El PSOE ha cuestionado las últimas causas del Proceso y los últimos movimientos judiciales que se han producido y que han coincidido en el tiempo con la negociación y posterior tramitación de la ley de amnistía en el Congreso. Los socialistas españoles, según detalla lo ACN, consideran que los movimientos realizados en las últimas semanas y meses a la Audiencia Nacional y al Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona respecto a las causas que afectan los políticos independentistas tienen como finalidad condicionar de forma «inadmisible» el poder legislativo, que mañana celebrará en el Congreso el debate sobre las enmiendas que han quedado vivas del trámite en comisión antes de que la norma llegue a Senado.

Las fuentes socialistas interpretan estas actuaciones judiciales en clave de injerencia política. Una de estas causas es la de Tsunami Democrático, que investiga el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. En los últimos meses, el magistrado no solo ha reactivado la causa, sino que también ha ampliado las personas acusadas y ahora investiga Tsunami por terrorismo para que no puedan quedar incluidos en la nueva ley de amnistía. El otro caso es el que ha reactivado el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que ha reabierto la pieza que había archivado desde julio de 2022, sobre la supuesta trama rusa del Proceso. Ahora, el magistrado se muestra convencido que el independentismo, con el presidente en el exilio Carles Puigdemont al frente, “preparaba un cambio de modelo económico a través de las criptomonedas”.

Este no es el primer choque de la Moncloa con el poder judicial a causa de la ley de amnistía, que ha tensado las relaciones entre ambos poderes De hecho, el ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ya cargó contra el juez García-Castellón para avanzar la investigación a Carles Puigdemont por un presunto delito de terrorismo. Lo hizo la vicepresidenta cuarta del gobierno español, Teresa Ribera, que recibió el apoyo de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y también del ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Los tres recomendaron al juez instructor del caso Tsunami que sea “prudente” y ha criticado la “pulsión” de García Castellón para aparecer en “momentos políticos sensibles” y pronunciarse siempre en una “misma dirección”.

La vicepresidenta cuarta del gobierno español, Teresa Ribera / Europa Press

Ante esto, la élite judicial censuró las declaraciones de la ministra porque, según ellos, no respetan la “independencia judicial”. El Consejo General del Poder Judicial aprobó por unanimidad el pasado 20 de enero expresar su “rechazo rotundo”. Por otro lado, la Sala de Penalti de la Audiencia Nacional emitió una interlocutoria en que defienden la actuación del juez García Castellón y niegan que actúe por “motivaciones políticas” ni como “respuesta a la amnistía”.

El PSOE se cierra en banda con las enmiendas de ERC y Junts

Por otro lado, el PSOE mantiene su negativa a eliminar la mención de terrorismo a pesar de que Juntos cree que habría que eliminar completamente la excepción de los delitos del terrorismo, y ya ha anunciado que los diputados socialistas votarán en contra de las nuevas enmiendas que ERC y Juntos puedan llevar en el Congreso. La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, ha asegurado que «ahora mismo no hay sobre la mesa ningún cambio en la posición del PSOE sobre la votación» de las enmiendas que salió la semana pasada de la Comisión de Justicia del Congreso, y ha asegurado que su partido no está negociando más cambios a la Ley de Amnistía, puesto que considera «robusta, plenamente constitucional e impecable» la redacción actual. En rueda de prensa este lunes, Peña ha destacado que están «satisfechos» y ha subrayado que «no hay ningún cambio».

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