La consejera de Educación, Esther Niubó, ha asegurado que el Govern acatará la decisión que tome el Tribunal Constitucional sobre la ley de uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en el ámbito no universitario, que se aprobó en el año 2022 en el Parlamento de Cataluña, con el voto a favor de los socialistas. Niubó ha destacado que el ejecutivo confía en que el alto tribunal avale la norma porque, según ella, “es plenamente constitucional”, a pesar de que algunas voces advierten de todo lo contrario y avisan que la sentencia será “restrictiva y dura”. De hecho, además de la ley, que contó con el aval de los socialistas, el TC también tiene sobre la mesa el decreto ley de ordenación de las enseñanzas de la educación básica, aprobado ese mismo año y que, en este caso, no tuvo el apoyo del PSC, y que se hizo para responder a la imposición del 25% de castellano en los centros públicos asumiendo la responsabilidad de los proyectos lingüísticos de los centros.

Niubó ha asegurado en una entrevista en el programa Cafè d’Idees de La2 que al ejecutivo de Salvador Illa “nos cuesta ver que esta norma pueda ser declarada inconstitucional”. Aun así, al ser preguntada sobre si el Govern acatará la decisión del Constitucional si obliga a impartir el 25% de castellano en las aulas, la consejera ha contestado que “cualquier Govern respeta y acata sentencias”, pero ha insistido en que esperan que la ley sea “avalada” por el tribunal. La titular de Educación considera que fijar un 25% de castellano lineal en las aulas de los centros educativos de Cataluña tiene “poco sentido” porque, según ha destacado, la realidad en el territorio es muy diversa. Además, ha subrayado que este porcentaje no sigue ningún criterio pedagógico.

La consejera ha defendido que “nadie puede decir que una lengua esté excluida” en el sistema educativo catalán, y, en este sentido, ha destacado que el “centro de gravedad” es la lengua catalana. Por todo ello, ha manifestado que trabajan con la hipótesis de que la ley “será validada” y ha esperado poder desplegarla. En cambio, no ha hecho referencia al decreto ley, que también está sobre la mesa del alto tribunal, y que para entidades en defensa del catalán como Plataforma per la Llengua “era la parte buena de la ley”. En declaraciones a El Món, la entidad expuso que la ley no les gusta porque ven “muchos peligros”, ya que entienden que puede abrir la puerta a hacer más horas de castellano.

La consejera de Educación, Esther Niubó, en la Comisión de Educación del Parlament / ACN

Niubó afirma que el Govern y Educación “cumplen la ley”

De hecho, Niubó aseguró ayer en sede parlamentaria que tanto el Govern como su Departamento “cumplen la ley” y respetan las sentencias judiciales, también las que afectan el ámbito lingüístico, y reiteró que trabajan dentro del marco de la legalidad vigente. En este sentido, detalló que en el año 2024 hubo dos sentencias sobre la lengua en la escuela catalana y este año una medida cautelar y ha detallado que a finales del pasado mes de febrero estas sentencias afectaban a 34 alumnos, lo que sería “una docena de familias”. Con todo, afirmó que “judicializar la realidad lingüística de las escuelas no ha aportado una gran solución, más bien ha creado tensiones y conflictos innecesarios”.

“En ningún centro educativo se vulneran los derechos lingüísticos del alumnado ni de sus familias”, remarcó la titular de Educación, y lamentó que “en algunos casos, aún más grave, ha promovido una falsa imagen de conflicto no correspondiente a la realidad”. “Y en los casos puntuales que han sido objeto de queja o preocupación, la inspección educativa ha actuado siguiendo la normativa con rigor y proporcionalidad, ahora y también en las últimas décadas”, afirmó ante la Comisión de Educación y FP del Parlamento de Cataluña. Niubó.

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