La justicia andorrana ha decidido no admitir a trámite, por el momento, la ampliación de la querella criminal interpuesta por el Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA). Un escrito, registrado el 16 de octubre de 2023, donde se solicitaba a la jueza instructora –jueza, en el Principado de Andorra– que investigara, por asociación ilícita –que equivaldría a organización criminal en el Código Penal español– y por falsedad documental, al expresidente español, Mariano Rajoy, los ministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro, así como a la cúpula del Ministerio del Interior de la época y a la dirección de la conocida como policía patriótica que llevó a cabo la operación Catalunya.
Además, por primera vez, se solicitaba la imputación del comandante de la Guardia Civil Basilio Sánchez Portillo, quien habría reconocido contactos con las autoridades estadounidenses para emitir la nota que hizo caer al Banca Privada d’Andorra (BPA), la entidad donde la familia Pujol Ferrusola tenía alrededor de tres millones de euros que, según el relato de la defensa, provendrían de la herencia del abuelo Florenci, el padre del expresidente. En una resolución de cuatro páginas a la que ha tenido acceso El Món, la instructora considera que no hay suficientes indicios para incluir los dos delitos porque, de momento, todo responde a «meras suposiciones o conjeturas, dado que no consta hasta ahora ningún elemento objetivo que avale racionalmente su verosimilitud».
Ahora bien, la jueza también avisa a los querellantes que a medida que avance la investigación, y si se aportan nuevos elementos, podría replantearse el rechazo a la incorporación de los dos delitos. No obstante, la jueza sí que continúa los trámites para investigar los hechos expuestos en la primera querella interpuesta contra Rajoy, los dos ministros y la policía patriótica por el ataque a la soberanía andorrana a través de las coacciones, las amenazas, la extorsión y el chantaje. De hecho, el pasado julio, la misma jueza reactivó las comisiones rogatorias dirigidas a España para procesar al expresidente español, los ministros y el resto de investigados.
Por el momento, nada de organización
La ampliación de la querella entendía que los nuevos documentos aportados, un total de 140, y los indicios registrados, indican que se habría cometido un delito de asociación ilícita por una «operación de Estado dirigida presuntamente desde la Moncloa por el expresidente Mariano Rajoy». La jueza recoge que el escrito de ampliación de querella afirma que «todas las personas que intervinieron actuaron como una auténtica asociación ilícita, desde los policías hasta los altos cargos políticos». Pero responde que ella, por ahora, no lo ve igual.
«Conviene remarcar», escribe en la resolución, «que la misma representación letrada habla de una operación presuntamente dirigida desde la Moncloa, dado que no dispone de indicios objetivos y suficientes que permitan afirmar que Mariano Rajoy estaba al frente de la llamada operación Catalunya, como alega la parte querellante«. En la resolución, la instructora insiste en que «no consta hasta ahora ningún elemento o indicio objetivo que demuestre» que ni Rajoy, ni Fernández Díaz, ni Montoro, ni Francisco Martínez, ni Ignacio Cosidó, ni Eugenio Pino, ni Marcelino Martín Blas, ni Bonifacio Díaz, ni Celestino Barroso «actuaron en grupo de manera coordinada con la finalidad de conseguir un objetivo común, la obtención de la información bancaria de las familias de Artur Mas, de Jordi Pujol y Oriol Junqueras«.
En este sentido, la jueza asevera que «los artículos de prensa publicados o las suposiciones realizadas por la parte interesada no tienen ningún valor probatorio». Y añade que las declaraciones del comisario de inteligencia jubilado José Manuel Villarejo, aportadas a la causa, donde indica que actuó contra los propietarios de la BPA, «no provenían del director adjunto de la Policía, Eugenio Pino, sino de instancias superiores, sin especificar nada más». Por eso considera que estos indicios no son lo suficientemente firmes para ampliar la querella por estos delitos.
