La consejera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas Guix, ha presentado este martes la propuesta de financiación singular ante el Consejo Ejecutivo. Después de entregarlo al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, quién le hizo el encargo a finales de noviembre de elaborar un proyecto para poner fin al déficit histórico del Estado con Cataluña. La consejera de Economía, Natàlia Mas Guix, ha manifestado que es una propuesta «muy completa y muy trabajada» con el objetivo que «el bienestar de la Cataluña entera mejore». «No hay autonomía real sin autonomía financiera», ha subrayado en la presentación de la propuesta para una financiación al estilo del País Vasco para la «soberanía fiscal llena» que, por otro lado, también incluye mecanismos de solidaridad con otras comunidades autónomas.
La propuesta incluye, en esencia, el proyecto incluye la gestión de todos los impuestos por parte de la Generalitat para poner fin a un «déficit fiscal desmesurado y persistente», puesto que, según ha detallado la consejera, «en los últimos 40 años, la cantidad de recursos que la economía catalana ha aportado a las arcas del Estado y no ha devuelto se sitúa de media al 8,1% del PIB». El documento se basa en «un modelo de soberanía fiscal llena», que implicaría que la Generalitat asumiera la gestión y recaudación de todos los impuestos que se pagan en Cataluña al margen de los tributos locales. Esto incluiría las grandes figuras tributarias como el IVA, el IRPF, el impuesto sobre sociedades o los impuestos especiales.
Así lo ha detallado la titular de Economía en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo de este martes, donde ha presentado la propuesta con la portavoz del Gobierno, Patrícia Plaja. Mañana será el turno de Pere Aragonès, que defenderá la propuesta en un almuerzo informativo a Madrid para «interpelar» al estado español que es «urgente acabar con esta infrafinanciación crónica». De hecho, el presidente quiere convertir esta propuesta en uno de los pilares fundamentales de su proyecto político y también de la precampaña y campaña electoral de Esquerra Republicana para las elecciones en el Parlamento del próximo 12 de mayo.
El Gobierno subraya que con la aplicación de esta propuesta, la Generalitat pasaría de gestionar el 9% al 100% de los impuestos generados en Cataluña, y disfrutaría de plena capacidad normativa para regularlos. En cifras económicas, la propuesta se traduciría en un ingreso potencial próximo a los 52.000 millones de euros anuales, el doble que con el modelo de financiación actual (25.616 millones a partir de datos del 2021, último año liquidado). Por otro lado, la propuesta también contempla un instrumento para devolver una parte de esta recaudación al estado español como «contraprestación por los servicios que éste presta en Cataluña» y un fondo de reequilibrio territorial que se destinaría en aquellas comunidades autónomas con «menor capacidad económica, para contribuir a la equidad entre territorios», pero la propuesta no detalla qué porcentaje se destinaría. «En el modelo vasco este segundo elemento casi no existe», ha resaltado la consejera.
El Gobierno defiende la constitucionalidad de la propuesta
Por otro lado, el documento presentado hoy incluye un apartado jurídico, elaborado por el Instituto de Estudios del Autogobierno, que concluye que la propuesta es constitucional porque el marco español «permite implementar opciones políticas diferenciadas sobre la financiación autonómica» si no incurren en la arbitrariedad ni introducen desigualdades injustificadas y deja claro que la carta magna no exige en ningún caso que el sistema de financiación autonómica establecida por el estado español tenga que ser solo uno e igual por todas las comunidades. Y en este sentido, recuerda que el concierto vasco y el convenio navarro.
Además, remarca que la propuesta «no contraviene el principio de solidaridad», puesto que la propuesta de financiación singular habilita mecanismos para contribuir a la «cohesión territorial». Así mismo, remarca que esta propuesta se puede hacer efectiva a través de una ley orgánica de modificación de la LOFCA, que se tendría que complementar con cambios a la ley de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y a la ley de cesión de tributos en la comunidad autónoma de Cataluña.
Una propuesta para la bilateral Estado-Generalitat
La consejera Natàlia Mas Guix ha recordado que el acuerdo de legislatura firmado entre ERC y el PSOE, además de la cancelación de la deuda de 15.000 millones del FLA, también hace constar por escrito que las dos partes, en una comisión bilateral Sido-Generalitat, tendrán que negociar durante el primer trimestre del 2024 una reforma de financiación para Cataluña. Es decir, este plazo finaliza la semana que viene, cuando se tendría que haber reunido la tabla de negociación entre gobiernos, y a estas alturas no ha concertada ningún encuentro. Aun así, la portavoz del Gobierno ha dejado claro que, a pesar de la convocatoria de elecciones, «aquí no se aparca nada» porque el Gobierno está «plenamente operativo».
De hecho, la consejera Mas Guix ha confirmado que trasladará la propuesta de financiación singular al ejecutivo español, también a partidos y agentes económicos, para «acabar con esta infrafinanciación crónica» y ha defendido que la propuesta presentada en precampaña cumple con el trabajo que se habían marcado y lo ponen a «disposición» del gobierno que surja de las urnas. Aun así, como ha hecho la portavoz, la titular de Economía ha reclamado al estado español que «dé respuesta» a la propuesta y convoque la bilateral. «No será por nosotros que lo apartamos o quede fuera de agenda», ha remachado, y ha dejado claro que el ejecutivo no participará de una negociación multilateral porque «no lleva en ninguna parte».
