El gobierno español ha aprobado 784 millones de euros en ayudas directas contra la sequía para ayudar agricultores y ganaderos que están sufriendo los efectos de esta situación que afecta Cataluña. A menos de tres semanas de las elecciones municipales y mediante un decreto ley, el ejecutivo de Pedro Sánchez prevé dar respuesta a las pérdidas que está registrando el sector por la falta de agua. Una de las actuaciones principales de este plan de choque es la ejecución de obras de urgencia este verano para la desalinizadora de la Tordera, por un valor de 220 millones de euros, a pesar de que todavía no podrá entrar en funcionamiento. Los principales sindicatos agrarios de Cataluña han valorado positivamente la «voluntad» de la Moncloa de indemnizar los campesinos afectados, pero insisten a pedir medidas urgentes y una respuesta «contundente».
El ejecutivo español ha defendido que se trata de un paquete de ayudas «sin precedentes» y el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado que priorizarán el «diálogo» con los afectados, así como con los gobiernos de las comunidades donde la sequía tiene más incidencia. En referencia a las críticas de la consejera de Acción Climática, Teresa Jordà, por el retraso en la adopción de medidas por parte del Estado español, el ministro Planas ha dicho que las decisiones que han tomado responden a las solicitudes de la consejera y que se han impulsado «en el momento que tocaba».
Plan de choque con 10 medidas
Un Consejo de Ministro extraordinario ha aprobado este jueves el Plan de choque, valorado con 784,2 millones de euros y que incluye 10 medidas que pretenden «asegurar la continuidad del sector agrícola» en el actual contexto de sequía y crisis climática. De estas ayudas directas, 355 millones serán para los sectores ganaderos cárnico y lechero, 276,7 para la agricultura y 5 millones para la apicultura. El decreto amplía la subvención a los seguros agrícolas ya contratos para cubrir hasta el 70% del coste de la póliza del seguro por sequía en los cultivos de secano. También se prevén medidas de flexibilidad en la aplicación de la nueva PEC como la ampliación hasta el 30 de junio del plazo de presentación de solicitudes de ayudas.
Una respuesta «más rápida»
A pesar de que los agricultores ve con buenos ojos esta iniciativa del gobierno español, reclaman una respuesta «contundente» y «más rápida que dé seguridad a los productores, sobre todo a los de fruta dulce, en la hora de decidir si tienen que renunciar a la producción de este año o no.
Después de la reunión de los sindicatos, Afrucat, FCAC y las comunidades de regantes de los Canals de Urgell y del Segarra-Garrigues con el secretario general del Ministerio de Agricultura, Fernando Miranda; el responsable de regadíos de Unión de Campesinos (UP), Jaume Pedrós, ha remarcado que «el campesino tiene que saber hoy si tendrá indemnizaciones y no de aquí a dos meses».
