El ministerio de Igualdad del gobierno español prepara una nueva proposición de ley por prohibir los prostíbulos. Así lo ha confirmado la nueva ministra Ana Redondo en una comparecencia ante la comisión de Igualdad del Congreso, asegurando que presentará próximamente una propuesta por penalizar las «tercerías locativas» -una figura jurídica referida a la cesión de inmuebles o locales para el ejercicio de la prostitución, mediante la que se busca atacar a los propietarios de los clubes y locales que se lucran de esta práctica-. La idea de la penalización de los prostíbulos ya se había discutido, como recuerda la misma Redondo, a finales de la anterior legislatura, si bien no se llegó a salir adelante por el obstáculo regulador que supuso el adelanto de las elecciones generales. La actual titular de la cartera asegura que normas similares ya funcionan en otros países, y reclama una «mayoría amplía» y un «debate social intenso, riguroso y profundo» para implementarla completamente.
La penalización de los prostíbulos reclama, pero, una «alternativa» para las mujeres que ejercen la prostitución en el Estado, unas 60.000, en palabras de la misma Redondo. La ministra reclama medidas para asistir estas mujeres, muchas de ellas en una situación material especialmente precaria. Así, se buscará una «solución económica, residencial y ocupacional» que permita «dar una vida digna y justa». Para comenzar un proceso de estas dimensiones, pero, la socialista reitera el compromiso de «incluir en el Código Penal las tercerías locativas y prohibirlas».
Hoja de ruta hacia la abolición
La misma Redondo plantea la prohibición de los locales de prostitución como un primer paso, «no definitivo, pero sí importante» en una larga hoja de ruta hacia la abolición, una posición dominante dentro del PSOE. De hecho, en palabras de la misma titular de igualdad, «como socialista, no negaré que el abolicionismo es un fin». La propuesta, pero, cayó del programa del gobierno de coalición por las diferencias en esta materia que todavía sostienen con su socio de gobierno, Sumar. La ministra, sin embargo, no ha confirmado si se retomará solo la penalización de los prostíbulos o si volverá el conjunto de la ley contra el proxenetismo que los socialistas promovieron a finales de la legislatura pasada. La propuesta ya había llegado al Congreso con el apoyo del Partido Popular y de Podemos, si bien facciones del actual espacio de Yolanda Díaz, como por ejemplo los Comunes, se opusieron.
