La operación Cataluña tuvo como objetivos políticos a representantes del soberanismo, empresarios, miembros de la sociedad civil o, incluso, cualquier miembro sospechoso de simpatizar con la causa del derecho a decidir. Pero los documentos que tiene la comisión de investigación de la operación Cataluña que se celebra en el Congreso de Diputados también incorporan otro tipo de víctima, los Mossos d’Esquadra. Así se desprende de la documentación aportada por uno de los primeros integrantes de la policía patriótica, el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía, el comisario Marcelino Martín Blas.
Uno de estos documentos es una investigación de la dirección adjunta operativa de la Policía Nacional, a través de la policía patriótica, «grabada en el Grupo de Análisis y Tratamiento de la Información», el GATI, el archivo virtual de la dirección de la seguridad española, donde se registran las actuaciones, las investigaciones y los planes operativos. En concreto, se trata de una investigación sobre la ya extinta Unidad Central de Recursos Operativos de Información de los Mossos, aunque algunas fuentes se referían a ella con la variante Unidad Central de Respuesta Operativa de Información. Sea como sea, la Ucroinf. Una unidad privilegiada del cuerpo de policía de la Generalitat que en su momento fue acusada de espionaje clandestino a varios líderes políticos tanto soberanistas como españolistas. Eran los espías de los Mossos.
De hecho, muchos de los informes de esta unidad fueron requisados el 26 de octubre del 2017, cuando el Cuerpo Nacional de Policía interceptó furgonetas de los Mossos que llevaban documentación para ser incinerada en Sant Adrià de Besòs, un operativo que no solo levantó una gran polémica sino que abrió un proceso penal que no terminó hasta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cerró el caso el año pasado. En esta operación también participó la siniestra BARC, la Brigada de Análisis y Revisión de Casos, creada por el entonces director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo Nacional de Policía, el comisario Eugenio Pino, con el aval de quien era ministro del Interior en la época, Jorge Fernández Díaz, ahora procesado por la operación Kitchen.
El enlace de un subinspector de los Mossos
La entrada al GATI del 12 de enero de 2016 expone que tenían controlada la investigación que lleva a cabo el subinspector Manel Castellano Pino. Era el enlace operativo que los Mossos d’Esquadra tenían en Madrid, en concreto, en la Audiencia Nacional. Castellano Pino estaba adscrito a la Ucroinf. La unidad despertaba recelos en buena parte de la Prefectura y, sobre todo, de los sindicatos, que no podían esclarecer cuáles eran sus funciones. Esta unidad habría contado, en el momento más álgido, con una cuarentena de agentes y respondían solo a su jefe directo, y este, a su vez, al jefe de la Comisaría General de Información del cuerpo de la Generalitat.
La unidad trabajaba con total secretismo y disponía de DNIs falsos, con identidades operativas encubiertas, y recursos tecnológicos para poder realizar seguimientos, análisis y coberturas de contrainformación. Según los documentos confiscados en la incineradora, habían llevado a cabo seguimientos de líderes políticos, líderes de movimientos sociales, periodistas e incluso de actividades de partidos. De hecho, en la instrucción del caso, el jefe de la entonces comisaría general de Información, Manel Castellví, declaró durante prácticamente siete horas para aclarar todas las operaciones consignadas en los papeles.
Colaboración entre cloacas
Según la documentación aportada, Castellano Pino intentó poner orden en la unidad ante las denuncias internas, que ya habían llegado a la prensa, sobre las «presuntas irregularidades de esta unidad». Unas «irregularidades» que ejercían sobre varios líderes de formaciones soberanistas. Los indicios indicaban que los mossos adscritos a esta unidad se desplazaban a Madrid y «contactaban con trabajadores y directivos de operadores de telefonía móvil para conseguir información sobre los líderes políticos». También requerían esta información para «realizar controles y escuchas ilegales de sus aparatos móviles o de geolocalización».
En esta línea, la policía patriótica tuvo la idea de compartir esta investigación con la excusa de que también estaba investigando las actividades de esta unidad semiclandestina. Una investigación que dirigía teóricamente la Brigada de Análisis y Revisión de Casos, el instrumento que creó Pino, para revivir antiguas investigaciones sin resolver pero que servían para aportar información no del todo contrastada a los medios de comunicación y que podían debilitar a los adversarios políticos. El BARC cedió parte de su información, según la documentación, al subinspector.
Un informe que resultó secreto
La decisión de que el BARC estuviera espiando a los espías de los Mossos seguirá siendo un secreto porque así lo declaró la Mesa del Congreso cuando estaba presidida por Meritxell Batet. De hecho, ya había sido declarada materia reservada por el gobierno de Mariano Rajoy cuando el ministro José Ignacio Zoido sustituyó a Fernández Díaz en la cartera de Interior. Zoido no tardó ni tres días desde que fue nombrado para clausurar la unidad ante la evidencia de que sus actividades como parte de la ‘operación Cataluña se había excedido. Zoido cerró la unidad y lanzó las llaves al mar.
El BARC sirvió para reabrir casos que, aunque estaban solucionados judicialmente, podían servir al Estado para complicar la vida a la oposición política o la disidencia. Fueron víctimas el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, mandos policiales y políticos implicados en el caso Faisán –de filtraciones a ETA– o incluso, los del caso de los atentados yihadistas en Madrid del 11-M. Actuó también en investigaciones a políticos independentistas y en el caso de la desaparición de Marta del Castillo. En definitiva, el BARC fue una unidad secreta, formada por una docena de agentes que actuaban al margen de los mandos policiales y solo respondían ante Pino.
El caso Macedonia, sin embargo, un sumario sobre corrupción policial y narcotráfico, hizo emerger un expediente del BARC, al cual tuvo acceso El Món. Un informe sobre el teléfono móvil del exjefe del cuerpo de los Mossos, Josep Lluís Trapero, con la intención de involucrarlo en una conspiración con narcotraficantes, confidentes y con el entonces fiscal de drogas, David Martínez Madero, que murió de forma repentina -muerte de la que se vanagloriaba el comisario José Manuel Villarejo- poco después de ser nombrado director de la Oficina Antifraude de Cataluña. Cuando los diputados de la primera comisión de investigación de la operación Cataluña, en la pasada legislatura, reclamaron esta información, la Mesa del Congreso puso un cortafuegos. Decidió declarar que esta documentación, además de secreta, estaba sometida a una curiosa protección de la Ley de Patrimonio Histórico Español.
