Al ministro español de Justicia, Félix Bolaños, aún le quedaba una trinchera por superar. Su reforma de la administración de justicia, ahora con un anteproyecto para modificar el ministerio fiscal y de acceso a la carrera judicial, ha chocado de frente con uno de los sectores más duros de la sociopolítica española, la derecha judicial y de la fiscalía. La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales han firmado un comunicado conjunto a raíz de la «situación de descontento generalizado» que, según ellos, ha provocado el anteproyecto de ley para reformar el ministerio público. Incluso, ya han convocado una protesta para el próximo 11 de junio.
Las asociaciones que se enmarcan en el sector conservador no dan rodeos y solicitan directamente la retirada del proyecto porque consideran que recoge «medidas altamente perjudiciales», que «afecta gravemente la independencia judicial«, que el cambio «no responde a una verdadera demanda social» y que no contribuye a «solucionar los verdaderos problemas de la justicia». También dicen que la propuesta «incrementa los riesgos de la politización de la justicia» y «debilita los valores en los que se sustenta el estado de derecho». Toda una declaración de intenciones de un movimiento nacido a través de un grupo de WhatsApp autodenominado Proyecto de estabilización, que incita a hacer una huelga como “reacción legítima” al proyecto que la Moncloa aprobó el pasado 13 de mayo.
Una oportunidad perdida
El comunicado emitido por los jueces y fiscales conservadores asegura que después de «analizar el anteproyecto de ley de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con la idea de preparar la futura atribución a los fiscales de la instrucción de los delitos, concluimos que supone una oportunidad perdida de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas». De ahí que reclamen retirar el proyecto para «construir un estatuto que dé una verdadera respuesta a las exigencias de independencia de la institución y que cuente con los trabajos de todas las asociaciones de fiscales y de la carrera fiscal».
Por otro lado, las asociaciones también reclaman el cumplimiento de un acuerdo del 23 de mayo de 2023, de hace dos años, para ofrecer una «amplísima convocatoria de los turnos libres y de cuarto turno para alcanzar suficiente dotación de jueces que equilibren las jubilaciones que se están produciendo y mejorar la calidad y la rapidez del servicio que prestamos a la sociedad». Además, avisan que si el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos tal como está proyectado, lo impugnarán judicialmente.
Por todo ello han convocado una parada de diez minutos, el 11 de junio a las 12 del mediodía en las puertas de las sedes judiciales de todo el Estado. La intención es que «se constate el descontento por estos proyectos». De todas formas, también admiten que están dispuestos a continuar negociando con el poder ejecutivo y el legislativo.
