En plena negociación de la investidura de Pedro Sánchez, continúa la trifulca interna dentro del Consell de la República. Un grupo de asociados ha presentado un informe jurídico con que aseguran que el presidente del Consejo, Carles Puigdemont, no tenía ninguna potestad para disolver la Asamblea de Representantes, como hizo el pasado 28 de agosto con la excusa de iniciar una reforma integral orgánica de la entidad al exilio. Una decisión que fue avalada en una consulta donde solo participó el 6,5% de un censo de 90.481 afiliados el pasado 17 de octubre. De hecho, el mismo informe insiste que la reforma se ha hecho de manera «irregular y engañosa» así como «antidemocrática».
En este marco, 25 miembros del Consell han pedido constituir el próximo 11 de noviembre la Diputación Permanente. De hecho, consideran que estatutariamente se tiene que constituir de manera automática cuando la Asamblea de Representantes se ha disuelto. Los firmantes de la solicitud, fuerza críticos con las formas del gobierno del Consell de la República, quieren pedir explicaciones, a través de preguntas formales a la Sindicatura electoral, sobre la validez de la nueva estructura orgánica y de la disolución que decretó Carles Puigdemont.
Preguntas a la sindicatura
La reunión del 11 de noviembre, que será telemática, ya tiene orden del día e incluye la aprobación de las preguntas a la Sindicatura Electoral del Consell. Así, se pide si «es necesario que cualquier modificación del Código General sea aprobada previamente por la Asamblea de Representantes, y posteriormente sometida a referéndum». Por otro lado, quieren saber si la Diputación Permanente puede suplir la Asamblea de Representantes en este trámite
Así mismo, plantean que «dado que disolver el órgano de la Asamblea de Representantes supone un cambio —cambio muy sustancial— de la estructura del Consell de Govern, si el Gobierno tiene capacidad para disolver el órgano de la Asamblea de Representantes sin seguir el procedimiento establecido y si puede disolver el órgano sin convocar de forma simultánea elecciones». Y quiere saber si el Gobierno puede «asumir funciones legislativas propias de la Asamblea de Representantes, prescindiendo precisamente de la asamblea». Unas preguntas penetrantes para certificar si los cambios estructurales aprobados y espoleados por Puigdemont se ajustan a los estatutos del órgano.
Un informe demoledor
El informe presentado por los 25 miembros de la Asamblea lleva la firma de Eugeni Sánchez Castelló, exsecretario de ayuntamientos y asesor jurídico, y de Josep Ferrer i Ferrer, filólogo y extécnico jurídico del Parlamento de Cataluña. En este informe, al cual de 13 páginas y al cual ha tenido acceso El Mundo, se asegura que el presidente del Consell de la República «no tenía la potestad de disolver anticipadamente la Asamblea de Representantes de una legislatura sin acompañarla de la convocatoria de elecciones a la Asamblea de Representantes de la legislatura siguiente».
Así mismo, se asegura que «no tenía potestad para suprimir por decreto ningún órgano constitucional del Consejo, una tal supresión constituye una reforma del Consell de Govern que había que tramitar como propuesta de reforma, siguiendo otro camino estatutario». Por otro lado, el texto mantiene que la consulta a los ciudadanos se ha hecho de «manera irregular y engañosa, tanto porque oculta el carácter que tiene de reforma constitucional, que llega a la consulta ciudadana saltándose ilegalmente los pasos anteriores preceptuados por el Consell de Govern para una reforma constitucional, como porque la información que oficialmente proporciona es manifiestamente insuficiente e inconcreta para que el ciudadano consultado pueda hacerse cargo de que vota». También califica la medida de «fuertemente antidemocrática».
