La Operación Cataluña no se limitó a la política desnuda y cruda o en el mundo económico Sus tentáculos también llegaron a instituciones propias de la Generalitat. Uno de los objetivos más codiciados fue la policía de la Generalitat. En concreto, mandos del cuerpo entonces, como el ahora mayor Josep Lluís Trapero, entonces cabe de la División de Investigación Criminal, a través de investigaciones que tuvieron bastante eco mediático. El objetivo de la policía patriótica de Mariano Rajoy era desacreditar los Mossos d’Esquadra y, sobre todo, laminar la imagen del fiscal Antonio Martínez Madero, que después sería director de la Oficina Antifraude y amigo de una de las otras bestias negras de la alcantarilla de Interior, el fiscal anticorrupción José Grinda.
Según un informe de los Mossos d’Esquadra con número 770641/2021 incorporado a la causa Tándem, que investiga negocios del comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía, José Manuel Villarejo, la policía patriótica metió las grapas en cinco investigaciones, algunas de las cuales eran de la policía catalana y otros de cuerpos estatales que se quisieron usar para implicar miembros de los Mossos. El informe, al cual ha tenido acceso El Món, duerme el sueño de los justos en un cajón del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en manos de Manuel García Castellón, que no ha querido mover el caso desde hace dos años.
Los protagonistas del atestado, firmado por el intendente Toni Rodríguez, son tanto Villarejo como el comisario José Luis Olivera, ex jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y después director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), y la mano derecha de Villarejo en Barcelona, lo exinspector del CNP Antonio Giménez Raso. Entre los involucrados colateralmente en estas operaciones clandestinas también se cuentan el mismo fiscal Madero o uno de los confidentes más habituales de todos los cuerpos policiales, Manuel Gutiérrez Carbajo, acusado en el famoso caso Macedonia, al final del cual fue absuelto.
El caso Gamba Roja
Posiblemente es uno de los casos de robo de droga más matussers de los últimos años de Cataluña. El caso se abrió el noviembre de 2004 por el robo de un contenedor del Puerto de Barcelona que estaba vigilado por la DEA, la policía norteamericana para investigaciones internacionales antidroga. Este caso, que se envuelve con una guerra interna de la capitanía de la Guardia Civil en Barcelona, acabó destapando una trama de narcotraficantes con policías y efectivos de la benemérita.
Entre los detenidos, Antonio Giménez Raso, alías
Riviera y Saratoga, prostíbulos y extorsiones policiales
Lo Riviera y el Saratoga eran dos prostíbulos bastante conocidos de la autovía de Castelldefels. Un negocio internacional de prostitución que dejaba muchos beneficios y que despertó las sospechas de la fiscalía. El octubre del 2007, los agentes de la División de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra se pusieron a las órdenes del juzgado de instrucción 33 de Barcelona y clausuraron los dos macroburdeles por un caso de extorsiones y sobornos por parte de un inspector del Cuerpo Nacional de Policía. A raíz de la investigación se destapó que la Brigada Provincial de Extranjería del CNP facilitaba información «relevante» a los propietarios de los burdeles para evitar controles y burlar las inspecciones policiales, todo a cambio de copiosos sobres de dinero que el fiscal del caso describió como del más puro «estilo de
La operación comportó también la detención de un comisario de policía, Luis Gómez González, entonces coordinador de la zona del Baix Llobregat y exjefe de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales, en su acrónimo español. En medio del caso se encontró Manuel Gutiérrez Carbajo, que advirtió al tribunal que juzgó el caso la extorsión y las amenazas (de la policía patriótica) que había recibido antes de hacer su declaración desde el estrado. El caso abrió una rendija entre el CNP, y parte de la Guardia Civil, con los Mossos d’Esquadra. De hecho, el intendente autor del informe asegura que la operación «pasó factura en los Mossos». Curiosamente, el caso Riviera y Saratoga fue uno de los casos que aparecieron en investigaciones posteriores de la Guardia Civil y del CNP en que había agentes de la policía catalana imputados. Finalmente, los procesados acabaron con penas de hasta diez años de prisión.
Operación Lince, Operación Rayo y Operación Cerberus
La operación Lince, que era del CNP, fue muy extraña de buen comienzo. De hecho, se comenzó solo dos meses después del estallido del caso Riviera y Saratoga, que había comportado las detenciones de mandos del Cuerpo Nacional de Policía. El caso supuso una buena cantidad de intervenciones telefónicas de un presunto traficante llamado Antonio Crespo. Los investigadores añadieron a los atestados las conversaciones de Crespo con Manuel Gutiérrez Carbajo. La intención de la policía patriótica era involucrar a Trapero por la relación policía-confidente que tenía con Carbajo: una vez más, presionando el confidente para que declarara contra la investigador estrella de los Mossos. Pero el juez no se refió y encargó a Asuntos Internos de la Guardia Civil el repaso del caso. Y los agentes del instituto armado concluyeron que no se había encontrado ninguna relación de Carbajo o de Trapero con este caso.
Una vez quedó cerrada la operación Lince, empezó la Operación Rayo, de la Guardia Civil, que sería uno de los casos donde los Mossos serían protagonistas especiales en relación con un viejo conocido de la policía patriótica, atendidos los audios publicados por El Mundo: el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, el magistrado Joaquín Aguirre. Todo arranca del decomiso de casi 55 kilos de cocaína de la Guardia Civil. Una «sorprendente análisis toxicológico» de la misma Guardia Civil redujo esta cantidad a apenas un kilo. El principal implicado del caso era Juan Miguel Bono, que ya había sido procesado al Operación Lince. El juez apartó a la Guardia Civil y puso a investigar a los Mossos d’Esquadra, que abrieron la investigación Cerberus. Era el junio de 2009. Carbajo volvió a aparecer y explicó al juez «entrevistas» con miembros del CNP –de la policía patriótica– que le dejaban entrever que su situación provenía por sus declaraciones en el caso Saratoga y Riviera.
Carbajo mantenía relación con Trapero y con miembros de la división de investigación criminal siguiendo una «directriz directa de la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada». En todo caso, el juez Aguirre consideró que los Mossos le escondían información y les exigió que pincharan todas las comunicaciones del Grupo ECO de la Guardia Civil, que habían comenzado el caso cuando se denominaba Lince. Los Mossos se negaron porque consideraron que no había bastante motivación para intervenir todas las comunicaciones. La negativa de la policía catalana comportó la apertura de cuatro piezas separadas por parte de la Aguirre y una de principal. Una de estas sería el llamado caso Macedonia. El juez puso a investigar todas las policías contra todas las otras policías, con un punto culminante donde habría entrado de pleno la policía patriótica, con la entrada y cacheo de la sede central de los Mossos, el complejo Egara, en Sabadell. También se hizo la intervención de las comunicaciones originales de la investigación de los Mossos. El caso acabó con imputaciones de mozos que se alargaron debe años, archivos de sus causas y una famosa absolución.
La BARC entra en juego
El caso Cerberus sirvió para poner en marcha una de las unidades más siniestras del Cuerpo Nacional de Policía, la Brigada de Revisión y Análisis de Casos, BARC. Un invento del entonces director adjunto operativo (DAO), el comisario Eugenio Pino, uno de los activos de la policía patriótica. Un tipo de estructura policial que revisaba casos frotando la legalidad de las investigaciones, como el caso Faisán –sobre filtraciones de ETA– o el caso de los atentados yihadistas a Madrid del 11-M. Esta brigada fue fulminada cuando José Ignacio Zoido cogió la cartera de Interior.
Antes de ser desmontada, la BARC recuperó la intervención de las comunicaciones entre Trapero y Carbajo. El informe fue declarado secreto, pero El Món tuvo acceso. Este informe apareció en pleno juicio por el Caso Macedonia, donde Trapero fue testigo, y donde el único mosso inculpado era el subinspector Josep Ranea, que quedó absuelto. En el banquillo de los acusados también se encontraba el ya famoso confidente Gutiérrez Carbajo, que también fue absuelto. Este último informe es el que los Mossos creen que habría servido por «diseñar una operación falsa con atribución de delitos para llegar a determinados miembros de los Mossos d’Esquadra». Una nota de audio entre Olivo, Villarejo y Giménez Raso y una de posterior de Marcelino Martín Blas con Villarejo darían credibilidad objetiva a las sospechas de los Mossos de cómo se utilizaron operaciones policiales para desprestigiar la policía catalana.
