Todas las peticiones de auxilio por la amnistía que ha hecho el unionismo en Europa no han servido para nada. Este martes la Comisión Europea ha rechazado interceder contra la amnistía porque «no aprecia ninguna colisión de la proposición de ley de amnistía con los principios y normas comunitarios», puesto que la ley protege los intereses financieros de la UE y no menciona el ‘lawfare’. La CE considera que se trata, como en el caso del Proceso, de un asunto doméstico y rechaza interceder porque quien lo tiene que hacer son las autoridades españolas competentes. Estas son las primeras impresiones de los servicios jurídicos, a pesar de que el texto continúa en revisión hasta un pronunciamiento formal.
Según informan fuentes comunitarias en Europa Press, las preocupaciones de la UE respecto a la ley de amnistía eran solo hacia los intereses financieros y el respeto a la separación de poderes, dos ámbitos que la futura norma conserva porque no menciona el lawfare ni la guerra judicial. La futura ley se limita a hablar de los actos amnistiados como los «vinculados directa o indirectamente al proceso independentista» como por ejemplo la usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos o prevaricación y deja fuera otros delitos que preocupaban en la UE como el blanqueo de capitales, la corrupción, la organización criminal, la falsedad documental y los delitos contra la Hacienda Pública.
Las preocupaciones de Bruselas se han disipado porque no se habla de ‘lawfare’
Las dos preocupaciones se han disipado con la primera lectura de la proposición de ley, a pesar de que el texto se continúa analizando hasta que la UE se pronuncie de manera formal. Según han explicado estas fuentes a Europa Press, si la ley hubiera mencionado el lawfare, la Comisión habría actuado, pero como que solo se puede leer en el acuerdo político entre PSOE y Junts per Catalunya la UE no tiene nada a decir.
Las fuentes recuerdan que la CE no se puede convertir en un «actor político» en ningún estado miembro y, por eso, quien tiene que pronunciarse sobre la amnistía son las autoridades nacionales competentes, empezando por el Congreso, que tiene que tramitarla y aprobarla, y llegando hasta el Tribunal Constitucional, quien tendrá la última palabra.
