El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha dado por cercado el texto de la ley de amnistía que el PSOE registró ayer en solitario en el Congreso de los Diputados. «Si hay enmiendas las miraremos, pero nosotros no presentaremos porque es un texto que ha costado muchísimo de pactar. La mitad del texto es nuestro y estamos de acuerdo» y, en una entrevista en TV3, ha dejado claro que «ha cumplido todas las expectativas que nos marcamos».
Turull ha resaltado que «se ha hecho punta de almohada jurídica para que no quedara nadie al margen» y ha explicado que no la firmaron al entrar a registro porque «el PSOE nos lo pidió porque no lo hacían todos los grupos». «Una de las condiciones que exigíamos antes del debate de la investidura era la ley de amnistía. La cerramos domingo», ha sentenciado.
Sobre las reticencias de ERC a firmarla, que siguen revisando el texto, Turull ha recordado que «Esquerra firmó un acuerdo en el cual tenían pactada una ley de amnistía y en la semana siguiente se tenía que modificar el acuerdo» y, en este sentido, ha subrayado que «nosotros en aquel momento no la dábamos por buena porque había muchas cuestiones que no las veíamos claras porque conocemos las argucias que son capaces de hacer unos determinados jueces».
Críticas al poder judicial
Turull ha reconocido que la palabra ‘lawfare’ como tal no sale a la Ley de Amnistía, pero ha resaltado que «el artículo 1.a se ha incluido toda la gente perseguida por la cúpula judicial desbocada«. «No se había visto nunca esta intimidación del poder judicial hacia el poder legislativo», ha sentenciado. El dirigente de Junts per Catalunya ha criticado que en el Estado español hay «una cúpula judicial que se siente el amo del estado» y ha avisado que el juez que no aplique la ley pactada con el PSOE «estará prevaricando». «La ley de amnistía prevé garantías para evitar que salgan los jueces haciendo argucias procesales para evitar la aplicación de la ley», ha remachado.
Reivindica el papel negociador de Puigdemont
Finalmente, el secretario general de la formación independentista ha reivindicado el papel negociador del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, porque en materia de «descriminalización del movimiento independentista» se llegará a la investidura con «aquellas tres condiciones que puso el presidente Carles Puigdemont sobre la mesa en la conferencia del 5 de septiembre»: la eliminación del independentismo de la directiva de seguridad del estado y del Europol y la ley de amnistía presentada.
