A medida que continúa la investigación de la operación Cataluña, aparecen más sorpresas. Nuevos documentos indican que la policía patriótica de Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz obtuvo los datos de 32.000 clientes del grupo Banca Privada de Andorra, (BPA) y de su filial española, Banco de Madrid. Las dos entidades que tuvieron que cerrar en la ofensiva del Estado contra el soberanismo catalán, especialmente contra la familia Pujol Ferrusola. Además, los documentos a los que ha tenido acceso el Món muestran que, a pesar de los miles de datos de depositantes obtenidos, esta investigación no tenía ninguna cobertura judicial. Es decir, no había ningún juez detrás que instruyera ningún caso en concreto.
Los documentos llevan el sello de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del CNP, la temida UDEF, y de la dirección adjunta operativa del CNP, y estaban vinculados destacados miembros del gabinete del ministerio del Interior. De hecho, estos documentos no se han entregado a la comisión de investigación en el Congreso sobre la operación Cataluña, a la espera de que vean la luz durante el juicio de la operación Kitchen, integrado en la macrocausa Tándem, que investiga desde el año 2016 la actividad económica del comisario de inteligencia ahora jubilado José Manuel Villarejo. Una vista oral donde se encontrarán como imputados la flor y nata del ministerio del Interior de la época como ministro de Fernández Díaz y de Francisco Martínez como secretario de Estado de Seguridad. La época también de altos cargos de la seguridad del Estado como el director adjunto operativo del CNP Eugenio Pino –único condenado por la operación Cataluña, por el caso del pendrive de los Pujol- o el jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas.
Un informe de la UDEF, la clave
Uno de los principales documentos del caso es un informe con fecha del diez de abril de 2015. Era un viernes, a las once y media de la mañana, y hacía justo un mes que el Banco de Madrid había sido intervenido por las autoridades monetarias y financieras tras la intervención de la entidad matriz en Andorra, la BPA. El informe lo firma, con cordialidad, Manuel Vázquez, entonces comisario en jefe de la UDEF, y lo envía a Eugenio Pino, entonces máximo mando uniformado de la policía española y uno de los principales valedores de las operaciones de la brigada patriótica del ministerio del Interior. De hecho, Vázquez ha sido imputado dentro de la operación Tándem por encargos de Villarejo.
Vázquez hace una especie de minuto y resultado sobre los trabajos de la policía sobre el Banco de Madrid desde que comenzaron las pesquisas. De hecho, es una descripción de una investigación prospectiva de manual. El encabezado del escrito dirigido a Pino es bien simple: «La situación es la siguiente», comienza. Y a partir de ahí, desglose todas las tareas que se han llevado a cabo y las que quedan pendientes. Sobre todo, advirtiendo en mayúsculas que la «investigación aún no está judicializada». De hecho, señala que hay una parte que la tiene fiscalía, pero por un acuerdo con la policía.
«Tenemos vaciado el servidor de Banco de Madrid»
Para contextualizar el informe, el comisario Vázquez deja claro que la UDEF ya tiene «vaciado el servidor de Banco de Madrid, en la oficina central de Capitán Haya», en referencia a la dirección de la sede en Madrid de la unidad policial. También incluye que se han «escaneado los contratos de aperturas de cuenta» y que han accedido «a todos los contratos de clientes desde 2012». Además, recuerda a Pino que tienen los «correos del personal del banco, entre los trabajadores y de los trabajadores con los clientes y a la inversa». Asimismo, Vázquez comunica que tiene los «datos de riesgo de cada cliente» y los «expedientes de cada cliente». Es decir, toda la documentación de las investigaciones internas que hacía la entidad sobre sus clientes sobre solvencia, patrimonio, ingresos u origen de los fondos que ingresaban.
Por otro lado, recuerda que fueron a «Andorra a bloquear el servidor de Banco Madrid». Una operación, llamada Llampec, entre la policía, las autoridades andorranas, la embajada española en el principado y la fiscalía anticorrupción española aún por aclarar. De ahí que del informe se pueda resaltar un hecho inquietante. Según el comisario Vázquez, «la información recogida se entregó a la fiscalía», que asumió el compromiso de devolverla en los siguientes días.
Es decir, la policía entregó una cantidad ingente de datos, obtenidos en una investigación no judicializada, con el compromiso del ministerio público de devolverlos a la policía. Una situación que despierta todo tipo de suspicacias, porque en el peor de los casos esta información debería haber sido únicamente controlada por la fiscalía y valorada conjuntamente con la policía. Y no, como muestra el informe, que la fiscalía lo tuviera por una especie de acuerdo con la policía y que, cuando lo considerara, devolviera la documentación a la policía para realizar investigaciones que no estaban en manos de ningún juez. Los fiscales que participaron en esta operación Llampec fueron José Grinda y Juan José Rosa.
32.000 clientes identificados
En este marco, el comisario Vázquez se jacta ante Pino, con una nota resaltada en color rojo, como algunas otras partes del documento, de «tener un documento excel con los nombres de los clientes de Banco de Madrid». «Un total de 32.000», señala. «Todos identificados», añade. Aun así, lamentan que el operativo se ralentizará porque «no pueden conocer el detalle de sus movimientos de cuentas porque se necesita un programa informático específico que suministra una empresa suiza». De hecho, anuncia que la policía intenta obtener una demo del programa para poder comenzar las investigaciones.
También alerta que tiene los nombres de la gestora del banco y «esto es importante porque son quienes controlan las SICAV», las sociedades de inversión de capital variable. Unas sociedades anónimas de inversión que pueden tener solo un centenar de socios. Uno de los instrumentos más apreciados de los inversores por sus ventajas financieras y tributarias. Por otro lado, Vázquez informa que la fiscalía quiere dar la investigación a dos técnicos del Banco de España y a un informático y que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) también quiere meter la nariz, por supuestas infracciones a la hacienda pública.
En todo caso, con toda esta información Vázquez tranquiliza a Pino: «Nosotros [la UDEF] investigaremos Banco de Madrid y analizaremos qué clientes del banco aparecen inicialmente como sospechosos de operaciones de blanqueo». Es decir, una investigación prospectiva para tratar de encontrar algo útil para sus objetivos. En todo caso, ni la justicia, ni el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España (Sepblac) encontraron ninguna operación de blanqueo, ni siquiera en los 32 clientes que se pidió investigar más en concreto.
