El maratón de comparecencias de esta mañana en la comisión de Derechos Sociales e Inclusión del Parlamento de Cataluña está que arde esta mañana. Los exresponsables del departamento de Derechos Sociales, así como de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), han aprovechado la ocasión para defender su gestión y administración durante los años que estuvieron a cargo, al mismo tiempo que un informe de la Sindicatura de Cuentas apuntaba irregularidades en las contrataciones. Es decir, en 2016 y 2020.
El exconseller Chakir El Homrani, los exsecretarios generales del departamento Josep Ginesta y Oriol Amorós, y la exdirectora de la DGAIA, Ester Cabanes han comparecido después de que lo hiciera Ricard Calvo, otro director de la DGAIA. Todos ellos llevaban los deberes hechos y un argumentario bastante similar, concreto y claro. En primer lugar, el exconseller ha informado que atendieron la urgencia de una llegada masiva de menores no acompañados entre 2016 y 2018, un sistema de contratación pública muy enrevesado que complica la acción rápida y al mismo tiempo «cambiábamos el sistema». El Homrani ha defendido la creación de un «operador público potente» de servicios sociales siguiendo el modelo del Instituto Catalán de la Salud. Un sistema que es más ágil y más adaptable a la realidad cambiante en unas prestaciones que requieren una atención inmediata y urgente, y que es difícilmente controlable.
«Atender la urgencia, cambiar el sistema»
El Homrani ha contextualizado su gestión mencionando que antes de 2016, la llegada de menores no acompañados se situaba en cifras de entre 383 a 296 al año. Pero en 2016, la cifra se situó en 639, en 2017 fue de 1.438 y en 2018, 3.709. Especialmente significativa es la cifra de junio a octubre de 2018 que fue de 2.372 menores. Una situación que muestra la «dimensión» de los hechos, y que, además, se complicó en los 7 meses de parálisis administrativa a raíz de la aplicación del 155.
Una situación que obligaba a ampliar contratos para no dejar de ofrecer el servicio de protección a la infancia. «Si no se actúa, la brutalidad de las consecuencias nos hace encogernos», ha asegurado el exconseller. En un sistema, que tanto en Cataluña como en el resto de Europa, cuesta mucho encontrar familias de acogida. Una de las cifras que ha ofrecido es que cuando dejó la conselleria había 1.256 niños menores de 6 años bajo tutela de la DGAIA y solo 234 en régimen de acogida familiar. «Con una tendencia a incrementar», ha rematado.
Según ha explicado el exconseller, la idea era evitar «los macrocéntros» como se habían abierto en diferentes partes del Estado, con 250 chicos bajo un mismo techo. La apuesta de la Generalitat era por centros pequeños y pisos, que no tiene tanta repercusión social y la adaptación de los niños tenía mejores resultados educativos y laborales. De hecho, el exsecretario general del departamento, Oriol Amorós, en una comparecencia posterior ha añadido la causa económica, con el entendimiento de que en un centro el costo es entre 120-150 euros por menor y día, y en los pisos el costo baja a 40/60 euros día, porque se ahorran costos como ahora la limpieza, la seguridad o la comida.
Los modelos de contratación
Todos los comparecientes han incidido especialmente entre las diferentes tipologías contractuales de la administración: los ordinarios, los urgentes y los de emergencia. Un sistema que no facilita las contrataciones rápidas. Un sistema ordinario implica de media unos 15 meses, los urgentes 7 meses y los de emergencia se reduce a semanas. Un sistema que, además, se entorpece por la falta de presupuesto. Cabe decir, que los contratos de emergencia que impedía dedicar dinero a recursos administrativos, es decir, contratar o pagar personal por tareas que no afectan el servicio de emergencia que se basa en una adjudicación extraordinaria cuando hay un riesgo para las personas.
Un sistema que sirvió, por ejemplo, para abrir el Dispositivo de Atención Inmediata, para chicos que llegaban y que no tuvieran que pasar noches en la comisaría y que contaba con el apoyo de los Mossos d’Esquadra y del departamento de Salud, y cumplía con los requisitos y las órdenes que emitió la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y de la fiscalía que defendía los derechos de los niños. Además, una de las estrategias de la conselleria fue «no abandonar a los chicos cuando cumplen más de 18 años, como no hacen los catalanes con sus hijos». «Somos los únicos del Estado que hacemos este servicio», ha subrayado. Un sistema que obligó a nuevas contrataciones.
El sistema de contratación ha sido una de las estrellas de las alegaciones de los responsables políticos. En esta línea, resaltan que a partir de 2020, que el sistema de adjudicación pasó a ser mayoritariamente de «coordinación». «Quizás hubo incidencias, no irregularidades», ha enfatizado Ginesta. «No hubo un mal uso de los recursos públicos», ha concluido Ginesta.
