Nada que hacer. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo de la querella del expresidente del Barça, Sandro Rosell, contra tres mandos del Cuerpo Nacional de Policía y un oficial del FBI a raíz de la Operación Cataluña. El argumento de los magistrados replica la del titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid que entendió que de la investigación y de los hechos expuestos en la querella, no está bastante justificada la perpetración de los delitos denunciados como por ejemplo delitos de organización criminal, acusación y denuncia falsa, falsedad en documento oficial y detención ilegal. Contra el archivo no hay posibilidad de recurso ordinario.

La Sala entiende que no hay bastante prueba que avale la realidad indiciaria de los hechos denunciados y que «justifique continuar con la investigación sobre la supuesta operación orquestada por el Estado contra Sandro Rosell» . En la resolución, de once páginas y a la que ha tenido acceso El Món, detalla que no hay indicios donde los querellados, como el comisario José Manuel Villarejo o el norteamericano Mark Varri, hubieran tenido un «papel fundamental en la elaboración de informes policiales con datos falsos sobre su persona». De hecho, la sala lo reviste todo con datos de «publicaciones de prensa» que relacionarían la «presunta campaña orquestada contra Rosell» por la relación del Barça con el independentismo.

La parte dispositiva de la resolución que confirma el archivo de la querella de Sandro Rosell/QS
La parte dispositiva de la resolución que confirma el archivo de la querella de Sandro Rosell/QS

El valor de las noticias

Los togados indican que las «noticias periodísticas no tienen otro valor que el de ser vehículo de transmisión de una notitia criminins, sin valor probatorio, ni siquiera indiciario más allá de las fuentes en que se apoyan». «En este caso, –continúa la resolución- estas fuentes son conversas grabadas subrepticiamente, anotaciones en una agenda de Villarejo, intervenida judicialmente, entrevistas públicas de diferente índole y declaraciones de Villarejo a las comisiones de investigación parlamentarias”. Ante todo esto, los magistrados convienen que «continuar la investigación de los hechos denunciados por meras sospechas es claramente prospectiva cosa que prohíbe la ley, al resultar del todo incompatible con los principios de nuestro Estado Democrático de Derecho».

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