El Tribunal Internacional de Justicia prepara una doble audiencia para valorar la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio. La República africana presentó el pasado 29 de diciembre una denuncia ante las Naciones Unidas por la «violación de las obligaciones en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del delito de genocidio«. La acusación sudafricana ataca el gobierno y las autoridades israelíes por haber abandonado sus obligaciones en la «persecución de la incitación directa y pública al genocidio«, así como por haberse «implicado» en actas genocidas contra el pueblo palestino. Las pretensiones del gobierno israelí, a ojos de Suráfrica, son «destruir los palestinos en Gaza» como pueblo.
La denuncia sudafricana recoge una muchedumbre de actas perpetrados o ignorados por las autoridades israelíes contra los palestinos a la franja. Entre ellos destaca claramente «el asesinato de palestinos» así como los «daños físicos y mentales» en la población; si bien también enfatizan la imposición de unas «condiciones de vida para calculadamente provocar su destrucción como grupo». En este último concepto cabrían cuestiones como el bloqueo de ayuda humanitaria durante las primeras semanas de la invasión o el bombardeo de hospitales, centros educativos y otros edificios civiles de interés público. Entre las alegaciones presentadas por Pretoria constan también «declaraciones repetidas de altos representantes del estado de Israel» en un sentido similar; así como los resultados de la invasión de la Franja, con más de 20.000 personas muertas y el desplazamiento forzado de cerca de dos millones de palestinos.
En valor de esta demanda, Suráfrica ha reclamado al tribunal la presa de medidas cautelares para frenar «un daño todavía más grave e irreparable de los derechos del pueblo palestino». Así, La Haya podría exigir la suspensión inmediata de las operaciones militares, tal como lo hizo en el caso de Rusia -unas órdenes judiciales que el gobierno de Vladimir Putin no implementó-. En declaraciones a la Agencia Catalana de Noticias, el abogado especializado en derechos humanos y asesor de Palestina Francis A. Boyle se ha mostrado «seguro» que la corte fallará a favor de Sudáfrica y exigirá a Israel «la parada de las hostilidades». A diferencia del caso ruso, además, Israel no cuenta con un asiento al consejo de seguridad de la ONU. Por lo tanto, las Naciones Unidas no tendrían que sufrir por un veto contra las actuaciones que busquen ejecutar la sentencia del TIJ. Cómo recuerda el mismo Gordon, la pelota, en este caso, quedaría en el tejado de los Estados Unidos: histórica aliada de Israel, la superpotencia se encontraría en una situación «muy complicada» de cara en la comunidad internacional. «Si EE. UU. veta (las acciones de la ONU), perdería toda su credibilidad. No solo en el Oriente Próximo, también en Europa», declara a la misma agencia el profesor de derechos humanos de la británica universidad Queen Mary, Neve Gordon.
Israel niega las acusaciones
En línea con la defensa de las actuaciones de su gobierno desde el 7 de octubre, el primer ministro israelí Binyamín Netanyahu niega todas las acusaciones. «No somos nosotros los que hemos venido a perpetrar un genocidio, es Hamás», asegura el mandatario. En declaraciones en una televisión israelí, el portavoz del ejecutivo Eylon Levy saca hierro al caso, tildándolo de «difamación». El ejército israelí, en palabras del ejecutivo, «está actuando de la manera más moral posible». Con el recibimiento de la causa en La Haya, Israel tendrá la oportunidad de exponer su caso en la segunda declaración, en la que intentará desvincular su operación militar de cualquier «acto genocida». Los argumentos previstos por parte de la defensa israelí serán la exigua ayuda humanitaria que «ya está llegando» a la población palestina y la negación de cualquier vínculo entre «las declaraciones de intención y el que está pasando sobre el terreno», según ha explicado Gordon.
