Defender la gestión y también cargar contra el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) entre 2016 y 2020. Este ha sido el duro contenido del exsecretario general del departamento de Derechos Sociales, Oriol Amorós, que de hecho, solo estuvo en el cargo 45 días, del periodo fiscalizado por la auditoría pública. Amorós ha llevado el informe, lleno de post its y notas, así como las alegaciones presentadas en su día a la Sindicatura y que, a su parecer, el organismo despreció.
En su comparecencia en la comisión de Derechos Sociales del Parlamento, Amorós ha sido el último en hablar después del consejero Chackir El Homrari, su antecesor en el cargo, Josep Ginesta y la exdirectora de la DGAIA, Ester Cabanas. Amorós llevaba el trabajo hecho y, como exdiputado –fue miembro de la comisión de investigación del caso Pujol– no ha escatimado en ironía, carga ideológica, datos y algún golpe político. De hecho, como quien no quiere la cosa ha alertado sobre la figura de la síndica que firmó el informe, Maria Àngels Cabasés, recordando que fue propuesta por Junts, pero omitiendo, expresamente, que fue miembro de la dirección de ERC.
Un informe sin contexto
Su intervención comenzó reprochando que un informe de estas características en relación a sus finalidades «no tenga presente el contexto». Elementos como que la Generalitat «no tenía ninguna información sobre los flujos migratorios», frente a la llegada masiva de menores no acompañados, la Covid-19, la falta de presupuesto o la presión de la fiscalía. Y, sobre todo, que el informe no tiene presente que en 2016 todo era «contratación» y en 2020 todo había cambiado a «concierto».
Por otro lado, ha criticado que después de presentar 90 páginas de alegaciones más los anexos, la Sindicatura solo corrigió dos detalles como que «sí habían enviado toda la información» y que se habían «equivocado en unas tablas». Unas alegaciones que solo se han valorado en cuatro líneas cuando se había dado una «explicación detallada de todas las conclusiones de la Sindicatura». «De ahí mi enojo, porque ustedes no han leído las alegaciones», ha remarcado incidiendo en que la Sindicatura tampoco.
Disputa con Junts y en la Sindicatura
También ha acusado a los portavoces de no hilar fino en sus intervenciones porque en ningún caso la Sindicatura apunta que se han incrementado los beneficios de las entidades contratadas. A partir de aquí, ha cargado especialmente contra Junts, porque el Gobierno del presidente Quim Torra y el de Carles Puigdemont apostaban por la acogida. Una crítica que la diputada de Junts, Ennatu Domingo, ha calificado de «insolente». Una estrategia que implica ofrecer el servicio con todos los derechos. En todo caso, ha ido una por una de las conclusiones para contestarlas con datos. Especialmente contundente, ha sido con los contratos de emergencia -uno de los puntos fuertes del informe- para atender la llegada masiva de menores no acompañados que vivían en la calle y que los alcaldes reclamaban que fueran atendidos.
«Teníamos que afrontar el sinhogarismo de jóvenes y menores», ha argumentado. «No podíamos decir a los alcaldes que tenían que esperar quince meses por un sistema de adjudicación», ha subrayado. Asimismo, ha puesto el dedo en el ojo de la Sindicatura cuando el informe asegura que en 2020 se encontraba «lejos de la excepcionalidad prevista» que justificara los contratos de emergencia. «Debe ser la única institución del mundo, la Sindicatura, para la que la Covid no fue una excepcionalidad», ha ironizado para justificar la apertura de nuevos centros para respetar capacidades o centros para menores que tenían a sus padres ingresados en el hospital y no podían estar con los abuelos por motivos de riesgo. Para Amorós, no hay ningún contrato de emergencia que no cumpliera los requisitos de la ley: los menores estaban en situación de riesgo y necesitaban atención inmediata.
