En un nuevo intento de cortar las fuentes de financiación de la guerra de Rusia contra Ucrania, la Unión Europea (UE) aprobó la semana pasada su 17º paquete de sanciones contra Moscú. Una parte importante de estas medidas se centra en un grupo de buques petroleros que forman parte de la llamada flota fantasma rusa: una red de embarcaciones opacas con la que el Kremlin burla las sanciones europeas y mantiene la financiación de su maquinaria bélica.
Con este último anuncio, Bruselas reafirmaba su compromiso de aislar económicamente a Rusia. Pero, en alta mar, por donde navegan barcos cargados de combustibles fósiles procedentes del régimen de Vladímir Putin, la realidad contradice el discurso oficial. Actualmente, la UE es el principal socio energético de Moscú, sobre todo en lo que respecta al comercio de gas. Varios informes evidencian que, mientras se aprueban medidas punitivas contra la economía rusa, esta prospera gracias a los lazos comerciales con países como Francia, Bélgica o, en especial, España.
Buques invisibles que alimentan la guerra
El término flota fantasma hace referencia a un puñado de buques envejecidos y en mal estado que Rusia utiliza para transportar carga sancionada en todo el mundo. Estas embarcaciones navegan bajo banderas de conveniencia —como la de Panamá o la de Liberia— y están registradas en paraísos fiscales como las Seychelles o los Emiratos Árabes Unidos, lo que permite ocultar sus movimientos. Comercializan el producto sancionado con países aliados del Kremlin —Irán y Corea del Norte en el caso del gas, India para el petróleo—, y posteriormente lo remiten a los estados europeos. De esta manera, el producto acaba desembarcando en los puertos del Viejo Continente sin que haya constancia de quién es el beneficiario real. Y la Federación Rusa esquiva las sanciones europeas sobre las exportaciones energéticas mientras continúa financiando una guerra que ya dura más de tres años.
El número de embarcaciones implicadas en estas operaciones es indeterminado. Según el reputado think-tank Brookings Institution, la flota contaría con 343 barcos, mientras que otras estimaciones, como la del Congreso de los Estados Unidos, sitúan la cifra en más de 1.000. La mayoría transitan por el mar Báltico, donde se han registrado sabotajes a cables submarinos que, a ojos de los servicios de seguridad europeos, forman parte de la guerra híbrida del Kremlin destinada a desestabilizar Europa. Moscú, sin embargo, niega cualquier acusación. “En el mar reina la anarquía”, advertía recientemente Radosław Sikorski, ministro polaco de Exteriores. Oleh Savytskyi, asesor estratégico en la ONG Razom We Stand y experto en política energética, está totalmente de acuerdo: “La ausencia de un control marítimo efectivo ha generado un entorno permisivo para actores malintencionados”, explica en conversación con El Món. “Los puertos europeos continúan recibiendo petroleros de la flota fantasma, que navegan libremente y sin seguro marítimo por las aguas territoriales de los estados miembros de la UE”, añade. A ojos de Savytskyi, Bruselas se arriesga a nuevos ataques y a una inseguridad creciente si esta flota no es desmantelada con urgencia. “No solo es una herramienta para eludir sanciones, también supone una amenaza directa a la soberanía y seguridad europeas”, alerta.
España, socio clave de Rusia en el comercio energético
La exportación de gas natural licuado (GNL) ruso es una de las principales vías de financiación de la guerra de Putin en Ucrania. A pesar de los llamados de la Comisión Europea a reducir la dependencia de este combustible, España no solo ha hecho caso omiso, sino que ha aumentado las importaciones. Según la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos —organismo que depende del Ministerio para la Transición Ecológica—, en 2024 España importó más del doble de GNL ruso que en el período anterior a la invasión. Esto ha situado a Rusia como el segundo proveedor de gas del país, solo por detrás de Argelia. Este gas llega, en gran parte, transportado por la flota fantasma y provoca una huella ambiental especialmente perjudicial.
Vale la pena decir que, después de que Moncloa haya apostado por una transición energética que va en detrimento de la energía nuclear, el gas se ha erigido en un elemento clave para España. En este sentido, el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA) indica que España ha transferido más de 9.000 millones de euros a Rusia en los últimos tres años en concepto de pago por el GNL. Nezir Sinani, director ejecutivo de B4Ukraine —una coalición que presiona a gobiernos y empresas para que limiten sus vínculos comerciales con el Kremlin— lo resume así: “El flujo sin restricciones de GNL ruso hacia la UE a través de los puertos españoles es una de las grietas más evidentes en las sanciones actuales. Si Occidente quiere realmente dejar de financiar la guerra de Rusia, una prohibición total no solo es necesaria, es lo mínimo indispensable”.
En relación con las palabras de Sinani, cabe recordar que las importaciones de gas ruso —que constituyen el grueso de los flujos comerciales entre Bruselas y Moscú— no están sancionadas por la UE. Sí lo están, en cambio, las importaciones de petróleo. Madrid, sin embargo, también ha importado diésel ruso por un valor de 2.000 millones de euros, un hecho que ha sido denunciado por la Comisión. Desde Rusia, no se plantea rescindir ninguno de los contratos con los socios comerciales ibéricos y, mientras tanto, el gobierno español se desentiende: Pedro Sánchez asegura que “son las empresas las que compran el gas”. Para Savytskyi, esta posición es políticamente indefendible. “En tiempos de guerra, las compras de energía no son neutrales: son un salvavidas financiero para el estado agresor y terrorista”, etziba. “Los ingresos se destinan a fortalecer el complejo militar-industrial ruso, algo incompatible con un compromiso serio con la soberanía ucraniana, la seguridad europea o los valores democráticos”, añade el asesor de Razom We Stand.
Fisuras en la unidad europea
El caso español es un ejemplo, pero no una excepción. A menudo son los mismos intereses de los estados europeos los que impiden avanzar hacia una solución conjunta. Solo en 2023, los 27 gastaron cerca de 7.000 millones de euros en GNL ruso, según el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA). Informes más recientes revelan que, a pesar de una ligera reducción, la UE todavía compra la mitad de todo el gas que exporta Rusia. Estos datos resultan más reveladores si se tiene en cuenta que la mayoría de los miembros de la UE invierten más en combustibles fósiles rusos que en ayuda militar a Ucrania. “Alimentar al agresor con miles de millones, mientras por otro lado se gastan miles de millones más para defenderse de ese mismo agresor es un acto delirante y potencialmente letal para la democracia y el estado de derecho”, remata Savytskyi. “Además, la UE no solo financia la guerra, sino que torpedea sus objetivos de transición limpia”, añade.
Las grietas en la unidad de la UE han permitido al Kremlin sacar un gran provecho. Según Brookings, un tercio de los buques de la flota fantasma de Putin fueron construidos en Europa o en los Estados Unidos, con Grecia —miembro de la Unión— como principal proveedor. “El sector naviero griego y otros facilitadores europeos de la flota se enriquecen con este comercio manchado de sangre”, lamenta Savytskyi. Para él, si bien algunos estados son más cómplices que otros, la incapacidad para aplicar medidas rigurosas es generalizada. Próximamente, Bruselas anunciará su 18º paquete de sanciones. Y mientras unos escenifican un compromiso con Ucrania, otros —como España— seguirán contribuyendo, desde la opacidad, a mantener viva la economía de guerra del Kremlin.
