El titular del juzgado central de instrucción número cinco del Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tiene una pieza separada, la número 31, dentro de la macrocausa Tándem que está dando muchas sorpresas. Es la conocida como Operación King, una instrucción que se está tratando con una delicadeza inédita por parte de todos los implicados porque investiga una turbia operación internacional para sostener una de las facciones de la familia del dictador de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang.
Una investigación que está aportando sorprendidas a la macrocausa de los negocios del comisario de inteligencia del Cuerpo Nacional de Policía jubilado José Manuel Villarejo. En esta pieza, de la cual ahora se prorroga la instrucción, aparecen el CNI, anónimos a la fiscalía, coches de lujo, operaciones inmobiliarias, comisarios de fronteras, empresas energéticas y, de retruque, más indicios y pruebas de la Operación Cataluña que ya empezarían a implicar los bancos andorranos, especialmente la Banca Privada de Andorra, que cerró las puertas presumiblemente a raíz de las presiones españolas para conseguir información financiera de los líderes soberanistas catalanes.

Próximas declaraciones y una lista que da muchas claves
Precisamente, el próximo 18 de octubre García Castellón había citado a declarar una pieza clave de esta investigación, José María Clemente Marcet, alias
Una tercera lista negra de independentistas después de la realizada por Alícia Sánchez Camacho y una segunda de Javier de la Rosa. Clemente también fue uno de los espías de la policía patriótica para intentar conseguir información financiera y comprometida de ERC. La investigación de la Operación Cataluña, pues, aunque sea por la puerta trasera, vuelve a la Audiencia Nacional. El hilo de la pieza 31 puede, según el sumario al cual ha tenido acceso El Món, llegar a explicar hechos trascendentales de la operación Cataluña, como por ejemplo parte de su financiación.

Un viejo conocido de la policía en Barcelona
José María Clemente fue detenido en Barcelona el 12 de diciembre del 2002 por orden de la Audiencia Nacional. Era un procedimiento de extradición solicitado por el FBI a raíz de un delito de blanqueo de capitales que procedía del tráfico de drogas, con implicaciones en todo Europa. Según ha podido saber El Món, entre el 30 de julio del 2004 y el 19 de diciembre del 2008, tuvo en vigor una orden de prohibición de salida del Estado español decretada por la Audiencia Nacional. Su historial y sus conocimientos, pero, lo hicieron colaborador de los servicios de inteligencia financiera, tanto españoles como de los Estados Unidos, y Clon continuó sus actividades.
Ahora bien, todo y esta prohibición y encontrarse inmerso en este proceso judicial con ramificaciones internacionales, según un informe de la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policial del pasado 21 de agosto, Clemente entró en contacto ya en 2006 con Villarejo a través de una extraña trama de negocios inmobiliarios que el fiscal del caso, César de Rivas, todavía afana en aclarar. Según recogen los informes policiales, a los cuales ha tenido acceso El Món, hay disposiciones de hasta 1.925.000 euros desde una cuenta de Suiza, previamente ingresados por una empresa de Clemente, a varias cuentas Uruguay, Panamá y el Reino Unido que gestionaba Cenyt, la empresa principal de consultoría de Villarejo.
Clon se incorpora a la plantilla de la Operación Cataluña
A medida que la Operación Cataluña empieza las primeras pasas, Villarejo contacta con Clemente para que también aporte sus conocimientos. Todo indica que Villarejo era el encargado de proteger Clemente de la acción de la justicia a cambio de información y de un sistema de financiación encubierta de las operaciones clandestinas. A priori, a Clon le era relativamente fácil conseguir información financiera a través de sus contactos logrados durante una larga experiencia laboral en el mercado bancario. Será el 10 de noviembre del 2012 cuando Clemente y Villarejo celebran una reunión y el financiero le prepara una lista de objetivos. Una lista donde se mezclan entidades bancarias donde se puede encontrar información –bancos andorranos y fondos de inversión– así como contactos que el mismo Clemente había tenido con supuestos socios o conocidos de nombres que previamente le habrían trasladado el entonces líder del PPC, Alícia Sánchez Camacho, o Javier de la Rosa.
La lista: de Duran y Lleida a David Madí pasando por los Sumarroca y un directivo de Donuts
Así, a quince días de las elecciones en el Parlamento del 2012 avances por el presidente Artur Mas, Villarejo recoge los nombres y los objetivos que pueden ser susceptibles de ser investigados. En esta lista también se incluyen cuestiones personales de políticos en activo para presionarlos o chantajearlos. A la relación se cuentan la BPA, la Banca Mora y el BBVA, la familia Molins, la constructora Cerrada Alegret -que sufrió problemas financieros y mercantiles-, Carles Vilarrubí, la familia Sumarroca, Felip Massot, Juan Llopart, que fue imputado por el caso Bankia, el Grupo Torre Bonanova, Ángel Ortuño, gerente del grupo Miquel Alimentació, Albert Costafreda, de Donuts, Josep Antoni Duran y Lleida, Ventura Duran, o el fondo de inversión privado Pictet, además de Intertrust, el grupo de inversiones con sede en Luxemburgo.
Todos estos nombres se integran en la investigación que encomienda Villarejo a Clemente para encontrar relaciones entre unos y otros y posibles irregularidades de los líderes soberanistas, en concreto de la familia Pujol Ferrusola. También menciona en la lista «Felix Puig» (Felip Puig), que relaciona con el grupo Alba, Macià Alavedra y Josep Maria Penín, un intermediario que fue implicado en el caso Adigsa. Clemente, por eso, alerta en el jefe de ocho días de la investigación que «tiene miedo que lo descubran». Villarejo lo calma. El 7 de diciembre amplía la lista a Privado Bank, el gestor de fortunas Carles Arbó, David Madí, el abogado Piqué Vidal y una oficina bancaria de Spiritu Santo en Curazao.

El Ministerio del Interior estaba al corriente del papel de Clon
El fichaje de Clemente no era ajeno a la dirección política de la Operación Cataluña. Antes al contrario. El 10 de diciembre del 2012 Villarejo detalla el «Plan de Trabajo», donde apunta la reunión con «MD», María Dolores de Cospedal, que continuará con una reunión de la «Junta de Coordinación», con «Chisco», el alias de Francisco Martínez, el secretario de Estado de Seguridad, «Aceite», acrónimo de José Luis Olivera, ex jefe de la UDEF y entonces jefe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), y el «número 1», que correspondería al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, así como Eugenio Pino, director adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía. En esta relación se hace constar que explicaría los contactos con Indra (por la venta de la empresa de Josep Pujol Ferrusola) y del «banquero suizo», en referencia a Clemente.

De hecho, el misterioso Clemente fue protegido de Villarejo. La dirección policial tenía conocimiento, pero solo el comisario tenía el contacto. No será hasta el 4 de marzo del 2014, que en una reunión de Villarejo con Pino y el jefe de la Unidad de Asuntos Internos, el comisario Marcelino Martín Blas, que el coordinador de la Operación Cataluña no les pide una identidad operativa para Clemente, «para alguna maldad». Villarejo primero propuso bautizarlo como