantener viva una negociación entre partidos que tendría que ser tutelada a través de un mecanismo internacional que tampoco se concreta en el pacto. En el paquete también se incluye la amnistía, que incorpora formalmente la lawfare, la demanda de Junts que atascaba el acuerdo, sin que tampoco sea una referencia clara. De hecho, la ley de amnistía todavía no se ha cerrado. La curiosidad del acuerdo es el desacomplejamiento con que han acordado las dos formaciones que discrepan en cuestiones como por ejemplo la financiación. Mientras Junts propone la cesión del 100% de los impuestos que se paguen en Cataluña, el PSOE dice que no irá más allá del Estatuto.

Un histórico del Procés

El documento parte del Decreto de Nueva Planta de 1714 y sitúa el inicio de la actual situación en la sentencia del Tribunal Constitucional que enmendó el Estatuto de Autonomía hasta la aplicación del 155 y la posterior represión del Estado contra el independentismo. Un relato de antecedentes que hasta ahora costaba de asumir al PSOE y que serviría para justificar la negociación. Una vez establecidos los antecedentes, el pacto también recoge las intenciones en un epígrafe titulado Oportunidad histórica. «PSOE y Junts apuestan por la negociación y los acuerdos como método de resolución de conflictos y acuerdan buscar un conjunto de pactos que contribuyan a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña», explica el documento. Es decir, después de reconocer el conflicto histórico, se conminan a resolverlo por la vía de la negociación.

Una negociación que tendrá dos ámbitos: «La superación de los déficits y limitaciones del autogobierno y las relativas al reconocimiento nacional de Cataluña». De hecho, los dos se instan a celebrar un primer encuentro este mismo mes de noviembre. Es en este punto que la discrepancia es más sonora. En concreto, Junts avisa de que pedirá la celebración de un referéndum en base el artículo 92 de la Constitución y el PSOE replica con un despliegue del Estatuto de 2006 y el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y la singularidad, institucional, cultural y lingüística, de Cataluña». El siguiente punto también rechina, cuando Junts apuesta por un concierto económico y el PSOE solo defiende una modificación del sistema de financiación.

La amnistía y la ‘lawfare’

El acuerdo también hace constar uno de los puntos más vistosos de la negociación de la investidura, la amnistía. Los dos se comprometen a impulsar una ley de amnistía de los casos vinculados con la consulta del 9-N y el referéndum del Primero de Octubre. Pero, en cuanto a la lawfare, utiliza una fórmula enrevesada. Así, detalla que las «conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la legislatura próxima se tendrán en cuenta para la aplicación de la ley de amnistía en la medida que se puedan derivar situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, si procede, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas». Es decir, que dejan a la acción de control del poder legislativo los casos que se puedan meter en el concepto de lawfare contra el independentismo. En todo caso, ahora resta el debate técnico sobre la posible ley de amnistía.

Por otro lado, el acuerdo concluye «la ampliación de la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y otros organismos y entidades internacionales, particularmente en los asuntos que tienen especial incidencia en su territorio». Un apunte que habrá que detallar en decisiones puntuales y circunstanciales a lo largo de la legislatura. Una fórmula suficiente abierta para ser sometida a la negociación.