España siempre rehace su historia política. Y, además, en poco tiempo. Del «váyase, señor González» que José María Aznar clamaba en los años 90 para conseguir la Moncloa, al «Pásalo» del 11-M que permitió al PSOE recuperar la presidencia del gobierno y, después, a la presión por la crisis financiera que llevó de nuevo al PP al poder con Mariano Rajoy. Más tarde vendría una repetición electoral y la retirada estratégica de Pedro Sánchez cuando el politburó del PSOE facilitó que Rajoy renovara el cargo. Una investidura con mal augurio, porque Rajoy sería expulsado por una dura moción de censura del PSOE a raíz de la resolución judicial del caso Gürtel que clasificó al PP oficialmente como corrupto.
Desde la llegada de Sánchez a la Moncloa el dos de junio de 2018, la presión política ha sido creciente, a pesar de que el PP ha celebrado dos congresos y ha fagocitado liderazgos como el de Pablo Casado. Un hombre que ganó a la todopoderosa Soraya Sáenz de Santamaría y que, curiosamente, fue defenestrado cuando comenzó a investigar internamente las irregularidades de Isabel Ayuso en Madrid, con su hermano y su pareja. Paradójicamente, la sospechosa salió fortalecida y así se dilapidó el mínimo liderazgo que ejercía Casado.
El declive de Casado llevó a Alberto Núñez Feijóo a liderar buena parte de la derecha española que ha entrado en franca competición con Vox. Y más ahora, que las encuestas prevén una mayoría abrumadora entre la derecha extrema y la extrema derecha. El ambiente con Sánchez en la Moncloa se ha ido enrareciendo, pero las últimas elecciones generales, que dejaron a los socialistas a merced de los independentistas, los niveles de contaminación política han disparado las alarmas con dimisiones, cloacas, guerra sucia, detenciones y una batalla encarnizada dentro de los poderes del Estado. Y han propiciado la aparición de profesionales de la batalla clandestina que la atmósfera madrileña ha convertido en fenómenos atmosféricos de alto riesgo.
Dimisión del número dos de Grande-Marlaska y detención y encarcelamiento del ex número dos de Fernández Díaz
Los acuerdos de investidura y la ley de amnistía fueron un aperitivo de los platos fuertes que vendrían y que ahora se están sirviendo en la guerra entre poderes con raíces en Madrid. El caso Koldo, el caso Hidrocarburos, el caso Begoña, el caso del hermano de Sánchez en la Diputación de Badajoz, la derrota de Sumar, la profusa investigación contra el fiscal general del Estado, el boicot judicial, el caso Ábalos y la última campaña de difusión de audios que esbozan una trama socialista para neutralizar adversarios políticos hacen tambalear el escenario político e impiden que la Moncloa pueda marcar la agenda política y mediática.
Tanto es así que ha habido dos movimientos que parecen independientes pero que podrían estar relacionados. Por un lado, está la dimisión de Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad y hasta ahora mano derecha del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Y por otro, se ha producido la detención y encarcelamiento del exsecretario de Estado de Seguridad durante el mandato de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, alias Paco Bomba, uno de los principales protagonistas de la operación Catalunya y acusado en el juicio sobre la operación Kitchen. El arresto de Martínez, esta semana, es por una extraña operación de blanqueo que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 3, de la Audiencia Nacional, en manos de la magistrada María Tardón. Una investigación de la Comisaría General de Información del CNP, que últimamente ha instruido diversas causas contra adversarios del PSOE, como la operación Troya, el último montaje ya archivado sobre la famosa supuesta trama rusa del Procés.
Marlaska se queda sin su número dos
Rafael Pérez, magistrado de profesión, estaba en la oficina de Marlaska desde el inicio del mandato del ministro del Interior de Pedro Sánchez. Primero como jefe de gabinete y después como número dos del ministerio. Anteriormente, era jefe de la Sección de la Oficina Judicial del Consejo General del Poder Judicial, y había ejercido en juzgados de Córdoba y Ciudad Real. La dimisión, argumentada con un genérico «motivos personales», llega justo cuando estallan unas grabaciones de la exdirectora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos Leire Díez Castro, una militante con conexión directa con la dirección del partido. Las grabaciones, hechas públicas esta semana, reflejan una supuesta operación vinculada al PSOE para conseguir información comprometedora sobre la Unidad Central Operativa (la UCO) de la Guardia Civil, un verdadero estado dentro del reino independiente que es por sí mismo el instituto armado.
Pérez admitió contactos con Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos, para la compra de mascarillas. Unos contactos que fueron más allá porque Koldo le dio todos los detalles de un viaje a España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el año 2020. Rodríguez no pudo pisar territorio español en medio de un gran escándalo que incluso insinuaba que traía dinero en efectivo para financiar las cloacas del PSOE. Todo ello hace que las supuestas razones personales de la dimisión de Pérez sean turbias. Los audios apuntarían maniobras del principal partido del gobierno español para atacar la UCO, que depende precisamente del ministerio donde Pérez era el número dos, además de los contactos con uno de los nombres más tóxicos de la órbita PSOE, como es Koldo García.
Francisco Martínez, una detención inesperada
Paralelamente a este embrollo del PSOE, ha estallado un caso inesperado. A pesar de la gran cantidad de audios que implican a Francisco Martínez en la trama de la policía patriótica de Rajoy y Fernández Díaz contra el Procés, y a pesar de que la fiscalía le pide 12 años de prisión y 21 de inhabilitación por la operación Kitchen, el exsecretario de Estado de Seguridad ha sido arrestado por primera vez esta semana y encarcelado provisionalmente. Una detención por el hecho de que fue abogado de Alcasec, un famoso hacker, cuando era menor de edad. Después le constituyó dos sociedades. Dos compañías que la policía investiga por si Alcasec introdujo en ellas dinero opaco para ser blanqueado.
Fuentes del caso consultadas por El Món aseguran que Martínez, que ha tardado dos días en pasar a disposición judicial, solo constituyó las sociedades. Un trabajo por el cual cobró 1.500 euros a través de una factura legal. De hecho, es la única relación que habría encontrado la policía entre él y Alcasec, porque Martínez nunca administró, ni gestionó ninguna de estas sociedades, ni siquiera llevó la contabilidad. De ahí que la detención sea vista como una señal de fuerza y un aviso a navegantes: en cualquier momento pueden caer piezas del PP si continúan presionando la esfera política del PSOE.
Estallan los audios
El punto de ebullición de todo ha llegado a raíz de unos audios filtrados al diario El Mundo, que dibujarían un operativo clandestino del PSOE contra la Guardia Civil, a través de fontaneros de la política como Leire Díez y el número tres del PSOE, Santos Cerdán, uno de los principales negociadores socialistas con Junts y Waterloo. En concreto, habrían montado una búsqueda de testimonios o afectados que puedan comprometer mandos de la Guardia Civil, especialmente de la UCO, y en particular el teniente coronel Antonio Balas, jefe de la Unidad de Delincuencia Económica de la UCO, una especie de UDEF de la Guardia Civil. Una unidad encargada de investigar las causas relacionadas con el PSOE, el gobierno y su entorno. También se integrarían en el paquete personas que hayan impulsado investigaciones contra el PSOE.
Uno de los testigos contactados, según los audios y la prensa de Madrid, sería un empresario tecnológico que en su día fue víctima de las cloacas del Estado, Javier Pérez Dolset, como su prestigioso abogado, Jacobo Teijelo, que ha llevado la defensa de José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, en el juicio del caso Mito. También estaría Exuperancia Rapú, la mujer del famoso vídeo sexual con Pedro J. Ramírez, el caso que abrió una auténtica guerra a principios de los años 2000. Los mismos implicados sospechan que se puso «un micro en el despacho de Teijelo» a raíz del hecho de que lleva la defensa de uno de los principales inculpados en el caso Hidrocarburos. Los audios revelan un encuentro el pasado mes de febrero, donde reclaman a un investigado en la causa Hidrocarburos, sobre un fraude en la compra y distribución de carburantes, que encuentre información comprometedora de la UCO y sus mandos.
De hecho, según recoge El Confidencial, Dolset ha reconocido que Leire Díez manejaba las riendas de la información que él le podía ofrecer y reportaba sobre el balance de las pesquisas directamente con Santos Cerdán y con Pedro Sánchez. Dolset habría detallado estas relaciones directas después de constatar que el ejecutivo de Sánchez no ha hecho nada para restablecerle su posición. Pérez Dolset fue encarcelado, a petición del fiscal anticorrupción José Grinda, por orden del entonces titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, imputado por un supuesto desvío de 100 millones de su grupo empresarial con unos inversores rusos. Una investigación posterior demostró que las cuentas utilizadas para encarcelarlo estaban falseadas, hasta el punto de que hay una causa abierta en un juzgado de instrucción que investiga a los censores de cuentas que emitieron los informes.
Y más cosas
En este contexto, se han añadido las últimas novedades. El jefe de la fiscalía anticorrupción Alejandro Luzón remitió una denuncia a la Fiscalía General del Estado donde aseguraba que una periodista, el pasado 27 de febrero, había ofrecido al fiscal Grinda –que lleva el caso 3% y el caso Venezuela– un destino de oro en el extranjero si archivaba varias investigaciones. El encuentro entre la periodista y Grinda trascendió este miércoles en una información del diario El Independiente, que asegura que la fiscalía de Madrid ya ha abierto unas diligencias preprocesales. Siguiendo este relato, presuntamente, la periodista sería Leire Díez. Por su parte, El Mundo delataba este miércoles que Díez se reunió con un comandante de la UCO, Rubén Villalba, a cambio de información comprometida de la unidad y de sus mandos. A cambio, le ofrecía un ascenso.
Todo indicaría que el PSOE buscaría testimonios o víctimas que le ayudaran a articular campañas mediáticas o judiciales contra «objetivos políticos de los socialistas», a cambio de promesas o favores. A todo esto, hay que añadir la presión que el Tribunal Supremo hace sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el asunto Ayuso y el delito de revelación de secretos, el informe del caso Koldo y del caso Ábalos y la continuación de la instrucción del caso Begoña, sobre los negocios de la esposa de Pedro Sánchez. Y, hace solo siete días, el Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz ha abierto juicio oral contra el hermano del presidente español y el presidente de la Diputación de Badajoz, Rafael Gallardo, por un delito de tráfico de influencias. A este escenario hay que añadir la revuelta que las asociaciones de jueces y fiscales conservadores han iniciado contra las últimas reformas del ministro de Justicia, Félix Bolaños, a quien le tienen jurada desde el inicio de legislatura. Otro detalle es que la judicatura ya comienza a preparar armas para la inminente sentencia del Tribunal Constitucional, el día de San Juan, que avalará la ley de amnistía. Una decisión que abrirá otra guerra en el seno del Estado. Parece que todo esté a punto de implosionar.
