«¿Quién paga esto?». La frase atribuida a Josep Pla en su primera visita a Nueva York ha servido este martes a Quico Sallés para lanzar el gran desafío a la comisión de investigación del Congreso sobre la operación Catalunya: sacar a la luz cómo se financiaron las maniobras contra el soberanismo catalán de la policía patriótica del gobierno español bajo la presidencia de Mariano Rajoy. El periodista de El Món, que investiga el caso desde 2014 y ha publicado una gran cantidad de informaciones sobre la cuestión, ha sido citado por la cámara baja española como compareciente. Y este martes por la mañana ha respondido durante casi tres horas las preguntas de los diputados que forman parte de esta comisión, que el PSOE se vio forzado a aceptar a raíz de su pacto con Junts para poder presidir la Mesa del Congreso esta legislatura, la surgida de las elecciones del 23-J.
Además de recordar el papel fundamental que tuvieron en la trama determinadas unidades policiales, especialmente la UDEF –la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la que se inventó la cuenta bancaria de Xavier Trias en Suiza–, Sallés ha puesto el foco en el aspecto menos investigado de este episodio reciente de la historia de las cloacas del Estado: la financiación. De hecho, ha admitido que no haber podido dar suficientes detalles hasta ahora es «la espina» que tiene clavada como periodista en este caso. El Món ha publicado informaciones sobre este aspecto del caso, pero la tesis del mismo autor de estos artículos es que solo se ha visto la punta del iceberg y que ir más allá es uno de los objetivos que debería marcarse la comisión de investigación que, esta vez, a diferencia del primer intento, está consiguiendo resultados notables, como las explicaciones claras del excomisario de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas.
Ha sido como respuesta a una pregunta del diputado de Junts que forma parte de la comisión, Josep Pagès, que ha puesto el tema sobre la mesa. «¿Qué documentos se deberían reclamar, si es necesario desclasificarlos, para poder llegar al fondo de esta operación Catalunya, que después derivó en la operación Pegasus?», le ha preguntado el miembro de Junts. «Está el informe Colombo que es imprescindible. Fue una operación contra Método 3, en la que se encontraron informes y materiales de la UDEF, porque había detectives de la agencia que se hacían pasar por agentes de esta unidad y viceversa. Y está la carpeta Taja de la operación Tándem –sobre las investigaciones privadas del comisario jubilado José Manuel Villarejo–, donde aparecen datos sobre la financiación y que fue expurgada del sumario por el juez, que consideró que estos datos debían estar solo en poder del CNI», ha alertado.
Una declaración judicial de un comisario que pueden reclamar porque aporta datos clave
Después de Pagès le tomó el relevo Pilar Vallugera, de ERC, que también quiso saber más. Y en esta parte de la sesión el periodista de El Món amplió esta información recordando que hay otra documentación que está más al alcance de los diputados: la declaración que en su momento hizo en el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional el comisario jubilado Enrique García Castaño, el Gordo, ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) del Cuerpo Nacional de Policía y miembro de la policía patriótica en su momento. Declaró como imputado en la macrocausa Tándem y detalló las tres vías de financiación real de la operación Catalunya. «A pesar de la oposición del fiscal y de su abogado, García Castaño se explayó en su testimonio sobre cómo se financiaba. Porque con los fondos reservados oficiales, unos 30 millones anuales, no era suficiente, eran la chocolatina del loro. Por eso se hacían compras ficticias que generaban pagos a empresas que luego hacían determinados servicios y también se reintroducían al mercado parte de las confiscaciones policiales [de droga], por ejemplo. Había muchas maneras de obtener fondos opacos», recalcó Sallés.
La continuidad entre las cloacas del PP y las del gobierno actual, del PSOE
Si esta comisión de investigación tiene una virtud añadida es la de descubrir que funciona como un pequeño oasis donde se ve una cierta coordinación entre Junts y ERC. Los dos grupos se han mostrado interesados en saber si se ve una continuidad entre la manera de actuar del Estado profundo en la actual etapa, lo que lleva al caso de espionaje a políticos y activistas independentistas –empezando por Pere Aragonès, al menos mientras era vicepresidente de la Generalitat–, el conocido como caso Pegasus o Catalangate. Pagès ha preguntado si se han mantenido «inercias que venían de altas instancias del Estado» y si se prolongaron después del referéndum del 1-O de 2017, ya que al cabo de unos meses –en junio de 2018– a través de una moción de censura cayó el gobierno de Rajoy, comenzó la presidencia de Pedro Sánchez y el ministerio del Interior fue a parar a manos de Fernando Grande-Marlaska, que aún lo dirige. «¿Qué responsabilidad ha tenido Marlaska?», ha preguntado abiertamente Pagès. «¿Cómo se pasa de la operación Catalunya al caso Pegasus?», ha preguntado Vallugera.
La respuesta de Sallés ha evidenciado que, en todo caso, si hay conexiones políticas en la actual etapa son más sutiles y no hay pruebas visibles y tangibles como en el caso de Jorge Fernández Díaz, que participó directamente en reuniones con la policía patriótica, como muestra el audio publicado por El Món en el que se le oye decir, tras dar instrucciones: «Esta reunión no ha existido«.
En cuanto a Rajoy –un objetivo que tenía el diputado del PSOE Manuel Arribas–, Sallés ha recordado que en las conversaciones de la policía patriótica se referían a él como «el asturiano» para no decir abiertamente «el gallego«. La observación ha sido captada al vuelo por el diputado socialista, que la ha recogido en un tuit la explicación sobre el papel de Fernández Díaz y la referencia a Rajoy. Más adelante se verá si la usan como argumento para citarlo a la comisión.
Según el periodista @QuicoSalles, la estructura de la «Operación Cataluña» partiría del ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con conocimiento del ex presidente Mariano Rajoy, al que llamaban «El Asturiano».
— PSOE Congreso (@gpscongreso) February 11, 2025
🗣️ @ArribasManuel pic.twitter.com/UFwRBqzuKt
En todo caso, Sallés ha contextualizado las diferencias entre la etapa de Rajoy-Fernández Díaz y la de Sánchez-Marlaska. «Siempre hay directrices políticas, pero hay muchas maneras de hacerlas llegar», ha subrayado. Un argumento que ha tenido que repetir varias veces a las preguntas del diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, que le ha llegado a recriminar con hostilidad que no haya implicado a Marlaska directamente en el caso Pegasus y le ha acusado de «eludir» la pregunta de Junts. «No hay un vínculo directo que se pueda acreditar, a diferencia de lo que pasaba con Fernández Díaz, que había grabaciones, mensajes de WhatsApp e informes. Deduzco que hay sistemas de dar órdenes que pasan por diversas pantallas», ha concluido.
