El Gobierno se marcó el pasado 27 de agosto el objetivo de que los presupuestos de 2025 entraran en vigor el mismo 1 de enero, pero eso no será posible, y el mismo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha insistido esta semana, también en sede parlamentaria, que «no llegarán a tiempo». La tramitación presupuestaria requiere unas cuatro o cinco semanas, y para tenerlos aprobados, debería iniciarse el trámite parlamentario antes del 15 de noviembre, que es este viernes. «No será posible», ha reconocido el ejecutivo, que ha modificado su discurso y ahora prioriza unos buenos presupuestos antes que cumplir con el calendario fijado de inicio y ha señalado al congreso de ERC como la principal causa del retraso. «Los presupuestos no pueden solo incluir los acuerdos alcanzados en el pacto de investidura, deberán incluir más cosas», han replicado fuentes de Esquerra Republicana, que este mismo martes han seguido adelante y han presentado una proposición de ley para revertir la rebaja fiscal sin esperar que se incluya en la ley de medidas de acompañamiento a las cuentas.
La misma consejera de Economía y Hacienda, Alícia Romero, ha evidenciado que el acuerdo de los presupuestos aún está verde: se «avanza» con los Comunes, que últimamente han subido la apuesta en vivienda, y la negociación con ERC es «más lenta» debido al proceso interno de la formación republicana. En este sentido, las mismas fuentes de ERC han admitido que su cónclave afecta «el ritmo» de la negociación, pero «no el fondo». Unas negociaciones que ahora mismo, según las mismas fuentes, están detenidas y solo se ha producido un primer contacto a mediados de septiembre. Por el contrario, fuentes del Gobierno consultadas por El Món han reconocido que no ha habido encuentros formales, pero que se mantienen contactos «informales» para avanzar en la negociación. «Es importante que se avance con los acuerdos de investidura, sobre todo con la financiación singular», han insistido las fuentes de ERC, un punto que Josep Maria Jové ha reiterado en las diversas sesiones de control que ha habido desde el inicio de la legislatura.
Romero, además, ha asegurado este mismo miércoles que ya tienen listos los presupuestos y que los podrían presentar «mañana» mismo, una afirmación que desde ERC rebaten porque no tienen «información al detalle» del presupuesto de cada departamento. «Casi listos», puntualizan fuentes del Gobierno, que insisten en que el cónclave republicano condiciona la negociación de las cuentas. Una situación, remarcan, que se puede resolver el 30 de noviembre, o que se puede alargar 15 días más si ningún candidato alcanza el 50% en la primera votación.
En cualquier caso, fuentes del ejecutivo han reiterado que cumplirán con los acuerdos de investidura y, por ejemplo, han destacado que ya se han dado «pasos adelante» con la financiación singular, y que el mismo presidente de la Generalitat y la consejera de Economía se han pronunciado públicamente. «A estas alturas no hay elementos de cumplimiento», replican las fuentes de ERC consultadas por El Món, que reclaman concreciones al Gobierno como, por ejemplo, la creación de una Oficina para las Selecciones Catalanas, como ha exigido ERC en el pleno de este miércoles, o que presente ya el calendario para lograr el nuevo modelo de financiación. «Esto podría estar hecho ya, y las palabras no son suficientes», han apuntado días después de que el presidente de la Generalitat manifestara que lo tendrían listo para principios del año que viene.
Los Comunes centran todos sus esfuerzos en la vivienda
Los Comunes, la otra formación vinculada a la negociación, también tienen un congreso, fijado para este fin de semana, 16 y 17 de noviembre, pero la formación ya ha dejado claro que esto no es un impedimento para negociar las cuentas con el Gobierno, con quien ya se han reunido tres veces. Aun así, el margen que da el calendario les ha servido también para endurecer las bases de la negociación. Los Comunes son exigentes con cuestiones vinculadas a la vivienda, un tema crucial en esta negociación, y el próximo 21 de noviembre hay programada una reunión monográfica para tratar esta cuestión con el ejecutivo. De hecho, fuentes del Gobierno han aceptado que el grupo de Albiach los está «presionando» con cuestiones vinculadas a la vivienda, pero, sin embargo, han dejado claro que ven margen para alcanzar el acuerdo y que las negociaciones siguen adelante.
El objetivo del grupo que lidera Jéssica Albiach es que el ejecutivo de Salvador Illa se comprometa a destinar más de 734 millones de euros del presupuesto a la partida de vivienda con medidas que sirvan para mejorar los dos principales problemas de este ámbito: el acceso a la vivienda y la rebaja de los precios del alquiler. Sobre este segundo problema, defienden que implementar un régimen sancionador es la herramienta más inmediata para bajar los precios del alquiler. Y, para hacerlo posible, los Comunes no descartan utilizar medidas de presión como apoyar una eventual huelga de alquileres. «Tendremos que pelearnos hasta el final», han apuntado fuentes oficiales de los Comunes a El Món, a la vez que también han remarcado que tienen «una hoja de ruta muy clara, que es el acuerdo de investidura, y se trata de que se cumpla». Aun así, reconocen que los datos que les ha facilitado el Gobierno sobre la partida de vivienda son inferiores a los que había en el último proyecto de presupuestos elaborado por el Gobierno Aragonès y que su objetivo es que se supere el umbral de los 734 millones.
A pesar de todo, el Gobierno se muestra seguro de que cuando muestren las cifras completas a los Comunes y las políticas de vivienda que quieren implantar se disiparán las dudas que puedan tener. Así, el ejecutivo de Illa, además de recordar la inversión de 1.100 millones anuales durante cuatro años para construir parque de vivienda pública, ha asegurado que en las cuentas «se duplicará» la partida prevista para la Agencia Catalana de la Vivienda. También ha recordado que los 1.100 millones anuales anunciados por Illa durante cuatro años para construir 50.000 viviendas es la cantidad «más grande destinada nunca» a políticas de vivienda. Para convencer a los Comunes, el Gobierno estudia incrementar la tasa turística para el próximo año y que una parte de esta recaudación también se destine a impulsar políticas de vivienda. «Hemos presionado», insisten las mismas fuentes del grupo de Albiach, que se muestran «optimistas» porque los socialistas «se sienten un poco atrapados», y creen que la próxima reunión debe servir para «desencallar» la situación.
Los acuerdos de investidura: el as en la manga del Gobierno
A pesar del tira y afloja que puede generar la negociación presupuestaria, el Gobierno ha recordado en varias ocasiones a Esquerra Republicana y a los Comunes que las cuentas son indispensables para desplegar los acuerdos de investidura alcanzados con republicanos y comunes. «Necesitamos los recursos vinculados», enfatizó hace unos días el ejecutivo, que no quiere forzar la máquina de la negociación para que las conversaciones lleguen a buen puerto. Sin embargo, desde el Gobierno de Illa quieren dejar claro que a estas alturas no prevén un giro de 180 grados en la negociación, pero también que solo llevarán las cuentas al Parlamento cuando tengan garantizados los apoyos necesarios, en referencia a los socios de investidura.
Pocas expectativas con los encuentros pendientes con Junts y el PP
De hecho, el PSC deberá seducir a sus dos socios de investidura, Esquerra y Comunes, para sacar adelante las cuentas, porque el resto de formaciones políticas del arco parlamentario, como es el caso de Junts per Catalunya y PPC, no se muestran abiertos a llegar a un acuerdo por las cuentas con el Gobierno, que, siempre que tiene la oportunidad, remarca que sus socios prioritarios «son los partidos de la investidura, ERC y los Comunes». Con este escenario, una delegación de diputados de Junts formada por Mònica Sales, Antoni Castellà y Jordi Munell se reunirá el viernes con el Gobierno para mantener un primer encuentro para abordar las cuentas del próximo año. «Iremos para ver qué nos cuentan».
Junts considera «sorprendente» que los presupuestos de un país dependan del congreso de un partido y apunta que la imposibilidad de tener las cuentas el 1 de enero es el «primer incumplimiento» del Gobierno en solo 100 días. Con todo, el partido de Carles Puigdemont se muestra pesimista de los frutos que pueda dar esta reunión porque su propuesta de bajar impuestos choca frontalmente con los acuerdos de investidura que los socialistas catalanes alcanzaron con republicanos y comunes y se comprometieron a no bajar «en ningún caso» la presión fiscal. Además, Junts es el grupo de la oposición y se presenta «como alternativa» y, como tal, no facilitará la tarea al Gobierno de Salvador Illa, que encajan estos encuentros dentro de la cortesía parlamentaria, pero, fuentes del ejecutivo, cierran la puerta a una revisión de los impuestos. «Ni de un lado, ni del otro», sentencian.
Por otro lado, el PPC aún está pendiente de cerrar una fecha para reunirse con la consejera de Economía para conocer de primera mano las prioridades del Gobierno de cara a las cuentas, pero dejan claro que no se trata de ninguna negociación, ya que se oponen a participar de cualquier proyecto y acuerdo que incluya pactos entre ERC y el PSC, y desde el Gobierno tampoco esperan ningún fruto y enmarcan el encuentro en explicar las líneas maestras de las cuentas. No participarán de ningún proyecto ni acuerdo que incluya los pactos entre PSC y ERC. «Es una línea roja infranqueable», sentencian desde la bancada popular. Finalmente, con la CUP no hay a estas alturas prevista ninguna reunión con el Gobierno y solo negociarán con los socialistas si hay un viraje en sus políticas, pero los anticapitalistas admiten que será «complicado».
