La limitación de las compras especulativas de vivienda en Cataluña ha sido el principal tema en la negociación entre el Gobierno y los Comuns, que este jueves han rubricado un acuerdo para aprobar los presupuestos. El acuerdo sobre la vivienda no ha gustado a Junts per Catalunya, el principal grupo de la oposición en el Parlamento, porque cree que «exporta el modelo Colau a Cataluña», ni tampoco al sector inmobiliario, que ha calificado el pacto de «extrema izquierda populista». Además, el Cercle d’Economia también ha recelado de medidas que «ponen muchas restricciones a la vivienda». Por el contrario, el acuerdo tampoco ha gustado al Sindicat de Llogaters, que ve «limitaciones serias» en el acuerdo alcanzado por el grupo de Jéssica Albiach y el ejecutivo de Salvador Illa porque «está descafeinado respecto al informe inicial».
El portavoz de Junts en el Parlamento, Salvador Vergés, ha acusado este jueves al Gobierno de estar supeditado a los Comuns y de querer «exportar el modelo Colau» a Cataluña tras haber llegado a un acuerdo para apoyar los Presupuestos de este año. «El Gobierno está totalmente supeditado a los Comuns, que solo tienen seis diputados, pero marcan las políticas del país. Se pretende exportar el modelo Colau de Barcelona a todo el país y eso está en las antípodas de nuestro modelo», ha advertido en rueda de prensa. En espera de leer la letra pequeña del acuerdo, Vergés ha reiterado que están a favor de limitar la compra especulativa de vivienda a los «fondos buitre, pero no cuando se trata de un pequeño propietario y las casuísticas que eso conlleva».
«Es importante fijar bien y dar seguridad jurídica a lo que significa ser un gran tenedor», ha añadido Vergés, y ha acusado a los socialistas de asumir propuestas de los Comuns que no resuelven el problema de la vivienda. En todo caso, el diputado de Junts ha subrayado que todas las propuestas que han planteado los Comuns en materia de vivienda han «agravado» la crisis y no han «atacado el problema de fondo», que, según Junts, es la creación de más suelo y oferta, la reducción de la burocracia y la apuesta por la colaboración público-privada. Con todo, ha dejado claro que las propuestas de los Comuns que ha avalado el Gobierno son «inventos que han llevado a que el problema se agrave y que no atacan el problema de fondo».
Críticas del sector inmobiliario, del Cercle d’Economia y el Sindicat de Llogaters
Por otro lado, el gerente de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, ha opinado que se trata de un pacto «de extrema izquierda populista» y ha advertido que la modificación de la ley de urbanismo que plantean los Comuns y el Gobierno puede tener «problemas jurídicos de constitucionalidad» porque trata competencias del Estado español. En la misma línea se ha pronunciado la presidenta de la Associació d’Agents Immobiliaris, Montserrat Junyent, que ha alertado que la medida genera «inseguridad jurídica». Con todo, el sector inmobiliario cree que la norma dificultará la rehabilitación de viviendas y, además, afectará especialmente al inversor «medio o patrimonial».
Por su parte, el Cercle d’Economia ha celebrado el acuerdo de presupuestos entre el Gobierno y los Comuns, pero ha mostrado su recelo por “poner muchas restricciones a la vivienda». La entidad empresarial considera que limitar la compra especulativa, «a priori, no es lo mejor» para Cataluña. La presidenta del Cercle, Teresa García-Milà, ha manifestado que esta medida «tiene una problemática de oferta», y ha reclamado políticas «más proactivas» para mejorar este aspecto. Otro actor que ha criticado la medida ha sido el Sindicat de Llogaters, pero porque considera que la norma ha quedado «descafeinada» de su planteamiento inicial porque permite comprar vivienda para ponerla en alquiler «en caso de que lo hagan arrendadores con menos de cinco propiedades» y reclaman que solo se pueda comprar un piso «si es para vivir en él».
¿Qué dice la modificación de la ley de urbanismo?
La modificación de la ley de urbanismo acordada entre el Gobierno y los Comuns habilitaría a los ayuntamientos catalanes a elaborar planes especiales de urbanismo que limiten la compra de vivienda a personas físicas con el objetivo de residir en ella, con algunas excepciones. Si se aprueba, se aplicará a zonas de mercado tensionado y mientras tengan esta condición, y el objetivo es que los consistorios lo apliquen antes de las elecciones municipales del 2027, una iniciativa que podrán trasladar a los plenos municipales también asociaciones privadas y entidades para que se debata. Los Comuns proponían que los pequeños propietarios no pudieran adquirir más de una vivienda, pero, finalmente, el acuerdo establece que podrán adquirir hasta 4 viviendas en su municipio de residencia habitual. Esto siempre que las alquilen según el índice de precios topado, o se destine para residencia habitual propia o de familiares hasta segundo grado (padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos).
En cambio, los grandes propietarios no podrían adquirir pisos, solo podrían comprar edificios enteros, con la obligación de que el alquiler de los pisos sea residencial y con el precio topado. Habrá mecanismos para que, en todo caso, se compre el edificio entero de una vez (bajo estas condiciones de alquiler topado) y evitar que se compre piso a piso hasta quedarse finalmente con todo el edificio entero. En cambio, la modificación de ley permite que se puedan adquirir segundas en otro municipio que no sea el de residencia habitual (tanto para pequeños como para grandes propietarios), aunque no se podrán poner en alquiler.
