Felipe de Borbón ha presidido este mediodía la entrega de despachos a los nuevos jueces licenciados de la Escuela Judicial de Barcelona. Una ceremonia celebrada en el Foro de Barcelona que ha tenido como protagonista de fondo la ley de amnistía, que todavía se encuentra pendiente de negociación parlamentaria. Si primero ha sido Vicente Guilarte, presidente del Consejo General del Poder Judicial, que ha defendido la independencia judicial ante el control de la acción de la justicia que puedan hacer otras instituciones, después ha le ha tocado al monarca español. “El respeto a las resoluciones dictadas por los órganos judiciales y la igualdad de todos ante la ley son condiciones indispensables en una democracia”, ha señalado con una dicción sosegada.
El aviso de Felipe de Borbón ha venido acompañado de la garantía de apoyo a los jueces y magistrados por parte de la corona española. Un mensaje que han escuchado de viva voz el ministro de Justicia, Félix Bolaños —encargado de las negociaciones de la ley del olvido penal por los independentistas— y el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que ya prepara el listado de causas donde podría meter la aplicación de la ley. Entre los asistentes también se contaban los 160 nuevos jueces —de los cuales 44 están destinados en Cataluña—, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús Maria Barrientos, el director de la escuela judicial, Jorge Jiménez, o el jefe de los Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent. De hecho, también se ha dejado caer el Mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero.
Independencia y soberanía
En su discurso, el monarca español ha enfatizado que “la independencia de la Justicia es la esencia del estado de derecho”. “Todo el mundo tiene que preservarla y respetarla”, ha aducido. “La independencia del Poder Judicial como institución es imprescindible para el funcionamiento adecuado de nuestra democracia, así como la de cada juez en el ejercicio de su función jurisdiccional”, ha remarcado. En esta línea ha avisado que el poder judicial, “como el resto de poderes del Estado, emana del pueblo español, quien tiene la soberanía nacional”.
Ahora bien, también ha reclamado a los togados —sus discursos tienen que ser avalados por un miembro del ejecutivo español— que cuando “imparten justicia, tiene que convertirse en una norma de comportamiento y un modelo ético de conducta”. Así también les ha exigido “prudencia; la serenidad, la templanza y la medida; la integridad, la honestidad y la imparcialidad” como “virtudes, valores y principios que no tenéis que comprometer”.
