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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que este viernes cumplirá dos años desde que fue investido, cerró el curso político la semana pasada haciendo un balance abiertamente triunfalista de la primera mitad de su mandato. Presentó una visión muy «positiva» de la acción del ejecutivo, asegurando que «la tercera gran transformación de Cataluña está en marcha» y que estos dos años han supuesto «un gran salto adelante» para lograr unos servicios públicos e infraestructuras de primer nivel que el país necesita. Aunque reconoce deficiencias en ámbitos como la educación o la movilidad, el presidente ve un horizonte casi idílico: «Lo resolveremos y tendremos una movilidad y una educación excelentes, y no pasará mucho tiempo hasta que sea así». Si bien el ejecutivo ha conseguido proyectar un clima de estabilidad y ha aprobado acuerdos de alcance relevante –como el último presupuesto de la Generalitat–, sus socios prioritarios de legislatura –con los Comuns en un tono más crítico que ERC– y los grupos de la oposición apuntan a una falta de resultados tangibles en el día a día y a un cierto colapso en las carpetas estructurales del país.

Los politólogos Jesús Palomar y Toni Rodon analizan las luces y sombras de estos dos primeros años de mandato, marcados por la dificultad de cumplir con los compromisos adquiridos con Esquerra Republicana y los Comuns, pero por el hecho de tener unos presupuestos aprobados este curso político. El análisis que hacen es claro: Illa parece consolidado en su estrategia de resistencia y perfil bajo. Es decir, un gobierno que actúa como una gestoría, pero que, a pesar de lo que dice el presidente, renuncia a ejercer como el motor de ambición nacional y social que Cataluña requiere para afrontar sus retos estructurales.

El politólogo y profesor de la Universidad Pompeu Fabra Toni Rodon considera que la sensación general, a nivel político, es la de un Gobierno que «resiste» porque «le ha ido mejor de lo que pensábamos al principio», sobre todo porque ha podido aprobar «cierta» agenda de gobierno y, además, ha podido aprobar los presupuestos «en una época en que los presupuestos nunca se aprueban». «Eso ya es un triunfo», expone. Sin embargo, expone que estos dos años de Illa han estado marcados por un «perfil muy bajo». «Es difícil, y eso ya lo vemos en las encuestas, que cualquier persona pueda mencionar algo de lo que hayan hecho», apunta. En este sentido, señala que los consejeros también intentan tener un «perfil bajo y de no hacer ruido», y discrepa del discurso triunfalista de Illa porque él sigue viendo la parálisis por «todas partes». «No hay anuncios importantes, no hay cambios estructurales», señala haciendo referencia a carpetas como el sistema de financiación, la gestión del aeropuerto del Prat, los transportes o un nuevo sistema educativo, entre otros. «No ha pasado absolutamente nada. Por tanto, el gobierno se ha dedicado esencialmente a la gestión. Y parece que tengamos más una gestoría, que no un gobierno», sentencia.

El profesor de ciencia política de la UB Jesús Palomar lo sintetiza como un balance «que está rozando el 5 o el 6 en función de diferentes puntos de vista o de diferentes elementos». A pesar de haber logrado hitos relevantes como los presupuestos, Palomar señala que persisten crisis profundas: «Es cierto que se han aprobado presupuestos, que hacía años que no se aprobaban, pero también es cierto que ha habido varias crisis en sentido amplio, como la del ámbito de la educación, que aún no se ha resuelto y que tiene un recorrido muy largo». El principal reproche del análisis radica en la distancia entre la comunicación y la realidad, donde ve una cierta «incapacidad» ejecutiva para resolver los problemas estructurales de Cataluña. En este sentido, señala que el gobierno de Illa ha hecho anuncios con «titulares llamativos» que generan expectativas, pero que no se materializan en resultados palpables. El ejemplo más significativo de esta situación es la promesa de 50.000 nuevas viviendas públicas en Cataluña hasta 2030 porque, según el politólogo de la UB, después de dos años, la ciudadanía sigue sufriendo graves dificultades de acceso a la vivienda y no se visualizan los efectos de este anuncio. Esto, a su parecer, provoca que el Gobierno pierda mucha credibilidad, señala el politólogo, remarcando que superados los primeros 100 días o el primer año, un ejecutivo debe mostrar un bagaje real y no solo intenciones. «Hay titulares, pero no hay resultados. El Gobierno funciona a base de anuncios, pero no tiene un plan estratégico ni un rumbo claro para el país», sentencia.

La consellera de Economía de Catalunya, Alícia Romero, y el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, celebran la aprobación de los presupuestos / Europa Press

La supeditación a Madrid

El discurso oficial del Gobierno, centrado en proyectar la idea de que Cataluña ha superado una etapa de paralización para poner el país en marcha, no termina de encajar con la presión y el malestar de las fuerzas que le brindan apoyo parlamentario. Tanto Esquerra Republicana como los Comuns han expresado de forma reiterada su frustración por la lentitud en el cumplimiento de los acuerdos de investidura. Mientras tanto, las decisiones y el ritmo de la política catalana quedan a menudo supeditados a la compleja aritmética del Congreso de los Diputados y a las turbulencias de la política estatal. Las incertidumbres en Madrid no facilitan el trabajo al ejecutivo de la Generalitat, que ve cómo carpetas clave dependen de negociaciones que van mucho más lentas de lo previsto.

Toni Rodon ve evidente que el ejecutivo de Salvador Illa vive constantemente supeditado a Madrid. «No solo discursivamente, sino también en las políticas públicas», manifiesta, y alerta de que ir a rebufo de Pedro Sánchez «trae problemas», porque ni los trenes han mejorado, no hay nuevo sistema de financiación y el grado de ejecución de inversiones es igual de bajo que siempre, entre otras cosas. Jesús Palomar, por su parte, subraya la fragilidad de esta dependencia mutua: «Todos los acuerdos bilaterales que se tenían que llevar a cabo al final no están teniendo los resultados esperados. Parece que todo esté por hacer. Hay una agenda, pero no hay un calendario de actuación», e insiste en que hay falta de voluntad del Gobierno «de acabar de salir del titular».

El president, Salvador Illa, i la consellera d'Economia, Alícia Romero, a la reunió del Consell Executiu del Govern de la Generalitat. | Rubén Moreno - Govern de la Generalitat
El president, Salvador Illa, y la consellera de Economía, Alícia Romero, en la reunión del Consell Executiu del Govern de la Generalitat. | Rubén Moreno – Govern de la Generalitat

La falta de rumbo y el riesgo de las encuestas

Más allá de la gestión administrativa diaria, los analistas señalan la falta de un proyecto de país a largo plazo por parte del ejecutivo. Palomar opina que el día a día de la Generalitat parece centrado en ir «tapando agujeros» a medida que aparecen socavones por obras de infraestructuras o por las exigencias de los diferentes grupos parlamentarios o las protestas de colectivos afectados –docentes, bomberos–, en lugar de desplegar un plan estratégico definido a medio o largo plazo: «No es que no estén haciendo nada, pero son cosas de gestión del día a día y poco ambiciosas o poco estratégicas». «El gobierno no tiene un rumbo», concluye, y advierte que «las encuestas tampoco son especialmente esperanzadoras para los socialistas; a pesar de ser la fuerza más votada, las mayorías parlamentarias no tienen nada que ver con las de ahora».

Toni Rodon, por su parte, señala que la actividad gubernamental se ha visto condicionada principalmente por la gestión de crisis puntuales, y destaca especialmente la eterna asignatura pendiente de los transportes (Rodalies), la crisis con la comunidad educativa y el posterior fiasco de las pruebas Pisa. La percepción general, según el experto, es que se ha cambiado la parálisis del debate soberanista por una parálisis de ejecución transformadora. De cara a la segunda mitad de la legislatura, Rodon no prevé grandes cambios ni nuevos grandes acuerdos presupuestarios: «Yo creo que los presupuestos que se aprobaron la última vez serán los que se mantendrán hasta las elecciones. Es lo más probable, porque cada vez los presupuestos se utilizan más como una herramienta política». La conclusión del análisis es la de un Gobierno abocado a la resistencia y a la gestión de inercia hasta el próximo terremoto electoral.

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