Cristóbal Montoro comparece este lunes en la comisión de investigación sobre la operación Catalunya en el Congreso. Su nombre, como ministro de Hacienda en los años críticos de las actividades de las cloacas contra el Procés, aparece con frecuencia. Sobre todo, relacionado con la primera etapa, la de la operación Pujol, es decir, la obtención de información financiera de la familia del expresidente Jordi Pujol. De hecho, Montoro tenía la información antes de tiempo porque, entre otros motivos, la familia Pujol Ferrusola hizo las declaraciones complementarias a la Agencia Tributaria por el dinero que tenía en Andorra acogiéndose a su legislación fiscal.
Los diputados esperan al exministro para aclarar su rol en la operación de búsqueda de dinero de los líderes independentistas, aprovechando su cargo político y el acceso más inmediato a la información. Por otra parte, los portavoces también quieren esclarecer si hubo relación entre el convenio de doble imposición con Andorra que firmó el gobierno de Mariano Rajoy, ya iniciado en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, y las maniobras para hacer caer la BPA, la entidad donde los Pujol tenían el dinero que, supuestamente, provenía de hacer trabajar la herencia que les había legado Florenci Pujol, padre del presidente, depositada en el principado de Andorra.
Una causa abierta en Tarragona por la actividad privada del exministro
Montoro, sin embargo, comparecerá en el Congreso mientras avanza una intrigante causa que está en manos del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona. Un expediente que, según confirmaban fuentes judiciales a El Món esta semana, continúa con el sello de secreto de sumario, aunque se abrió en el año 2018. El caso nació a raíz de la confiscación de unos documentos en un caso de fluido eléctrico y de un delito urbanístico. Entre estos documentos, los agentes de los Mossos d’Esquadra encargados de las pesquisas se dieron cuenta de que Equipo Económico (EE), la consultora sobre temas tributarios y fiscales que fundó Montoro en el año 2006, utilizaba sus “influencias” entre “altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda” para beneficiar a sus clientes. Montoro, respecto a este caso, se ha limitado a insistir que se desvinculó de esta sociedad en el año 2008.
El papel de la hacienda española en el caso BPA durante la persecución de los Pujol
En medio de este ambiente enrarecido por una causa que la fiscalía y la judicatura definen como «altamente compleja» -de ahí las continuas prórrogas de la instrucción y el mantenimiento del secreto de sumario- Montoro será interrogado en el Congreso por su papel en la trama andorrana de la Operación Catalunya. En concreto, sobre la cumbre andorrano-española del cuatro de septiembre del 2014. Es decir, poco más de una semana después de la carta del Tesoro de los EE.UU. a Andorra advirtiendo de las sospechas de blanqueo del sistema bancario del Principado y dos meses después de la conversación de Celestino Barroso, policía agregado a la embajada de España en Andorra, con Joan Pau Miquel, CEO de la BPA, en la cual amenazó al banquero con cerrar la entidad financiera y le hizo saber que utilizaría a los EE.UU. para llevarlo a cabo si no colaboraba.
El cuatro de septiembre, el palacio de La Moncloa fue el escenario del cónclave entre Rajoy y el jefe de Gobierno del Principado de Andorra, Antoni Martí, con quien analizaron las importantes negociaciones para el Convenio de Doble Imposición entre los dos países. De hecho, acordaron que la primera ronda técnica comenzaría dieciocho días después. Andorra se comprometió a ayudar a España en su objetivo de entrar en la mesa del Consejo de Seguridad de la ONU, un objetivo estratégico español. El ocho de enero del 2015, fue Rajoy quien hizo una visita a Andorra. Un hecho insólito. España y Andorra firmaron un memorándum de entendimiento y un convenio para evitar la doble imposición y luchar contra el fraude fiscal. Además, Rajoy se comprometió con el presidente andorrano a echar una mano con el acuerdo económico con la UE. Dos meses después sucedía el desastre que acabaría con la BPA. Todo un relato que los diputados quieren aclarar con Montoro, sobre su papel con la Hacienda Española.
Tarragona se estremece por la gestión de una consultoría
Pero la comparecencia de Montoro no es solo la de un exministro. En otro ámbito de su vida, la larga investigación del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona, en manos de Ruben Rus, planea sobre su actividad privada. De hecho, el caso se basa en la información recogida por los Mossos d’Esquadra, que luego tuvo el apoyo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), en una denuncia anónima y en la ingente tarea de investigación de la fiscal Carmen Garcia Cerdà, que incluso se enfrentó al jefe de la fiscalía anticorrupción, Alejandro Luzón, cuando este le ordenó quitar el pie del acelerador en la causa.
La causa, en estos momentos, y siguiendo las mismas fuentes judiciales, esboza una presunta red clientelar de la empresa fundada por Montoro que ha cambiado de nombre ya tres veces (Montoro Asociados, Equipo Económico y Global Afteli). Es decir, se investiga si se utilizaba la influencia y la información del exministro de Hacienda para favorecer empresas sometidas a inspección, o bien si la consultora funcionaba como lobby no registrado para reformar legislaciones que suponían problemas a sus clientes. No es la única investigación que se abrió a la empresa de Montoro. El Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid también admitió una querella de la fiscalía anticorrupción en junio de 2017, que se acabó archivando en el año 2019 después de imputar al hermano del exministro, Ricardo Montoro. Ahora mismo, sin embargo, la causa de Tarragona continúa abierta y bajo secreto, a pesar de que Mossos y UCO aseguran que ya terminaron las pesquisas y todos los atestados.
