Francisco Martínez, número dos de Jorge Fernández Díaz durante la operación Catalunya, irá a prisión. La magistrada instructora de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado el ingreso en prisión del exsecretario de Estado de Seguridad junto con dos personas más -el hacker José Luis Huertas y el youtuber Álvaro Martín-, todos ellos acusados de delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y descubrimiento y revelación de secretos. Según la jueza, el que fuera mano derecha del ministro del Interior presenta riesgo de alteración o destrucción de fuentes de prueba en la investigación contra él.
Martínez fue detenido el pasado martes, junto con los otros investigados. Se les acusa de haber perpetrado varios ciberataques contra organismos públicos y empresas estratégicas desde 2024. A raíz de estas infiltraciones, los encarcelados habrían generado una plataforma para agrupar datos de personas físicas y jurídicas, así como de operaciones institucionales, que posteriormente serían comercializadas. Además, habrían ofrecido servicios de consulta a clientes, elaborado perfiles de personas concretas o analizado información en tiempo real por encargo. Según los agentes encargados de la investigación, los acusados operaban como «una auténtica red de inteligencia privada» que, además, se ofrecía a terceros países. Aun así, se movían en círculos económicos y administrativos convencionales, y se presentaban como una empresa «legítima de asesoramiento tecnológico».
Intervención de la estructura tecnológica
Toda la operativa de la red estaba ubicada en servidores en la nube. A pesar de que los acusados consideraban que sus conexiones eran inaccesibles, los cuerpos policiales han sido capaces de intervenir su infraestructura tecnológica. Con este logro, los agentes han sido capaces de desmantelar los servidores principales y de recuperar y proteger buena parte de la información «sensible» que habían acumulado. Entre los datos salvados, atribuidos a «miles de personas», había registros telefónicos, facturaciones, abonos de transporte e incluso entradas en el registro de mascotas. Se trata de datos que incluso los afectados podrían «no ser conscientes» de que habían sido sustraídos.
Los hallazgos de los agentes llevan a pensar, según han informado los cuerpos policiales, que los acusados formaban una organización criminal con una infraestructura «sofisticada y altamente compartimentada, diseñada para maximizar la extracción, almacenamiento, procesamiento y explotación de los datos obtenidos de forma ilícita». Estos datos habrían sido obtenidos a través de ataques e intrusiones informáticas «reiteradas» que habrían sido ejecutadas «de forma sostenida durante años».
