El PSOE ya ha puesto una propuesta sobre la mesa para intentar desencallar la ley de amnistía y obtener el ‘sí’ de Junts per Catalunya a la ley después del revés sufrido la semana pasada en el Congreso. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha abierto la puerta a una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) como parte de la negociación para convencer los juntaires que voten a favor de ley. La propuesta que Sánchez ha hecho durante una entrevista en La Sexta ya cuenta con el apoyo de Esquerra Republicana, que defienden esta y cualquier otra propuesta que sirva para aprobar la ley «lo antes posible». Aun así, esta oferta de Sánchez no incluye ningún cambio en el redactado de la ley que tumbaron la semana pasada.
Sánchez defendió el actual articulado hace unos días en una rueda de prensa desde Bruselas y este lunes ha insistido que la norma ya cubre todo el independentismo, pero este lunes ha abierto la puerta a reformar la LeCrim con el objetivo de acotar las instrucciones de los jueces. Después de que en las últimas semanas los jueces que investigan Tsunami y el caso Volhov hayan puesto en riesgo que algunos dirigentes se puedan acoger a la ley, Sánchez ha constatado que se han visto «instrucciones que se prolongan y que incluso los mismos fiscales han puesto en cuestión».
En este sentido, el presidente español ha remarcado que «hay elementos que podemos incorporar de mejora y que pueden enmendar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas». Así, el líder del PSOE considera que esta reforma que ha planteado «encaja perfectamente» a la ley de eficiencia de la Justicia que se convalidó hace unas semanas en la cámara baja española. «Hablaremos con los grupos parlamentarios para ver exactamente qué márgenes tenemos que mejorar de una ley que, insisto, es valiente, es reparadora y, sobre todo, es constitucional», ha insistido.
Tsunami no es terrorismo
Por otro lado, ha querido dejar claro que, a parecer suyo, el caso de Tsunami Democrático que investiga el juez Manuel García-Castellón no constituye un delito de terrorismo. En este sentido, ha equiparado estos acontecimientos a las protestas que ha habido contra el PSOE y el gobierno español los últimos meses en la calle Ferraz o el corte del A6. «¿Usted piensa que, por ejemplo, las concentraciones en la calle Ferraz durante estos últimos meses son terrorismo? Yo creo que no. ¿Haber cortado el A6, como se cortó a Madrid durante las protestas que han liderado algunos dirigentes de la ultraderecha y también de la derecha, son pruebas de terrorismo? Yo creo que no lo es», ha dejado claro Pedro Sánchez, que ha pedido «denominar las cosas por su nombre».
ERC acepta el ofrecimiento de Sánchez
Esquerra ya ha reaccionado a la propuesta de Sánchez. Lo ha hecho posicionándose a favor de esta propuesta y de cualquier otra que puedan garantizar aprobar la ley de amnistía «cuanto antes mejor» y que se pueda aplicar «a todas las personas que participaron del 9N, 1-O y las protestas posteriores». Así ha asegurado la portavoz de ERC, Raquel Sans, en rueda de prensa, donde ha resaltado que «todo el que nos pueda sacar a aprobar la ley cuanto antes mejor lo valoramos positivamente».
La dirigente republicana ha apelado al resto de formaciones implicadas en la negociación de la amnistía, sobre todo a Juntos, a actuar con responsabilidad para disponer de una ley que ven imprescindible «para luchar contra la represión» y ha dejado claro que no hay ninguna enmienda que pueda blindar del todo la norma para frenar las «ocurrencias futuras de cualquier juez que inventen relatos«. «El tiempo cuenta y es importante, y hay muchas personas que se juegan mucho, pendientes de entrar en la prisión y de llegar a juicio. Necesitamos disponer de la ley, que consiguió un consenso muy amplio», ha reivindicado.
El PSOE estaba en contra de acotar los plazos
La propuesta que ha hecho hoy Sánchez no es nueva. De hecho, en 2017 el PSOE estaba en contra de acotar los plazos del periodo de instrucción de los jueces. De hecho, los socialistas españoles votaron a favor de derogar una reforma anterior del PP que establecía plazos máximos de 6 meses para investigar procesos penales, ampliables hasta 18 meses en caso de investigación compleja. El argumento esgrimido entonces por los populares para salirla adelante fue para «agilizar los procesos judiciales en general y los que afectan la corrupción en particular», en plena etapa de la Gürtel y la Púnica que afectaban los populares. De hecho, esta medida permitió que el expresidente popular de Murcia Pedro Antonio Sánchez fuera absuelto por el caso Pasarelas.
