La causalidad -en su concepto más amplio- ha querido hacer coincidir las dos últimas sesiones de la comisión de investigación de la operación Cataluña, muy profusas de información, con una decisión del Tribunal Supremo de última hora. Según ha podido saber El Món, la sala penal ha aplazado hasta el próximo 11 de febrero de 2025 la deliberación y decisión sobre la primera y única condena por la operación Cataluña. En concreto, la condena al exdirector Adjunto Operativo (DAO), el máximo mando uniformado de la policía, Eugenio Pino, por el caso de los lápices de memoria de los Pujol.
En una nueva diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso El Món, el Supremo ha informado a las partes del cambio del día de la vista, que estaba programada para el 17 de diciembre de este año. Y también de un detalle nada menor, y es el cambio del equipo titular de la sala que debe revisar el recurso interpuesto por Pino. En concreto, que retiran de la composición a Pablo Llarena –magistrado instructor de la causa del Proceso y que aún persigue a Carles Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín. Llarena será sustituido por Andrés Palomo del Arco. Vicente Magro, Susana Polo -instructora de la causa del Tsunami Democrático- y Eduardo de Porres completarán la sala.
El caso turbio del ‘pendrive’ de los Pujol, que condenó al exdirector general adjunto de la Policía Nacional
La sala penal revisará el recurso de Pino en el que muchos de sus protagonistas califican «del turbio asunto del “pendrive” de los Pujol. El caso supuso una condena al DAO que autorizó la operación Cataluña, fue condenado a un año de prisión y 7.200 euros de multa por un delito de revelación de secretos, previsto y penado en el artículo 197.3 del Código Penal. Además, el tribunal le imponía también un año de inhabilitación especial para el sufragio pasivo, así como 2.000 euros de responsabilidad civil. Un caso en el que tuvieron papel mandos policiales, Fiscalía, judicatura e incluso un exlíder de Ciudadanos, Edmundo Bal.
Pino fue absuelto inicialmente por la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, aunque la sentencia recogía un sonoro revés del juez instructor. Aquella resolución fue bastante escandalosa porque admitía que la policía obtuvo pruebas sobre los Pujol Ferrusola de un pendrive sin ningún tipo de custodia judicial. Una conducta que el magistrado concluyó que no podía tener reproche penal alguno y otorgaba cierta pátina de patente de corso a la famosa policía patriótica fomentada por el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. La defensa de Jordi Pujol Ferrusola, con Albert Carrillo y Cristóbal Martell, recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid les dio la razón. Pino asistió a la comisión de investigación de la operación Cataluña en el Congreso el pasado 15 de octubre y excusado en el hecho de que está procesado, prefirió guardar silencio.
