La polémica Junta de Seguridad entre la Generalitat y el Estado celebrada la semana pasada después de tres años de espera aún continúa. El Gobierno de Salvador Illa ha recibido numerosas críticas por aceptar la integración de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el sistema de emergencias catalán a través del 112. ERC, socio preferente del PSC durante la legislatura, incluso amenazó con no negociar ningún otro tema hasta que haya una rectificación. Pero los socialistas han ignorado las advertencias de los republicanos y han defendido la decisión, que rebajan a un mero trámite y le quitan cualquier simbolismo político.
“Cuando alguien llama al 112, ¿por qué lo hace? Porque tiene una emergencia y quiere una respuesta rápida”, ha defendido el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, en una entrevista en Catalunya Ràdio. “Ahora se avisará a la Policía Nacional y la Guardia Civil en aquellas emergencias que son competencia suya”. Dalmau considera que es un debate “alejado de lo que preocupa a la ciudadanía” y que hay interés en “hacer ruido”. Hasta ahora, eran los Mossos quienes avisaban a la policía española y ahora recibirán los avisos de manera directa desde el 112.
El problema, según expresan en privado los Mossos d’Esquadra, es que hay zonas grises en la distribución de competencias entre los diferentes cuerpos de seguridad en Cataluña que a menudo son fuente de conflicto, tal como ha explicado este diario en varias ocasiones. La gestión de la seguridad marítima es un buen ejemplo. Dentro de su escasa capacidad de maniobra, hasta ahora la policía catalana tenía cierto margen para decidir y gestionar qué emergencias se traspasaban a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Pero con la entrada de los dos cuerpos al 112, a partir de ahora será el servicio quien tendrá que decidir a quién se avisa en cada caso.
Los Mossos se quedan sin la seguridad de puertos y aeropuertos
La decisión ha provocado aún más malestar entre los partidos independentistas porque se produjo en la misma reunión que debía certificar la transferencia de las competencias de seguridad en los puertos y aeropuertos catalanes. Era un acuerdo que había negociado con discreción el Gobierno de Pere Aragonès y que el PSC ha puesto en cuarentena con la excusa de que los Mossos d’Esquadra tienen escasez de personal. “Queremos competencias, pero necesitamos agentes”, dijo después de la reunión la consejera de Interior, Núria Parlon.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, tuvo que esforzarse este miércoles para defender en el Parlamento los acuerdos deslucidos de la Junta de Seguridad. ERC calificó de “inaceptables” los resultados de la esperada reunión y la CUP lo acusó de ver Cataluña “como una colonia”. Illa salió al paso de las críticas como pudo. “No cederé ninguna competencia, no renunciaré a ninguna competencia. Y cuando acabe mi presidencia, Cataluña tendrá más competencias”, dijo de manera genérica. El presidente socialista defendió que los Mossos asumirán la seguridad de puertos y aeropuertos “cuando se tengan las condiciones” sin especificar cuándo y cómo se darán estas condiciones.
Pero la polémica no acabará aquí y el próximo miércoles Illa se someterá a una segunda ronda de críticas cuando comparezca ante el Parlamento para explicar los acuerdos de la Junta de Seguridad. Junts, ERC, los Comunes y la CUP han hecho un frente común para exigir la comparecencia de Illa. En la misma Junta de Portavoces, los grupos parlamentarios han decidido posponer el pleno monográfico sobre el sistema de emergencias en Cataluña que estaba previsto para la semana que viene y finalmente se celebrará a finales de enero.
