Carles Puigdemont ha enviado, sin decirlo abiertamente, un aviso a Yolanda Díaz, que en una entrevista en
El presidente catalán en el exilio ha defendido que es Junts quien tiene que poner las condiciones para pactar una hipotética investidura y que el gobierno español tiene “todo el derecho a discutir las condiciones y a negociarlas, solo faltaría”. Puigdemont ha hecho un símil con un cliente que va a un banco a pedir un crédito. En la oficina el cliente puede negociar “si hay un periodo de carencia y el tipo de interés que te proponen”, pero no le puede pedir a la entidad que “renuncie a cobrar intereses”.
La negociación por la ley de amnistía, a paso de tortuga
Las negociaciones entre el gobierno español y los independentistas catalanes van a paso de tortuga porque el PSOE parece no tener ninguna prisa para sentarse a hablar. Los socialistas prefieren esperar a que fracase la investidura de Alberto Núñez Feijóo y, una vez esté en marcha la cuenta atrás de la legislatura, entonces empezar a negociar con la esperanza de que la presión por una posible repetición electoral acabe forzando un acuerdo mucho más beneficioso para sus intereses.
De hecho, hasta ahora solo los comunes y Sumar han mostrado cierto interés para explorar la vía de la amnistía. Pedro Sánchez ha estado este domingo en Galicia y no ha hecho ninguna mención a las negociaciones. El presidente español en funciones ha ignorado las advertencias que Junts y ERC le han hecho este fin de semana y se ha mostrado convencido de que “habrá un gobierno progresista” en el estado.
Sumar apuesta para aprobar la amnistía después de la investidura
Yolanda Díaz es consciente de que se trata de una jugada muy arriesgada. Después de reunirse con Puigdemont en Bruselas y explicar abiertamente que Sumar está dispuesta a negociar la amnistía, Díaz ha aprovechado una entrevista en La Vanguardia para poner sus propias condiciones: en primer lugar, una hipotética amnistía tiene que ir unida a una renuncia a la unilateralidad —cosa que Junts difícilmente puede aceptar—; y en segundo lugar, y en línea con su trabajo al frente del Ministerio de Trabajo, quiere que la ley sea fruto de un gran pacto en el cual también deben estar “empresarios, sindicatos y sociedad civil”. Todo culminaría con una “ley orgánica” que garantizaría la amnistía.
El mensaje de Díaz deja entrever una cosa que los comunes hace días que avisan: la amnistía no se podrá hacer antes de la investidura, tal como piden ERC y Junts. Y no solo porque los plazos parlamentarios lo hagan casi imposible, sino porque involucrar a más actores en las negociaciones alargará el proceso. Con todo, los comunes también ven con preocupación las pocas ganas del PSOE de poner manos a la obra. Jaume Asens ha reconocido este fin de semana que no hay conversaciones abiertas con los socialistas. “No han movido ficha, no hay ninguna propuesta sobre la amnistía, no hay ningún texto, no estamos en una fase de intercambiar textos”.
