Uno de los invitados estelares del juicio contra los Pujol Ferrusola es la trama andorrana de la operación Cataluña. Es decir, el dispositivo clandestino por parte de la policía patriótica para obtener lo que la defensa ha bautizado como «striptease financiero» de la familia del expresidente, con la aparición de cuentas a su nombre en la Banca Privada d’Andorra (BPA). Un proceso que terminó con el cierre sorprendentemente acelerado de la entidad financiera y su filial española, Banco Madrid, y que ha generado un juicio en el principado que aún se ha complicado más de lo que ya lo estaba coincidiendo con el inicio de la vista oral del caso Pujol en la Audiencia Nacional.
De hecho, el presidente del tribunal del juicio a los Pujol, José Ricardo de Prada, ha permitido a las defensas aportar a la sala las pruebas, indicios y testimonios que apuntalan la tesis de «el origen político del caso» y de su «pecado original», es decir, las maniobras de la policía patriótica de Rajoy en Andorra. Después de diez jornadas de juicio contra la familia del expresidente, en Andorra se vive una situación casi inédita de detención del procedimiento de lo que ha sido el primer gran juicio contra la BPA, a raíz del caso Gao Ping, (llamado caso Emperador en la rama española España, pendiente de juicio en la Audiencia Nacional), y que supuso durísimas condenas para los gestores de la entidad.
Los condenados, sin embargo, presentaron recursos al Tribunal de Justicia de Andorra, que les permitió alargar el plazo de las impugnaciones por la complejidad de la sentencia, el pasado mes de diciembre. Una resolución que, a pesar de las altas penas de prisión, que llegan a los 7 años, y elevadas multas, de hasta 30 millones de euros, ninguno de los condenados ha tenido que ingresar en un centro penitenciario de momento. La resolución, además, negaba que el caso fuera una «causa general» contra la BPA y no entraba a dilucidar si la «notice» del departamento del Tesoro de EE. UU. estaba fundamentada y si había sido inspirada por la policía patriótica española. Recursos que se han visto detenidos por tres hechos claves: las declaraciones del comisario José Manuel Villarejo en la causa andorrana contra Mariano Rajoy; la puerta que ha abierto la Audiencia Nacional para averiguar el papel de la policía patriótica en Andorra con el caso Pujol y, por supuesto, las recusaciones presentadas contra dos de los magistrados que impidieron durante la instrucción de la causa de la BPA investigar las acciones de la policía patriótica.
Unas recusaciones con la vista puesta en el TEDH
Los principales condenados por blanqueo en la sentencia contra los gestores de la BPA han presentado escritos de recusación, a los que ha tenido acceso El Món, contra los magistrados Yves Picod y Fátima Ramírez Souto, miembros de la sala del Tribunal Superior de Justicia de Andorra que debe revisar la sentencia condenatoria. Estos incidentes de recusación se fundamentan en su papel durante la instrucción que les ha llevado a tener un contacto «fáctico» con el contenido del proceso que les impide mantener la «virginidad mental del caso» en relación a un sumario gigantesco y clave en la sociedad económica andorrana y por cómo ignoraron en sus resoluciones las «presiones políticas españolas» y qué participación tuvieron en la emisión de la «notice» del departamento del Tesoro de EE. UU., FinCEN, que generó las actuaciones contra la BPA y, de rebote, contra el Banco Madrid.
De hecho, el principal condenado, el ex CEO de la BPA, Joan Pau Miquel, insiste en que estos dos magistrados desestimaron todos los recursos y apelaciones durante la instrucción y, en concreto, contra su ingreso en prisión durante dos años. De hecho, el TSJA mantuvo encarcelado a Joan Pau Miquel hasta que, finalmente, el Tribunal Constitucional del principado ordenó su liberación por vulneración de derechos fundamentales. Ahora las recusaciones han iniciado el trámite para evaluar si apartan a los dos magistrados. No sería la primera vez que se tienen que retirar jueces del caso. En concreto, un viejo conocido de la justicia española en Cataluña, como Josep Maria Pijuan Canadell, curiosamente, instructor del caso Palau, fue apartado de la causa BPA, por advertencias a uno de los abogados, y fue sustituido por Enric Anglada, que terminó presidiendo el juicio.
La «ceguera selectiva» sobre el papel de España
Tras las recusaciones, sin embargo, tarde o temprano, el Tribunal Superior de Justicia de Andorra deberá pronunciarse sobre los recursos interpuestos que este enero han comenzado su tramitación. Unos recursos que denuncian cómo el tribunal de instancia ha evitado evaluar el papel de la «policía patriótica española» en el caso de la BPA y su cierre, así como los procesos judiciales abiertos contra sus directivos. En el mismo sentido, aportan las declaraciones del comisario José Manuel Villarejo, el pasado 3 de diciembre, en otro procedimiento de la justicia andorrana, donde dio detalles de la implicación española en las presiones al banco andorrano para obtener información sobre los líderes independentistas catalanes. Paralelamente, el juicio contra los Pujol en la Audiencia Nacional también añade más argumentos al recurso, porque el tribunal ha aceptado los testimonios y la prueba propuesta por las defensas sobre el papel de la policía patriótica en la obtención de indicios contra la familia del expresidente.
En el recurso del principal condenado, Joan Pau Miquel, sus abogados alegan que tanto el «ministerio fiscal, como la jueza instructora, como, en fin, el Tribunal de Corts, han evitado la consideración de la incidencia de las presiones políticas españolas en el caso». «No obstante, las recientes declaraciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo ante un juzgado andorrano en calidad de testigo impiden radicalmente que esta ‘ceguera selectiva’ pueda seguir adelante», denuncian. En el mismo sentido, aportan las diversas peticiones de registro de documentación de las defensas a la vista de «nuevas informaciones públicas que acreditarían actuaciones de la denominada policía patriótica española para obtener datos de la familia del expresidente de la Generalitat de Catalunya, y trasladarlas al FinCEN». Es decir, documentación, audios y declaraciones que demostrarían «un vínculo entre la policía patriótica, el BPA y el FinCEN, y que los informes enviados al organismo norteamericano contenían falsedades que invalidarían la notitia criminis y las actuaciones que se derivaron».
«Intervención espuria española»
Así, reclaman la nulidad de los procedimientos relacionados con la notice al considerar que fue «obtenida de forma ilícita por la forma en que fue provocada, con un informe falso del Sepblac y una intervención espuria de la policía y las instituciones españolas». De hecho, será una de las circunstancias de fondo que se quieren analizar en el contexto del juicio a los Pujol. De la misma manera, reprochan que el tribunal de instancia no hiciera caso a las «supuestas coacciones explicadas por Higini Cierco, copropietario de la BPA, en relación con el blanqueo de dinero que juzgaba la causa». Es decir, la confesión a la jueza instructora de cómo la policía patriótica le hizo llegar que actuarían contra el banco si no colaboraban.
Para los abogados del principal condenado, se «pide que, en virtud de la teoría de los frutos del árbol envenenado y dada la ilicitud en el origen de la prueba original que fue obtenida de forma espuria e ilegítima por las actuaciones de la policía patriótica española, se declaren viciadas todas las pruebas obtenidas». Por tanto, ahora el recurso podría entrar a valorar una prueba que el tribunal de instancia desestimó de acuerdo con el proceso abierto en Andorra donde permanece imputado Rajoy y sus exministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro, y la prueba que se practicará en el juicio contra los Pujol.
