«Ensañamiento», «desproporción penal difícilmente justificable» o «instrumento de poder». Estos son algunos de los conceptos que utiliza Ramon Cierco, uno de los propietarios de la Banca Privada d’Andorra (BPA) después de que el martes se dictara sentencia por el caso Gao Ping, la primera causa contra la entidad financiera víctima de la operación Cataluña. En un artículo en Altaveu, Cierco carga duramente contra la resolución que impone penas de hasta 7 años de prisión y multas personales de hasta 30 millones de euros al consejero delegado del banco, así como a una veintena de directivos y ejecutivos.
Cierco, en su primera valoración pública de la sentencia, apunta que la resolución tiene un carácter más político que jurídico. «Cuando un país castiga con más dureza que el resto del mundo por el mismo hecho, hay que preguntarse si realmente se está impartiendo justicia o si se está ejecutando otra cosa», afirma. De ahí que considere que el caso de BPA «no es la historia de un delito excepcional, sino la historia de una desproporción penal difícilmente justificable a la luz del derecho comparado».
Ni rastro de las cloacas
En este contexto, el empresario andorrano reprocha al tribunal de Corts que no haya apreciado «ningún vínculo entre la policía patriótica —y las cloacas del Estado español— con la emisión de la nota del FinCEN», es decir, la nota del Tesoro estadounidense que justificó la intervención. En esta línea, lamenta que no se haya tenido en cuenta «la existencia de innumerables documentos que lo acreditan -recogidos por medios internacionales- así como el resultado de la comisión de investigación del Congreso de los Diputados español, que trató y demostró este hecho». «En cualquier estado de derecho se detecta una contaminación política en un procedimiento penal -como ha sido la injerencia y la extorsión por parte de las cloacas-, este se revisa, se archiva o se declara nulo», añade.
Además, insiste en que ninguno de los clientes vinculados a Gao Ping ha sido condenado y que, en España, el caso -que se bautizó como «Emperador»- aún ni se ha celebrado la vista oral. Una situación que aprovecha para afirmar que «en Andorra se han dictado condenas abismalmente superiores a las que se han impuesto en casos con volúmenes cien veces más grandes en todo el mundo». Así pone varios ejemplos de entidades suizas, estadounidenses, francesas o españolas donde operaciones financieras sospechosas se han cerrado, en todo caso, con multas administrativas y sin ningún directivo en prisión.
Por eso, concluye que el caso BPA «constituye un ejemplo de desproporción desde su inicio: una ley de expropiación aprobada por la vía de extrema urgencia; el encarcelamiento preventivo del consejero delegado durante dos años; una vista oral que se ha prolongado cinco años; una sentencia que ha tardado dos años en ser redactada; y unas penas impuestas infinitamente más elevadas que las aplicadas en casos similares en cualquier otro país del entorno occidental». Un hecho que, para Cierco, «debería hacer reflexionar no solo a los juristas, sino a toda la sociedad andorrana». «Porque cuando la justicia es desproporcionada, deja de ser justicia y se convierte en un instrumento de poder», opina el expropietario del banco.
