Horas de calma tensa en la Moncloa, en Ferraz y en el Congreso de los Diputados. El PSOE ha decidido no entrar en el juego de ultimátums de Junts por la iniciativa que reclama a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza y, si no hay sorpresa de última hora, hará valer la mayoría en la Mesa del Congreso que tiene con Sumar para tumbar la proposición no de ley presentada por los independentistas.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha confiado en que el ‘no’ de la Mesa del Congreso a la iniciativa de Junts “no lleve a una situación en la que todo lo que se ha construido y lo que podemos construir en el futuro no se lleve a cabo”. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha justificado la negativa de los socialistas, que consideran la propuesta como un eslabón más del “juego de presiones” de Junts para hacerse valer en Madrid. “No podemos tramitar esta proposición no de ley que, además, no tiene ningún otro tipo de efecto”, ha afirmado. Y también ha salido a hablar la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez: “Junts debe pensar que se trata de dar soluciones y respuesta al conjunto de los catalanes, que ya se manifestaron en las urnas y dijeron que estaban hartos de tanta polémica y de política artificial.”

Desde un primer momento, Sánchez se ha negado a someterse a una cuestión de confianza y, por lo tanto, desde la óptica socialista es una decisión coherente. Las presiones de Junts, que amenaza con consecuencias “irreversibles”, parece que esta vez no han tenido el efecto esperado y tanto el PSOE como Sánchez están dispuestos a aguantar el pulso a los de Carles Puigdemont. Sin embargo, ni la Moncloa ni el PSOE quieren una ruptura total con Junts, y por eso se ha especulado con alguna contraprestación para reconstruir puentes, como acelerar el encuentro entre Sánchez y Puigdemont o sellar el traspaso de las competencias en inmigración. Pero todo son rumores y ahora se abre un período de incertidumbre, ya que este mismo viernes Puigdemont ha convocado a la dirección de Junts en Bruselas para analizar la situación.

El presidente español, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa / Europa Press

Reunión decisiva de la Mesa este jueves

La Mesa del Congreso se reunirá a media mañana para decidir si admite a trámite la propuesta de Junts. Los letrados de la cámara ya dijeron que, a pesar de la excentricidad de la fórmula planteada —el Congreso no puede obligar a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza que solo puede convocar él mismo—, no veían impedimentos legales para celebrar el debate. Tanto el PSOE como Sumar se inclinan por vetar la proposición no de ley.

Para los socialistas es una “línea roja” porque debatir la cuestión de confianza en el Congreso dejaría a Sánchez en una situación delicada y expuesto a las críticas tanto de la oposición como de sus socios de investidura, con quienes mantiene una relación bastante irregular. En Sumar no tienen tan claro que el veto sea la mejor decisión, pero si van contra el PSOE, podrían acabar votando con el PP para dar luz verde a una proposición que solo perjudica al gobierno español.

Las relaciones PSOE-Junts, tocadas

Las relaciones de Junts y el PSOE no pasan por su mejor momento. El partido independentista acusa a los socialistas de incumplir la mayor parte de los acuerdos de investidura —la amnistía, la oficialidad del catalán en la Unión Europea y el traspaso de las competencias de inmigración—. A pesar de las amenazas y presiones de las últimas semanas, Carles Puigdemont no ha conseguido que Sánchez se mueva más allá de algún gesto para retomar las conversaciones sobre el catalán en Bruselas.

En la Moncloa tampoco están muy contentos con la estrategia negociadora de Junts, que obliga al PSOE a negociar cualquier propuesta hasta el último segundo y sin garantías de poder contar con todos los votos. Los socialistas son conscientes de que dependen de los votos de Junts para sacar adelante toda su agenda legislativa, pero también saben que, con el PP y Vox en el gobierno, el independentismo catalán tendrá muchas dificultades para concretar el traspaso de la inmigración, el traspaso de Rodalies o la nueva financiación. Por no hablar de la ley de amnistía.

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