Era el 16 de diciembre de 2021 cuando el comisario jubilado Enrique García Castaño,
Cinco meses después, el comisario García Castaño sufría un ictus de tanta gravedad que, el mayo del 2023, el juez decidió archivar su causa por incapacidad mental sobrevenida. Toda una pérdida en la causa, porque por sus manos había pasado toda la logística de las operaciones clandestinas de la policía patriótica, incluso, el dinero que se habrían pagado a un confidente por el falso número de cuenta corriente de Xavier Trias en Suiza. Castaño detalló al tribunal que los servicios de seguridad del Estado tenían policías en activo, que tenían emprendidas que facturaban. Un sistema que, según el comisario, replicaba el de la Guardia Civil y el del CNI.
“Son empresas privadas para servicios estatales, son agentes con documentación falsa, o un miembro del CNI que va sin el carné del CNI, hacen negocios de manera paralela en el sector en que se haya creado la empresa”, subrayó. A partir de aquí, estos policías, como Villarejo, avanzaban el dinero de la operación y después los cobraban o por fondos reservados o por fondos obtenidos con operaciones mercantiles fuera del Estado o dentro. Fuentes policiales aseguran a El Món, que con este sistema los responsables políticos quedaban al margen de la disposición de los fondos reservados, que suelen ser escasos, y dejaban operar a cambio de no pasar por caja por cada operación. Por otro lado, esto permitía financiar operaciones a largo plazo, porque «el cajón de fondos reservados normalmente está enjuto».
Un informe policial demoledor
El testigo de García Castaño antes del ictus no cayó en saco roto. Antes al contrario. Los agentes de Asuntos Internos destinados en la investigación del caso se remangaron y aprovecharon la ingente documentación confiscada en varios cacheos que constan al sumario. Pero una pista fue clave, y fue de la Operación King. Una turbia operación encargada a Villarejo, con participación de José María Clemente Marcet, alias
Con aquella declaración de García Castaño, así como con un primer oficio del 3 de diciembre del 2021, el 26 de mayo del 2023 los agentes de Asuntos Internos de la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo Nacional de Policía libraron un atestado al juez Manuel García Castellón. El informe aclaraba el entramado de autofinanciación de la policía patriótica que había avanzado García Castaño. Todo ello a raíz de las pesquisas sobre el Proyecto King, que se ha enmarcado dentro de la pieza separada número 31, que ofrece detalles de cómo trabajaban financieramente las unidades encubiertas de la policía para operaciones opacas.
Un atestado de 80 páginas recoge el entramado de sociedades pantalla
Este atestado, de casi 80 páginas y al cual ha tenido acceso El Mundo, concreta la muchedumbre de sociedades pantalla y empresas por donde transitaban el dinero que servían para pagar las operaciones encubiertas encomendadas por los mandos policiales y que dirigían la policía patriótica. El informe policial destaca movimientos de 1.925.000 euros en el caso King, en varias sociedades y fondos de inversión que, de alguna manera se relacionaban con las empresas de Villarejo y algunos de sus socios. Las empresas detectadas fueron, en un primer momento, Participaciones Marvila, rebautizada como Mircospermum, Financiera Uruplan, Stanstead A. y Dry Town, que recibían fondo de una sociedad matriz, Falconara, provisionada por quien supuestamente pagaba el servicio contratado a las empresas de Villarejo, normalmente Cenyt Consultoría Internacional, que después adoptará varios nombres. Las provisiones de estas sociedades provenían de cuentas radicadas en Uruguay, Panamá y el Reino Unido.
«Compleja operativa mercantil y bancaria»
Según los analistas policiales, el sistema para blanquear los fondos que servía para financiar operaciones encubiertas acontecía «una compleja operativa mercantil y bancaria» que incluso suponía compra de participaciones entre sociedades y préstamos entre las compañías, así como «fundes que fluctuaban por varias cuentas». El informe hace un análisis de trazabilidad de los fondos que llegan a estas empresas desde Uruguay, Panamá y el Reino Unido, hasta encontrar operaciones inmobiliarias en la República Dominicana que hacían crecer los ingresos, pero utilizando inmobiliarias pantalla, como por ejemplo Inversiones Caunoa, para tapar el nombre de los titulares de los bienes que eran, realmente, de Rafael Redondo o Clemente Marcet.
El dinero «repatriados en el Estado español» tenían que servir para financiar varios proyectos, pero, además, las operaciones mercantiles servían para pagar servicios prestados a un precio que implicaba un extraordinario margen comercial. Por ejemplo, Clemente Marcet recibe, por un reconocimiento de deuda de gastos por la tramitación de la venta de propiedades en la República Dominicana de este entramado de empresas, la cantidad de 100.000 euros del mismo Rafael Redondo. Un importe que cobra justo cuando hace meses que trabaja en sus trabajos del plan contra el Proceso soberanista, el 9 de diciembre del 2013.
Villarejo, indignado porque le deben dinero
De hecho, la defensa de Villarejo se ha cogido a este informe porque mujer bastante a la queja que presentó en un escrito el mayo del 2022, en que reivindicaba que avanzaba el dinero que posteriormente tenía que recibir de los fondos reservados. Decía, incluso, que sufragaba algunos gastos de las operaciones clandestinas a cambio de la permisividad en sus negocios. La Audiencia Nacional recogió incluso una nota de inteligencia del mismo comisario donde exponía este entramado de tesorería.
En esta nota de inteligencia, firmada el 23 de julio del 2014, remitía las novedades sobre sus encuentros con OP14, nombre en clave de Abdul Rahman al-Assir, el amigo traficando de armas de Juan Carlos de Borbón, cuando investigaba las comisiones del rey español emérito. En el texto reprochaba en puridad que el Estado todavía no le había abonado el gasto ni de la operación Al-Assir, ni tampoco las facturas de la Operación Cataluña. Otro de los ejemplos fue cuando el septiembre del 2013 negoció el pago de 500.000 de euros a un ex socio de Jordi Pujol Ferrusola, Gustavo Shanahan, a cambio de una declaración jugosa contra el hijo primogénito del expresidente de la Generalitat. El atestado policial muestra que con la Operación Cataluña también hacían negocio.
