El gobierno español ha solicitado formalmente a Polonia que vuelva a incluir la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego en Europa en las próximas reuniones del Consejo de Asuntos Generales de la UE. Según ha adelantado La Vanguardia y han confirmado a la Agencia Catalana de Noticias fuentes de la diplomacia española, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha enviado una carta a su homólogo polaco, Radoslaw Sikorski, que ejercerá la presidencia de turno del consejo durante el primer semestre del 2025 para recordarle que es un asunto prioritario para el estado español.
La petición llega al día siguiente de que el gobierno polaco asegurara que la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego en la UE se tratará en las reuniones del consejo “si hay voluntad” de los estados miembros para avanzar en las negociaciones. La embajadora de Polonia ante la UE, Agnieszka Bartol, aseguró este jueves que no habían recibido ninguna solicitud para abordar la cuestión en las próximas reuniones. La reacción del gobierno español, presionado por Junts por la falta de avances, ha intentado enmendar este error de relaciones públicas que complica aún más la tensa relación que mantienen con los de Carles Puigdemont.
La oficialidad del catalán en la UE, en punto muerto
La oficialidad del catalán, el vasco y el gallego en la Unión Europea está en punto muerto desde que España hizo un intento de colocarla en la agenda del Consejo de la UE en la segunda mitad del 2023, cuando tenía la presidencia de turno. La petición forma parte de los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez pactados entre el PSOE y Junts y, de momento, no ha habido demasiados avances. La carpeta del catalán no se ha vuelto a tratar en el consejo desde principios del 2024, cuando la presidencia belga la planteó a instancias del Estado.
Las reticencias de varios países, muchos de los cuales están gobernados por los socios europeos del PP, han bloqueado cualquier pacto. Suecia, Finlandia, Lituania o Letonia han expresado sus dudas en público y en privado por el elevado costo de las traducciones y las posibles implicaciones que el precedente del catalán podría tener en otras lenguas minoritarias —en especial el ruso, muy hablado en los países bálticos—. Para convencer a los estados más reticentes, el gobierno español se ha ofrecido a pagar el costo de las traducciones y ha elaborado un complejo informe jurídico en el que defiende la excepcionalidad del caso catalán y ofrece un blindaje para evitar problemas futuros con otros idiomas minoritarios.
