El Gobierno ha acusado el titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional (AN), Manuel García-Castellón, de prevaricar para querer «condicionar» la negociación para la investidura del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, al imputar por delitos de terrorismo el presidente al exilio y eurodiputado de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, y la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, y una decena de personas más en la causa del Tsunami Democrático. «Aquellos a quien los toca impartir justicia, algunos, no todos, buscan no solo condicionar negociaciones políticas, sino castigarlas, prevaricando», ha expuesto la portavoz del Gobierno catalán, Patrícia Plaja, en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo de este martes.
Plaja ha trasladado a la prensa la indignación del Gobierno catalán ante estas investigaciones porque, según ha dicho, «es una maldad acusar de terrorismo a aquellos que no han hecho nada más que defender de manera pacífica el derecho a decidir de Cataluña». «Responsables del estamento judicial están dando respuesta al llamamiento que hizo Aznar» por «dinamitar y hacer volar por los aires cualquier tipo de negociación política que a ellos no se los parezca conveniente o adecuado», ha añadido.
En este sentido, también ha criticado el posicionamiento del Consejo General del Poder Judicial impulsado por el bloque conservador contra la amnistía: «es un posicionamiento público sin precedentes en contra de legítimas negociaciones políticas». «Es un posicionamiento sobre una cosa que todavía no ha pasado y aquellos que en un futuro se tendrán que posicionar, se avanzan y ya se muestran contrarios sin esconderse», ha denunciado.
Critica la reacción «rebelde» de la derecha «inmovilista»
Sobre las protestas ante las sedes del POSE en Madrid y del PSC en Barcelona, la portavoz del Gobierno catalán ha recordado que siempre han defendido la libertad de expresión y el derecho a manifestación «siempre que no se utilice la violencia», pero ha criticado la reacción «rebelde» de la «derecha inmovilista» Además, ha evitado valorar la actuación de la Policía Nacional, que hizo uso de gases lacrimógenos a Madrid para dispersar los manifestantes cuando intentaban superar el cordón de seguridad que habían montado ante la sede del PSOE. «No nos corresponde hacer ninguna valoración sobre la actuación policial», ha dicho.
Por otro lado, ha apuntado que el objetivo de este sector que se está movilizando contra la amnistía es mantener la idea de la España «una, grande y libre». Aun así, ha insistido que ahora es el momento de la política y la negociación, pero ha evitado pronunciarse sobre las últimas negociaciones entre Junts per Catalunya y los socialistas españoles para pactar la ley de amnistía y permitir la investidura del candidato del PSOE. «Si funcionará o no, esto solo lo pueden decir las partes que están llevando a cabo las negociaciones», ha concluido.
